Marcos Esses Mustri

Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Marcos Esses Mustri
  • Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 925/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ambas partes ofrecieron diversas documentales, la quejosa también ofertó la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que la tercera interesada los formuló e invocó la improcedencia del juicio y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 925/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Novena Sala Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es: La sentencia de once de agosto de dos mil veintidós, emitida en los tocas ... y ... donde la Novena Sala Civil de la Ciudad de México resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando la interlocutoria de treinta de octubre de dos mil veinte emitida en el incidente de liquidación de costas derivado del juicio ordinario mercantil ..., del Juez Sexagésimo de la misma especialidad y residencia, que había condenado a la aquí tercera interesada a pagar $4´000,654.21 (cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 moneda nacional); y, en su lugar no aprobó la plantilla presentada por el quejoso. TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; documentales con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver lo que corresponda, se narran los siguientes antecedentes procesales: 1. El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se demandó en la vía ordinaria mercantil a ..., las siguientes prestaciones: "1. La declaración judicial relativa a que no surtió efecto legal alguno la pretendida rescisión de fecha 5 de mayo de 2018 del Contrato de Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual relativo a la Póliza número 1353004 emitida el 2 de febrero de 2018 por ... en favor del actor, cuyo monto asegurado es por la cantidad de $50.000.000.00 Pesos (cincuenta millones de Pesos 00/100). 2. El cumplimiento del Contrato de Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual relativo a la Póliza número ... emitida el 2 de febrero de 2018 por ... en favor del actor, cuyo monto asegurado es por la cantidad de $50.000.000.00 Pesos (cincuenta millones de Pesos 00/100). 3. El cumplimiento de la RENOVACIÓN GARANTIZADA del Contrato de Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual relativo a la Póliza número ... emitida el 2 de febrero de 2018 por .... en favor del actor, cuyo monto asegurado es por la cantidad de $50.000.000.00 Pesos (cincuenta millones de Pesos 00/100) RENOVACIÓN GARANTIZADA pactada en éste. 4. El pago de la cantidad de $31,308.52 Pesos (treinta y un mil trescientos ocho Pesos 52/100) con motivo de los gastos incurridos por la hospitalización y la eventualidad ocurrida al actor el 30 de julio de 2017. 5. El pago de las indemnizaciones moratorias a que se refiere el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, párrafos primero y segundo. 6. El pago de los gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación de este juicio, debido a la temeridad y mala fe con que actuó la Aseguradora." 2. Seguidas las fases procesales, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil ..., quedando en los siguientes términos la condena: "R E S U E L V E PRIMERO. Ha sido procedente la Vía Ordinaria Mercantil, en la que la parte actora acreditó los extremos de su acción y la parte demandada no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- En consecuencia, se declara que la rescisión de fecha cinco de mayo de dos mil dieciocho notificada a la actora.... el nueve de mayo de dos mil dieciocho respecto del Contrato de Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual celebrado entre las partes y de la Póliza de seguro número 1353004 emitida el dos de febrero de dos mil dieciocho por .... en favor de ..., cuyo monto asegurado es por la cantidad de $50,000, 000. 00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) no surte efecto alguno entre los contratantes. TERCERO. Se declara que el Contrato de ... y su Póliza de Seguro número ... celebrado ente .... Y .... surte plenamente sus efectos, por lo que subsisten las obligaciones pactadas en el mismo durante su vigencia originalmente pactada, esto es a partir del 10 de marzo de dos mil dieciocho al diez de marzo de dos mil diecinueve. CUARTO.