Marcos Eustaquio Plumeda de la Rosa
Expediente 1280/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jovan Agustin Casas Martinez
- Marcos Eustaquio Plumeda de la Rosa
- JOVAN AGUSTIN CASAS MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tribunal Colegiado remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de inejecución de sentencia **/2017; la cual confirmó la legalidad del acuerdo dictado por este juzgado el veinte de octubre de dos mil diecisiete, y concluyó con el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de inejecución de sentencia ante la imposibilidad jurídica y material del cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ***/2015 del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en relación con el quejoso ***". Acúsese recibo y glósese a los autos el cuadernillo de antecedentes respectivo, por resultar innecesario continuar con su tramitación por separado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como definitivamente concluido...
- Principal
Tribunal Colegiado informa admisión de incidente de inejecución de sentencia.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Téngase por recibido el oficio suscrito por el Director y Presidente del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, a través del cual informa que se encuentra imposibilitado materialmente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el quejoso *** egresó de dicho centro penitenciario, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en virtud de haberse acogido al beneficio de libertad preparatoria concedido en la causa penal *** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro; así como que no cuenta con registro de ***... Por otra parte, se tiene al Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, acreditando que requirió a la referida autoridad sustituta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Se decreta imposibilidad jurídica para cumplir sentencia. En sentencia emitida el doce de abril de dos mil dieciséis (fojas 102 a 114), por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por una parte sobreseyó en el juicio, por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y finalmente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: para el efecto de que el Director General, Directora Técnica y la Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Doce "CPS-Guanajuato", en la medida de sus atribuciones, procedan de inmediato a: Proporcionarles a los quejosos, la atención médica debida, concretamente a las enfermedades que señalan, a saber: pérdida de apetito y sueño, mareos, dolores de cabeza, huesos y musculares, y de resultar positiva una de esas o cualquier otra, les proporcionen los medicamentos adecuados... Cabe mencionar, que en caso de que ya hayan realizado lo anterior, y estén suministrando dichas medicinas, continúen con las mismas en tanto queden sanados o se encuentren bajo su jurisdicción; debiendo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, acreditar que les fue proporcionada la atención médica y los medicamentos respectivos. Mediante oficio ***, recibido en este Juzgado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas *** a ***), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, devolvió los autos originales y remitió testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión penal ***/***, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de las autoridades y actos reclamados por los quejosos ***, que han quedado precisados en el considerando cuarto de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto que reclamaron al director general, directora técnica y encargado de la Dirección de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Doce "CPS-Guanajuato", consistente en la negativa de permitirles hacer ejercicio físico en su estancia. CUARTO. Para los efectos precisados en el último considerando de la resolución recurrida, la justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado consistente en la falta de atención médica, respecto al director general, directora técnica y encargada de la Coordinación de Servicios Médicos, todos del centro federal de reclusión ya referido... Consecuentemente, a efecto de determinar lo conducente en torno a la imposibilidad para cumplir con el fallo protector, se remitió el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno. En las relatadas condiciones, se concluye que existe imposibilidad jurídica y material para que la autoridad sustituta cumpla cabalmente con el fallo protector, pues ante el egreso del quejoso *** del aludido centro, resulta materialmente imposible para la responsable llevar a cabo los actos necesarios para que sea valorado médicamente y se le suministre el tratamiento farmacológico que se prescribiera... Para efectos de la determinación que nos ocupa, se toma en consideración que de acuerdo con el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo, en tratándose de actos positivos, tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; asimismo, para el caso de actos negativos o que impliquen omisión, la sentencia protectora obligará a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y cumplir con lo que el mismo exija. Asimismo, se trae a cuenta que la violación