Marcos Farfan Arroyo

Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
297/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Marcos Farfan Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de junio de dos mil diecinueve. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Marcos Farfán Arroyo, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán y Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 297/2019. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora, de una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el quejoso reclama la resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, dentro del toca civil de apelación I-124/2019, con motivo de la apelación interpuesta en contra del auto uno de marzo del año en curso, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario número 1124/2018, a bienes de Joel Farfán Castillo, en el cual, el quejoso refiere que se precisó lo siguiente: ". PRIMERO: Esta sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación; SEGUNDO: Los agravios expresados por el coheredero Marcos Farfán Arroyo, resultaron infundados; TERCERO: Se confirma el auto impugnado; CUARTO: No se impone condena de costas de esta alzada; QUINTO: notifíquese personalmente" Además precisó que: "La AUTORIDAD EJECUTORA, Reclamo, el cumplimiento y ejecución de la resolución mencionada." Por su parte el auto de uno de marzo de dos mil diecinueve, indicó que señala lo siguiente: "Visto el escrito de cuenta signado por MARÍA FARFAN ARROYO, albacea provisional de la presente sucesión, tomando en cuenta la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha fenecido el término concedido a los interesados para que emitieran sus respectivos alegatos, sin que lo hayan realizado, como lo solicita, se ponen los autos a la vista del suscrito, para resolver lo que en derecho proceda dentro de la primera sección". Ahora bien, resulta oportuno señalar que los artículos 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1087 y 1088 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicables en el juicio del que deriva el acto reclamado, establecen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 1012. En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Artículo 1013. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: El testamento o testimonio de protocolización; II. La denuncia del intestado; III. Los nombramientos y remociones de albaceas; IV. Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, V. Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores. Artículo 1014. La segunda sección se llamará de inventarios y contendrá en su caso: I. Los inventarios que presenten los albaceas provisionales, interinos o definitivos, o los herederos y el cónyuge sobreviviente, en su caso; II. Los avalúos; y, III. Los incidentes que se susciten sobre estos puntos. Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Artículo 1016. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de partición; II. Los arreglos relativos; III. Las ventas y la aplicación de los bienes; y, IV. Las sentencias y los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores. Artículo 1087. Presentada la cuenta mensual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados por un término de tres días, para que se impongan de ella. Artículo 1088. Pasado ese término, se citará a las partes a una audiencia que celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se aprobará o reprobará la cuenta. El auto correspondiente será apelable en el efecto devolutivo." De los normativos transcritos se colige, que la sucesión constituye un juicio universal que se integra por cuatro secciones que se denominan, la primera: "de sucesión", la segunda: "de inventarios", la tercera: "de administración" y la cuarta: "de partición"; y que cada una de ellas se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. Tratándose de la primera sección, se caracteriza por la radicación de la sucesión, el llamamiento de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos y de los que se tiene conocimiento de su existencia, incluido el fisco del Estado, para que comparezcan a justificar sus derechos a la herencia, la designación de albacea, y en su momento a petición de algún interesado, mediante resolución se determine sobre la validez del testamento, a los herederos y la preferencia de éstos sobre los derechos de los bienes en sucesión; cuyo resultado es susceptible de ser apelado. Acorde con lo anterior, es posible concluir que, si el juicio sucesorio está constituido de cuatro secciones distintas que se deciden por separado mediante la resolución especial correspondiente, entonces, las violaciones cometidas en cada una de ellas (las tres primeras), sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin. En el caso, la resolución que reclama la parte quejosa constituye una violación de índole procedimental, que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo. Es así, ya que el auto confirmado por la resolución reclamada, fue dictado dentro del procedimiento de la primera sección de juicio, y aún no se ha determinado si los quejosos son o no herederos, ni la preferencia en los derechos que éstos tengan sobre los bienes en sucesión, mediante resolución que ponga fin a dicha sección del juicio de origen, por ende, no resulta ser de aquellas susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, porque sus efectos jurídicos solamente se producen de forma intraprocesal, pues al efecto, sólo versa en que se ordenó poner a la vista del Juzgador, los autos del mencionado juicio sucesorio, para resolver lo que en derecho proceda, dentro de la primera sección de ese procedimiento, por ende, una vez que ello suceda, sus consecuencias pudieran favorecerle desapareciendo las violaciones de que se duele en esta instancia. Lo anterior, porque será hasta el momento en que se dicte resolución que concluya la primera sección del juicio sucesorio intestamentario, denominada "de sucesión", cuando se podrán hacer valer las violaciones procesales que hayan tenido lugar durante el trámite de dicha sección, pues hasta esa etapa podrá conocerse si tales violaciones trascendieron o no, al resultado del fallo que concluyó dicha sección. En consecuencia, se insiste, el acto aquí reclamado en que se ordenó poner los autos del juicio, para resolver lo que en derecho proceda dentro de la primera sección, sólo tiene efectos intraprocesales, que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto, porque entorpecería la tramitación y conclusión de dicha sección, y sólo hasta que se resuelva en definitiva en que se declaren los herederos y su preferencia sobre los derechos de los bienes que forman parte del acervo hereditario, podrán reclamarse las violaciones que se consideren cometidas en ese procedimiento, como la que se reclama en esta instancia, misma que como se vio, no le causa un perjuicio directo ni definitivo a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Esto porque, finalmente puede acontecer que sean declarados herederos y con igualdad de preferencia, sobre los bienes de sucesión, sin que lo decidido en el auto impugnado trascienda en esa determinación. Bajo ese contexto, al resultar manifiesta la referida causa de improcedencia, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo que nos ocupa por el acto en estudio. A fin de corroborar lo anterior, se invoca el criterio sustentado en la tesis II.2º.C.491 C, visible en la página 1429, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Civil, Novena Época, del Semanario judicial de la Federación y su gaceta, que dice: JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE CONFIRMA EL AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 4.28 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda sucesión se integra de cuatro secciones, cada una de las cuales se decide por separado mediante una resolución particular y especial, que adquiere firmeza para quienes son llamados a dicho procedimiento y tienen intervención ahí como herederos. Asimismo, de conformidad con lo establecido por los diversos artículos 4.29, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45 y 4.46 del citado ordenamiento, el juzgador al radicar la sucesión ordenará la notificación de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos, concediéndoles un término de treinta días para que justifiquen sus derechos a la herencia y, una vez transcurrido dicho plazo, a petición de algún interesado dictará el auto de declaración de herederos. Asimismo, en dicho auto se citará a una junta de herederos para que designen albacea. De todo lo anterior se sigue que tratándose de la primera sección de un sucesorio intestamentario, ésta concluye con el auto declarativo de herederos, que resulta apelable sin efecto suspensivo, pues en dicha resolución el juzgador se pronuncia respecto a los derechos hereditarios de aquellos que se apersonaran al procedimiento sucesorio; de ahí que la resolución de alzada que resuelva en definitiva sobre lo decidido en el auto declarativo de herederos constituye una resolución impugnable por vía de amparo indirecto, en virtud de que es un acto que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que podría afectar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de alguno de los presuntos herederos, pues sin duda dicha resolución adquiere firmeza procesal para quienes son llamados a dicho juicio y tienen intervención en él. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Heredia García, virtud de que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito, que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

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