- Se condena a la enjuiciada ...., para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que el presente fallo cause ejecutoria, acredite la expedición de los correspondientes recibos para pago de las parcialidades trimestrales que se quedaron pendientes a la fecha de la rescisión previó pago que corresponda por la asegurada, en los que deberá especificar su vigencia, que deberá ser por la misma vigencia que aquellos recibos que se quedaron pendientes de emisión de la fecha de rescisión de la póliza de seguro ..., apercibida que de no hacerlo en dicho término, se procederá a la ejecución forzosa en los términos señalados en la ley de la materia. CUARTO (sic). - Se condena a la parte demandada S... a garantizar a MARCOS ESSES MUSTRI la renovación de la póliza de seguro... sin poderle negar la renovación de su póliza por motivo de su siniestralidad o edad, siempre y cuando las primas sean pagadas por la actora ..., en los plazos estipulados; debiendo avisar a la parte actora el costo de la prima y condiciones aplicables con por lo menos treinta días hábiles de anticipación a la renovación, en términos de las condiciones generales del seguro. QUINTO. Se condena a la demandada... a restituir a la parte actora MARCOS ESSES MUSTRI los gastos erogados por el padecimiento ocurrido el treinta de julio de dos mil diecisiete, que resulte de descontar a la cantidad de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 M.N.), el deducible equivalente a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) y coaseguro por el equivalente al 10% (diez por ciento). Importe que deberá pagar en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución, apercibido de que en caso contrario se procederá a la ejecución forzosa del presente fallo, conforme a lo previsto en el artículo 277, primer párrafo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. SEXTO. Se condena a la demandada... a pagar a la parte actora MARCOS ESSES MUSTRI las indemnizaciones moratorias reguladas en el artículo 276, fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas desde el dos de septiembre de dos mil diecisiete y hasta el pago total de la cantidad a que se refiere el resolutivo que antecede, hasta el pago total de la cantidad a que se refiere el resolutivo que antecede. Conceptos que deberán cuantificarse sobre el saldo que resulte de descontar a la cantidad de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 M.N.), el deducible de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) y coaseguro por el equivalente al 10% (diez por ciento), lo que se cuantificará en ejecución de sentencia, previo el incidente que lo regule y apruebe. SÉPTIMO. No es de hacer especial condena en costas atento a las consideraciones vertidas en la presente resolución. OCTAVO. Toda vez que ninguna de las partes en el presente juicio manifestó su consentimiento para restringir el acceso a su información, no es de hacerse público el contenido de la presente resolución. NOVENO. Notifíquese el contenido de la presente resolución y obténgase copia debidamente autorizada de la presente resolución para ser agregada al legajo correspondiente." 3. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dicho fallo fue confirmado por la Novena Sala Civil de esta ciudad, en el toca de apelación ..., condenado en costas en ambas instancias, como se ve de la siguiente transcripción de los resolutivos: "R E S U E L V E PRIMERO. - Resulta improcedente el recurso de apelación intentado por la parte demandada .... al haber resultado infundados e inoperantes los agravios hechos valer, por otro lado, la apelación adhesiva hecha valer por la actora.... resultó parcialmente fundada pero inoperante, en consecuencia, se confirma en sus términos, la Sentencia Definitiva de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. SEGUNDO.- Toda vez que en la presente instancia recursiva solo se actualizan las costas, respecto de la demandada apelante al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena a dicha parte a pagar en favor de la actora, las costas generadas en ambas instancias. TERCERO. - Notifíquese, y con testimonio de esta resolución y de sus notificaciones, mándense los autos al Juzgado de origen, y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. CUARTO. - Expídase una copia de la resolución para quedar en el legajo correspondiente.". 4. Dicha sentencia fue materia del amparo directo ... del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien negó la protección constitucional a la demandada, por ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil veinte. 5. El uno de septiembre de dos mil veinte, el actor promovió incidente de liquidación de costas, admitido al día siguiente por el juez de la causa. 6. Seguido el trámite, el treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó interlocutoria condenando a la demandada por $4´000,654.21 (cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), por concepto de costas. 7. Inconformes, las partes promovieron apelación principal y adhesiva, de las que conoció la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, en los tocas 632/2019-2 y ...; donde el diecinueve de mayo pasado, revocó la sentencia primigenia desaprobando la planilla propuesta por la parte actora, dejando a salvo sus derechos. Dicha sentencia fue objeto del juicio de amparo ... de este índice promovido por Marcos Eses Mustri, donde se concedió la protección para los siguientes efectos: "a) La Sala responsable debe declarar insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar, b) Con plenitud de jurisdicción, deberá dictar otra en la que al examinar los agravios, lo haga considerando que en el proceso de origen, la cuantía es en parte determinada y por otra indeterminada, atento lo explicado en este fallo. (.)" Resolución confirmada en grado de revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente R.C. ... 