del derecho humano de proporcionarle atención médica al quejoso, aconteció en un contexto específico, esto es, derivado de la custodia que ejercía la autoridad carcelaria sobre el promovente; de manera que dicha transgresión acaeció en el momento en que el peticionario solicitó se le proporcionara atención médica en torno a sus padecimientos y la autoridad responsable fue omisa en hacerlo. Circunstancia que toma especial relevancia, cuenta habida que al ser las autoridades carcelarias del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, quienes tienen la obligación de proporcionar atención médica y atender oportunamente a los reclusos, es evidente que se encontraban constreñidas a valorarlo clínicamente y suministrarle los medicamentos, mientras se encuentra bajo su resguardo... Empero, virtud a la libertad del peticionario, tal y como se advierte de las constancias que remite la autoridad sustituta, se encuentra impedida para cumplir con la ejecutoria de amparo. En otras palabras, se actualiza una nueva situación jurídica con relación a los actos reclamados como consecuencia del egreso del peticionario del centro penitenciario multicitado, lo que culmina en la imposibilidad jurídica y material para acatar el fallo protector, cuenta habida que ha cambiado el contexto en que se emitió la sentencia y, se reitera, la autoridad sustituta no cuenta más con la obligación de velar por la salud del interno ********************, de forma que, aún y cuando formalmente subsista la omisión reclamada, en el caso sería imposible restituir al quejoso en sus derechos humanos violados con motivo de la misma, pues la autoridad sustituta no podría remitir copia certificada de las referidas documentales.
- Principal
Tribunal Colegiado devuelve expediente y remite testimonio. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente juicio, y remite testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 50/2017, que concluyó con el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se ordena devolver los autos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para los efectos que se indican en esta ejecutoria." Acúsese recibo y glósese a los autos el cuadernillo de antecedentes respectivo, por resultar innecesario continuar con su tramitación por separado. Se acata resolución. Atento a la resolución emitida por el referido órgano colegiado, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, en los siguientes términos: "[.] proceda de inmediato a: Proporcionarles a los quejosos, la atención médica debida, concretamente a las enfermedades que señalan, a saber: pérdida de apetito y sueño, mareos, dolores de cabeza, huesos y musculares, y de resultar positiva una de esas o cualquier otra, les proporcionen los medicamentos adecuados. Cabe mencionar, que en caso de que ya hayan realizado lo anterior, y estén suministrando dichas medicinas, continúen con las mismas en tanto queden sanados o se encuentren bajo su jurisdicción; debiendo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, acreditar que les fue proporcionada la atención médica y los medicamentos respectivos. Para lo cual se ordena remitirle copia certificada de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil dieciséis, así como de los testimonios de las resoluciones dictadas en los incidentes de inejecución de sentencia *** y ***. Solicítese al Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, tenga a bien cumplir con la sentencia protectora, para que atienda de forma apegada a derecho y de manera específica todos y cada uno de los puntos motivo de concesión de la protección constitucional, en su carácter de autoridad sustituta; o bien, manifieste de manera fehaciente e indudable que la ejecutoria no puede cumplirse en razón de que existen factores externos, imprevisibles y ajenos a su control. De igual manera, conforme al numeral 192, párrafo segundo, del ordenamiento legal invocado, comuníquese lo anterior al Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, como superior jerárquico de la autoridad sustituta, con el objeto de que ordene cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos precisados; lo cual habrá de acreditar ante este Juzgado Federal. Apercíbase tanto a la autoridad sustituta, como al Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, éste último en su calidad de superior jerárquico, que de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de l y el decreto por el que se reforma el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les impondrá multa a cada uno por el equivalente a CIEN unidades de Medida y Actualización, con independencia de sustanciar el incidente de inejecución de sentencia a que se refiere el artículo 193 del cuerpo de ley en cita. Asimismo, en caso de que el Máximo Tribunal de nuestro país emita resolución que confirme el incumplimiento al fallo protector, se procederá a la separación del cargo de las autoridades contumaces y se les consignará por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto por el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal invocado. Sustenta lo así expuesto la jurisprudencia 2a/J 24/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.
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