Marcos Eustaquio Plumeda de la Rosa
Expediente 184/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/08/2023
Partes del expediente
- Marcos Eustaquio Plumeda de la Rosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/DAH
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual, la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, como lo indicó al rendir su informe justificado, remite copia autentificada de las constancias conducentes, y del registro audiovisual de la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en un disco compacto. En consecuencia, se le tiene ofreciendo como prueba las documentales que anexa, así como la versión digital que contiene el registro de audio y video relativo a la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de ejecución 271/2020 de su índice; ello, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción de su contenido, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Glósese a los autos el referido disco compacto, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, conforme las constancias aludidas en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hubieren cesado los actos reclamados por el promovente; lo que se considera acontece en el presente asunto, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir esencialmente en la omisión de la Jueza de Control Especializada en Ejecución, en Tecate, Baja California, de dar contestación a la solicitud de cancelación de antecedentes penales, promovida por el quejoso dentro del cuadernillo de Ejecución 271/2020. Se explica. La Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California con residencia en Tecate, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le reclama, ya que hasta ese momento no localizó la petición relativa a la cancelación de los antecedentes penales formulada por el quejoso, dentro del cuaderno de ejecución 271/2020. Sin embargo, en vía de alcance a su informe justificado, dicha autoridad precisó que tomando en consideración la petición que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo que nos ocupa, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, señaló fecha de audiencia para el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, a fin de analizar la citada petición, audiencia en que, a petición de la defensora publica de Marcos Eustaquio Plumeda de la Rosa, así como del propio quejoso, se determinó su aplazamiento sin fecha para continuar con su desahogo, dado que la defensa solicitará posteriormente una nueva para que se analice la petición, ya que el sentenciado reúna los requisitos necesarios para la cancelación de los antecedentes penales. De esta manera, es claro que para los efectos del juicio de amparo, el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados; esto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildadode inconstitucional, actualizándose así la hipótesis establecida en jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del once de julio de dos mil veintitrés; hágase del conocimiento lo anterior a las partes y realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual, la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, como lo indicó al rendir su informe justificado, remite copia autentificada de las constancias conducentes, y del registro audiovisual de la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en un disco compacto. En consecuencia, se le tiene ofreciendo como prueba las documentales que anexa, así como la versión digital que contiene el registro de audio y video relativo a la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de ejecución 271/2020 de su índice; ello, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción de su contenido, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Glósese a los autos el referido disco compacto, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, conforme las constancias aludidas en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hubieren cesado los actos reclamados por el promovente; lo que se considera acontece en el presente asunto, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir esencialmente en la omisión de la Jueza de Control Especializada en Ejecución, en Tecate, Baja California, de dar contestación a la solicitud de cancelación de antecedentes penales, promovida por el quejoso dentro del cuadernillo de Ejecución 271/2020. Se explica. La Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California con residencia en Tecate, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le reclama, ya que hasta ese momento no localizó la petición relativa a la cancelación de los antecedentes penales formulada por el quejoso, dentro del cuaderno de ejecución 271/2020. Sin embargo, en vía de alcance a su informe justificado, dicha autoridad precisó que tomando en consideración la petición que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo que nos ocupa, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, señaló fecha de audiencia para el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, a fin de analizar la citada petición, audiencia en que, a petición de la defensora publica de Marcos Eustaquio Plumeda de la Rosa, así como del propio quejoso, se determinó su aplazamiento sin fecha para continuar con su desahogo, dado que la defensa solicitará posteriormente una nueva para que se analice la petición, ya que el sentenciado reúna los requisitos necesarios para la cancelación de los antecedentes penales. De esta manera, es claro que para los efectos del juicio de amparo, el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados; esto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildadode inconstitucional, actualizándose así la hipótesis establecida en jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del once de julio de dos mil veintitrés; hágase del conocimiento lo anterior a las partes y realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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