8. En cumplimiento, la sala responsable dictó la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, de la cual el primer punto resolutivo dice: "(.) PRIMERO.- Resulta improcedente el recurso de apelación intentado por la parte demandada ..., al haber resultado infundados los agravios hechos valer, en consecuencia, se confirma en sus términos la Sentencia Interlocutoria de fecha treinta de octubre de dos mil veinte. (.)" Resolución que constituyó el acto reclamado en el amparo indirecto 290/2022 de este índice promovido por ...., donde se concedió la protección para los siguientes efectos: "1) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, 2) En su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción, donde reaborde el análisis del acto reclamado, bajo la óptica de este fallo. (.)" Sentencia que causó ejecutoria el primero de agosto de dos mil veintidós. 9. En cumplimiento, la sala responsable dictó la sentencia de once de agosto de dos mil veintidós, cuyo resolutivo primero establece: "(.) PRIMERO.- En cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo de fecha once de julio de dos mil veintidós, pronunciada por el H. Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil de (SIC) la Ciudad de México, con motivo del Juicio de Amparo Indirecto 290/2022, promovido por ...., en contra de actos de esta H. Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esa Sala deja insubsistente la resolución dictada en este toca con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, y en su lugar pronuncia otra cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Resulta procedente el recurso de apelación intentado por la parte demandada ...., al haber resultado fundados los agravios hechos valer, por su parte, el recurso de apelación adhesiva, resultó improcedente, toda vez que los argumentos vertidos para mejor proveer, resultaron inoperantes, al carecer de materia sobre la cual recaer, toda vez que la situación sobre los cuales fueron propuestos cambió, en consecuencia, se impone revocar, la sentencia interlocutoria de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, para quedar en los términos expuestos en la parte In fine del IV (cuarto) Considerando de ésta resolución. SEGUNDO.- Toda vez que en la presente instancia recursiva no se actualiza ninguna hipótesis prevista en el artículo 1084 del Código de Comercio, no se hace condena alguna por este concepto a ninguna de las partes. (.)" Esta decisión constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Esencialmente el quejoso sostiene lo siguiente. Primero. 1.1. La sentencia reclamada parte de un estudio incorrecto de la litis, pues los agravios de su contraria son infundados e inoperantes al ir encaminados a sostener que las costas deben cuantificarse exclusivamente sobre la cantidad de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), por lo que debió analizar éstos sin ir más allá, ni suplir la deficiencia en ellos, al tratarse de un asunto mercantil. 1.2. Los agravios planteados por su contraria en el sentido de que únicamente debe considerarse la cantidad de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.) para la liquidación de las costas, se trata de una cuestión resuelta en el juicio de amparo indirecto 437/2021, donde se determinó que en el procedimiento natural se reclamaron más prestaciones y no únicamente la que toma en cuenta tal monto. 1.3. Es incorrecto que las prestaciones solicitadas en el escrito inicial no sean cuantificables en dinero, pues como lo señala la Jurisprudencia 1a./J.119/2010, el hecho de que no se reclame una cantidad líquida ello no es suficiente para señalar que el asunto es de cuantía indeterminada, porque debe atenderse a la relación jurídica y todos los elementos que permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones. Incluso, la Juez natural al admitir las medidas de aseguramiento que solicitó, fijó una garantía sobre el monto máximo asegurado de la póliza basal, independientemente de que pidió su reducción, porque son cuestiones distintas; sin que en algún momento se haya requerido que se redujera considerando únicamente los gastos erogados con motivo del siniestro ocurrido en el dos mil diecisiete, como lo citó su contraria. El valor del negocio correspondiente a las prestaciones 1, 2 y 3 con relación a los resolutivos segundo, tercero y cuarto de la sentencia definitiva, ascienden a $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), conforme a la suma asegurada del contrato de seguro con