Marcos Estrada Carreón

Expediente 1376/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 93 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1376/2019
Año
2019
Actuaciones
93
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Marcos Estrada Carreón
  • Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudada de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 93.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se declaró CUMPLIDA la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, y toda vez que en el expediente, no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente expediente, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la denuncia, la resolución definitiva, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó un documento original en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose del mismo, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 7.6, tercer párrafo del Manual. En el entendido de que, el horario para la devolución de documentos, será de las diez a las doce horas de lunes a viernes; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en este Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector; por lo que, el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, se procede a proveer lo conducente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su , Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) En ese sentido, se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para el efecto siguiente: "En consecuencia, toda vez que en el presente juicio de amparo, se determinó que existió una violación procesal en el procedimiento que concluyó con la destitución del quejoso del empleo, cargo o comisión que desempeñaba; con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, el amparo y la protección de la Justicia Federal, se otorga a la parte quejosa para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: a).- Dejen insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo número RH/1267/18-11, incoado en contra del quejoso, incluyendo, la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la que se decretó la destitución del cargo, empleo o comisión que desempeñaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. b).- Paguen al quejoso la indemnización y demás prestaciones que le corresponden en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- Realicen la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Ahora, como se advierte de los párrafos que anteceden, uno de los efectos de la ejecutoria de mérito consiste en que se pague al quejoso las cantidades a que tiene derecho por concepto de indemnización y demás prestaciones que le corresponden en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual, este Juzgado de Distrito tramitó, de oficio, un incidente innominado, en el cual, con apoyo en el dictamen rendido por el perito oficial designado por este juzgado se determinaron las siguientes cantidades: Por tanto, se concluye que, en cumplimiento al fallo protector, las autoridades responsables deben pagar al quejoso Marcos Estrada Carreón, la cantidad a pagar a la parte quejosa a que tiene derecho por concepto de indemnización y demás prestaciones que le corresponde en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de $***, tal como se observa en los cuadros VI, VII y VIII de los Resultados del apartado de Estudio y Valoración del presente dictamen. Aclarando que a dichas cantidades se les deben calcular las retenciones por parte de la autoridad responsable respecto de los conceptos de Fondo de Aportación, Servicio Médico e Impuesto Sobre la Renta, al monto en que se realice el pago a la parte quejosa. Además, se impone destacar que desde el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, en que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se establecieron los lineamientos fijados por los criterios jurisprudenciales de los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo estos los siguientes: ? Para efecto del pago de la indemnización, en la tesis 2a. II/2016 (10a.), se determinó que dicha indemnización comprende el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización. Además del pago de la indemnización, el legislador también estableció el deber del Estado de pagar las demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público indebidamente separado de su empleo; para lo cual, la Segunda Sala del Máximo Tribunal interpretó dicho enunciado como el deber de pagar los siguientes conceptos: Remuneración diaria ordinaria. Beneficios. Recompensas. Estipendios. Asignaciones. Gratificaciones. Premios. Retribuciones. Subvenciones. Haberes. Dietas. Compensaciones. O cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios; lo cual implica el pago de aguinaldo y prima vacacional. Respecto del referido concepto "demás prestaciones a que tenga derecho", dicho pago abarca desde que se ejecutó su destitución y hasta que se realice el pago correspondiente. Ahora, de las actuaciones del presente juicio se advierte que, con la finalidad de cumplir el fallo protector, las autoridades responsables remitieron copia certificada de la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo RH/1267/18-11, en la cual determinó lo siguiente: (.) De lo anterior se observa que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y ordenó hacer la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. Ahora, respecto del pago de la indemnización y demás prestaciones que le corresponden, las autoridades remitieron copia certificada del acta de constancia de pago de fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la entrega del contrarecibo de cuenta por liquidar certificada número 100552, por la cantidad de $383,980.89 (trescientos ochenta y tres mil novecientos ochenta pesos 89/100 moneda nacional), cantidad neta que resultó después de haberle aplicado las deducciones de ley correspondientes al monto principal de $465,874.45 (cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional) determinada en este juicio. Asimismo, respecto del pago por el concepto de "demás prestaciones" del periodo comprendido desde el once de agosto de dos mil veintiuno al veintinueve de julio de dos mil veintidós, las autoridades remitieron copia certificada del acta de constancia de pago de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se hizo constar la entrega del contrarecibo de cuenta por liquidar certificada número 101301, por la cantidad de $112,014.78 (ciento doce mil catorce pesos 78/100 moneda nacional). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveídos de quince de agosto de dos mil veintidós y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación alguna. En este orden de ideas, este órgano judicial determina que han sido colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto, en razón de que se dejaron insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo número RH/1267/18-11, incoado en contra del quejoso; realizaron la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada; y, pagaron al quejoso la indemnización y demás prestaciones que le corresponden en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se concluye que la parte quejosa ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el delegado de la Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual remite diversas constancias con las cuales aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de mérito para que obren como correspondan; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veinticuatro del mes y año que transcurre, se dio vista a la parte quejosa, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. Notifíquese

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA

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