póliza 1353004, esto es, el importe que como riesgo la demandada se obligó a cubrir y que pretendió rescindir; por lo que, es certero concluir que tiene un riesgo asegurado por dicha cantidad. Con relación a la prestación 4 respecto del quinto resolutivo de la sentencia definitiva, debe considerarse la cantidad de $8,177.67 (ocho mil ciento setenta y siete pesos 67/100 m.n.), que es el resultado de descontar el deducible de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) y el coaseguro del 10% (diez por ciento), al monto de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.). Por tanto, la suma de los aludidos montos es de $50´008,177.67 (cincuenta millones ocho mil ciento setenta y siete pesos 67/100 m.n.) que corresponde al valor del negocio. La suma asegurada y el importe de los gastos reembolsados son los conceptos idóneos para la liquidación de las costas, pues la finalidad de la acción fue asegurar la actualización de un riesgo que asciende al importe de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), es decir la suma asegurada que es el objeto del contrato de seguro, cuya posible actualización es el riesgo real asumido por su contraria. Lo anterior, como lo resolvió el juez natural. Desde su demanda precisó en sus prestaciones que el valor del asunto era por el citado monto, debiendo considerarse la finalidad con la que se contrata un seguro, pues no es para pagar una prima o el deducible, sino que la aseguradora cubra el riesgo del accidente o enfermedad por cierto monto, siendo en el caso, se paguen los gastos ocasionados por el riesgo, respecto del cual se tiene la certeza que serán amparados los eventos por la suma asegurada. Sin que deba ocurrir un accidente para tener la certeza de la cobertura de un riesgo y la obligación de la aseguradora a pagarlo hasta por el monto convenido. En el supuesto de que su acción hubiera resultado infundada, se dejaría de cubrir el riesgo de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.); por lo que dicho monto es cierto, real y actual como se evidencia de la póliza, por lo que se trata de una suma determinable. Es ilegal que el valor del negocio deba entenderse como lo que el actor demanda y que debe considerarse si lo demandado se determina en cantidad líquida o no, o bien, si lo demandado constituye una reclamación de carácter económico, así como que las costas únicamente deben cuantificarse el monto de la prestación líquida, al contravenir lo dispuesto por la Jurisprudencia 1a. J./ 119/2010. Además de que es incorrecta la determinación de la Sala responsable relativa a que se reclamaron prestaciones no cuantificables en dinero porque atañen a una acción personal con la que se pretende dar cumplimiento al pacto celebrado; porque el solo hecho de que no se reclame una cantidad líquida no es suficiente, sino que debe atenderse a la relación jurídica narrada en la demanda y todos los elementos que permitan evaluar su valor pecuniario; además de que la prestación 4 es independiente de la 1, 2, y 3 en las que se pidió la restitución del contrato de seguro, su cumplimiento y renovación. 1.4. Se vulneró el contenido de la Jurisprudencia invocada, que impone analizar en cada caso, la naturaleza de las prestaciones sobre la totalidad de lo discutido, porque el monto asegurado es una cuestión real y la finalidad de un seguro es la certeza de la cobertura de un riesgo por cierta cantidad. 1.5. La Juez natural fijó una garantía de efectividad al impetrante en $2´500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), considerando el 5% (cinco por ciento) de la suma asegurada de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), respecto de lo que se pidió la reducción porque la medida de aseguramiento no era susceptible de ocasionar daño ni perjuicio alguno a la demandada, pues aunque la última cantidad es el valor del negocio, dicho importe es la suma a la que su contraria ya estaba obligada a pagar en caso de que ocurriera la eventualidad, y el hecho de que se considerara la medida no imponía prestación ni gravamen adicional; aunado a que en aquel momento la reo no negó o afirmó que el monto del juicio no fuera por los aludidos $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.). La prueba en comento que se le dejó de recibir a su contraria, atendió a falta de intereses en su desahogo, pero ello no cambiaría el resultado del fallo incidental. Es infundado e inoperante el agravio de su contraria donde señaló que el quejoso solicitó la reducción de la garantía fijada para el otorgamiento de la medida de aseguramiento, porque a la demandada se le dejó de recibir la prueba para ello, además de que se trata de una cuestión distinta. 1.6. De acuerdo al artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria al Código de Comercio, tratándose de acciones personales en donde no se pide una prestación económica, la competencia por cuantía se determina por el valor del negocio, que en el caso es de $50´008,177.67 (cincuenta millones ocho mil ciento setenta y siete pesos 67/100 m.n.). 1.7. La parte demandada es la única que ha actuado de mala fe porque pretendió rescindir un contrato de seguro alegando hechos falsos, al señalar que la causa de ello era una preexistencia derivada de la información médica que tenía y no exhibió, por lo que fue condenada. 1.8. Es ilegal considerar sin materia la apelación adhesiva, porque debió estudiar en primer lugar sus agravios y de resolver que eran fundados, desestimar los de su contraria por inoperantes. 1.9. Los agravios primero y segundo de su contraria son inoperantes por insuficientes porque no combatieron la totalidad de los razonamientos de la interlocutoria del juez primigenio. Asimismo, porque se limitan a reiterar lo manifestado en su contestación al incidente sin controvertir lo determinado en la interlocutoria. Segundo. 2.1. La autoridad responsable varió completamente su criterio respecto del primer cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo 437/2021, sin que así se hubiera señalado en la sentencia del amparo 290/2022. No se requirió a la autoridad responsable para que variara por completo su valoración, ni que cambiara el sentido, sino que completara la sentencia para considerar que se trata de una cuantía determinada y también de una indeterminada, es decir, que no valorara únicamente las prestaciones indeterminadas, sino que incluyera las prestaciones que sí fueron estimadas en una cuantía determinada. Asimismo, no se le requirió para que dejara de considerar el monto máximo asegurado sino que también tomara en cuenta las prestaciones determinadas, de manera conjuntiva, no disyuntiva. 2.2. El acto reclamado no se encuentra fundado ni motivado porque la finalidad de la ejecutoria de amparo fue que la Sala responsable realizara una valoración con las prestaciones reclamadas de cuantía determinada, no que excluyera lo resuelto, sino tenía la orden de completar de acuerdo a la citada Jurisprudencia. 2.3. El acto reclamado carece de fundamentación. Decisión: los conceptos de violación son infundados por un lado e inoperantes por otro. En primer lugar, se atenderá a los conceptos que se consideran infundados. Son infundados los conceptos señalados con el número 2.3., en los que señala el quejoso que el acto reclamado carece de fundamentación. Contrario a lo aducido por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en los artículos 1294 del Código de Comercio, así como en diversos criterios aplicables al problema jurídico a resolver. A fin de evidenciar lo anterior, se tiene que en el acto reclamado se determinó esencialmente que: - Por cuestión de orden se realiza el examen en primer lugar de los agravios de la demandada; los que son fundados para revocar la interlocutoria impugnada. - La litis en esta instancia se limita a determinar si el juez del conocimiento estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo, o bien, si tiene razón la recurrente al señalar que el asunto versa sobre el cumplimiento de un contrato de seguro, por lo que no puede traducirse en que la suma asegurada máxima mediante la cual se obliga es la que sirva de base para la liquidación de las costas, pues es incorrecto, abusivo y frívolo, ya que dicho monto no tiene que ver con el concepto de las costas, ya que así sería cuando sean por riesgos que ya acontecieron, es decir, cuando en un juicio se busca el pago de la suma asegurada como obligación directa del contrato. Además de que el actor solo reclamó el reembolso de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), pues primero solicitó el cumplimiento del contrato y luego el pago de las erogaciones del padecimiento de hipertensión arterial, por lo que ésta es la cantidad que debe considerarse. Asimismo, apuntó que la interlocutoria carece de fundamentación y motivación, además de exhaustividad, porque al contestar el incidente se señaló que fue el mismo actor quien al promover su solicitud de reducción de garantía ante el Juez natural (en razón de que primero se consideró el monto máximo que ampara el contrato se seguro) indicó que debía tomarse en cuenta la prima del seguro, contrario a lo que ahora pretende. Por lo que, señaló que existe cuantía determinada, pero que debe ser fijada por los gastos erogados respecto de los que existe condena y fue obligada a su reembolso. - La sentencia interlocutoria impugnada no cumple con el principio de congruencia, legalidad y seguridad jurídica, pues en primer lugar, los incidentes tienen como fin primordial dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia definitiva que no se pudo dilucidar, siempre que hayan sido materia de condena, aunado a que tales incidencias no deben modificar, anular o rebasar lo decidido en el fallo definitivo, al constituir cosa juzgada, por lo que deben ejecutar o liquidar concretamente las obligaciones que derivan de la sentencia, donde se establecieron los lineamientos para ello. - En la sentencia definitiva se determinó lo conducente, así como lo relativo a las costas, por lo que no se puede reabrir la discusión en cuanto a lo ahí condenado, al quedar firmes. - El actor basa su incidente de costas bajo el argumento de que para determinar la cuantía del negocio se debe atender además del valor de éste a todas las prestaciones reclamadas, aun cuando no tuvieran un carácter preponderantemente económico, donde citó que el tal concepto era por $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) al ser ésta la suma asegurada, es decir, el importe al cual la demandada se encuentra obligada para cubrir al actor, por lo que constituye el valor del contrato que la reo pretendía rescindir, más lo sumado con el resolutivo quinto que la condenó a pagar $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), menos el deducible y coaseguro, dando un total de $50´008,177.67 (cincuenta millones ocho mil ciento setenta y siete pesos 67/100 m.n.); además de considerar la naturaleza de las prestaciones reclamadas. - Del estudio del incidente se concluye que no es correcta la determinación del juez ni el planteamiento del acto, porque no hay en el juicio de origen una deuda líquida, vencida y exigible sobre la cual se confirme que se deba pagar la cantidad de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.); además de que no se debe atenderá a una sola suma sino a las prestaciones del juicio porque no fue únicamente una la que se litigó, pues incluso hubo dos pólizas de seguro distintas inmersas en el debate. - Las prestaciones que dieron lugar al juicio son las señaladas con los números 1, 2 y 3, que versan sobre la declaración e que no surtió efectos la rescisión del contrato de seguro, cumplimiento de ésta y su renovación garantizada; mientras que la número 4 buscó el pago de los gastos incurridos por hospitalización. - En la sentencia definitiva esto se reconoció en resolutivos distintos, con alcances propios y autónomos, pues se hicieron las declaraciones relativas a la ineficacia de la rescisión, se declaró que surtía efectos plenamente, se condenó a la demandada que acreditara la expedición de los recibos de pago de parcialidades trimestrales y se condenó a renovar la póliza sin poder negarle ello por motivo de la siniestralidad o edad, siempre que éstos fueran pagados. - En el diverso resolutivo se condenó a restituir los gastos erogados por el padecimiento ocurrido el treinta de julio de dos mil siete, que resultaría de restar a $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), el deducible y coaseguro. - No es solo un aspecto el que rige para fijar el valor del negocio, pues si bien una prestación puede calificarse como determinada, al menos las otras tres ameritan examinarse conforme a las reglas de la Jurisprudencia 1a./J.119/2010, que impone estudiar en cada caso, la naturaleza de las prestaciones y si estas pueden o no estimarse pecuniariamente, sobre la totalidad de lo discutido en juicio y examinadas a la luz de las constancias destacadas del proceso. - En el caso las prestaciones y la forma de condena, permiten concluir que en el juicio de origen si se está en presencia de un negocio cuyas prestaciones son determinadas e indeterminadas, porque una sola no informa irrestrictamente de las demás, por lo que es necesario asumir la labor demostrativa de distinguir entre las prestaciones sentenciadas y que algunas generar consecuencias diversas entre sí, valiéndose de las constancias del proceso, la interpretación de la acción, los hechos que contextualiza, así como los elemento conexos, para determinar el valor pecuniario a las prestaciones sobre las cuales se sustenta la cuantificación de las costas. - Atendiendo a ello, y dada la necesidad de desentrañar las cuestiones expuestas, se debe definir los alcances propios y autónomos de cada una de las prestaciones. - La acción principal se trata de una prestación no cuantificable en dinero, porque versa sobre la declaración de que no surtió efectos la rescisión del contrato de seguro, su cumplimiento, lo que atañe a una acción personal y declarativa, lo que implica que ésta es de cuantía indeterminada porque no se desprende reclamo alguno en cantidad líquida y por tanto no puede concluirse que el negocio corresponda a la suma asegurada máxima. - Las diversas prestaciones atañen a condenas de hacer, ya que se refieren a la expedición de recibos para que se pueda hacer el pago, así como a la renovación garantizada, por lo que se trata de una no cuantificable en dinero, resultado de cuantía indeterminada al no poder establecer un valor pecuniario sobre las mismas, atendiendo a su naturaleza. - Por lo que hace a las condenas estudiadas y que fueron de cuantía indeterminada se debe cuantificar las costas tomando en cuenta la actividad desplegada en el propio estudio del asunto, la naturaleza del litigio en razón de las eventualidades ocurridas, la demanda, contestación, lectura de escritos o promociones presentadas, ocursos por los que se promueve un incidente, pruebas, interrogatorios para el desahogo de pruebas, asistencia a juntas, diligencias, notificaciones, vistas, sentencias, alegatos y agravios, conforme a un parámetro objetivo señalado en la ley. - Las condenas que se refieren a la restitución de los gastos erogados por el padecimiento ocurrido el treinta de julio de dos mil diecisiete, la que se fijó restando el deducible y coaseguro a $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), sobre esto existe una cantidad líquida para determinar las costas. - Lo anterior, se actualiza con la condena del sexto resolutivo de la sentencia definitiva donde se condenó al demandado al pago de las indemnizaciones moratorias. - De ahí que al ser cantidades susceptibles de ser liquidadas en ejecución de sentencia, para la cuantificación de las costas, por tal supuesto, se debe atender a los porcentajes establecidos en la ley respecto del valor de lo reclamado. - El negocio de origen tiene prestaciones que son en parte determinadas y por otra indeterminadas; por lo que, tomando en cuenta lo anterior es la forma en la que se debe presentar la liquidación de las costas. - En el caso, el actor presentó su plantilla sin atender a las bases, ni a la naturaleza de las prestaciones reclamadas en juicio, por lo que no es susceptible de ser estudiado en los términos planteados, por lo que se deben dejar a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. - Los agravios vertidos por el actor para mejorar la interlocutoria son inatendibles toda vez que al haberse revocado la interlocutoria, carecen de materia sobre la cual recaer, pues la apelación adhesiva se debe interponer para mejorar el razonamiento o consideraciones del juez, por lo que al no existir base sobre la cual pueda ser aplicada, no se pueden analizar. - De ahí que, lo procedente es revocar la interlocutoria para desaprobar la plantilla de costas presentada, dejándose a salvo sus derechos. Bajo ese contexto se advierte que la autoridad responsable tomó como base para revocar la interlocutoria dictada por el Juez de origen, que la plantilla se formuló bajo el criterio de que para determinar la cuantía del negocio se debe atender al valor de las prestaciones reclamadas, aun cuando no tuvieran un carácter preponderantemente económico, por lo que se debían considerar los $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) de la suma máxima asegurada, más el monto que se condenó a pagar de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), menos el deducible y coaseguro, dando un total de $50´008,177.67 (cincuenta millones ocho mil ciento setenta y siete pesos 67/100 m.n.). Sin embargo, estimó que lo anterior no es correcto, ni la aprobación a ello realizada por el juez, porque no hay una deuda líquida, vencida y exigible, respecto de la que se haya condenado al pago de 50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), aunado a que se deben considerar la naturaleza de todas las prestaciones, porque no solo se reclamó una, sino que hubo más prestaciones. Por ello, la autoridad responsable consideró que las prestaciones 1, 2 y 3, versaron sobre la declaración de que no surtió efectos la rescisión del contrato de seguro, su cumplimiento y su renovación garantizada; la 4, buscó el pago de los gastos incurridos por la actualización de la enfermedad. De ahí que, señaló que se tuvieron resolutivos distintos, con alcances propios y autónomos, pues unos fueron relativos a las declaraciones de ineficacia de la rescisión, efectos del contrato, además de la condena a la expedición de recibos previo pago, así como la renovación de la póliza; mientras que en los últimos resolutivos se condenó al pago de los gastos erogados y su indemnización por mora. Por tanto, concluyó que las últimas son determinadas, mientras que las demás deben analizarse a la luz de la Jurisprudencia 1a./J.119/2010, lo que dio como resultado que la acción principal no es una prestación cuantificable en dinero, al versas sobre una declaración, que atiende a una personal, lo que implica que ésta es de cuantía indeterminada, porque no se reclamó una cantidad líquida y no puede concluirse que el negocio corresponda a la suma asegurada máxima. Por su parte, estableció que únicamente la prestación relativa a la restitución de los gastos erogados debe considerarse líquida para determinar las costas, pues incluso, la relativa la indemnización puede liquidarse en ejecución. Concluyó que el juicio de origen tiene prestaciones determinadas e indeterminadas; por lo que, en esos términos debió plantearse la cuantificación y, al no haberse hecho así, se deben dejar a salvo los derechos del actor. Finalmente, señaló que son inatendibles los argumentos vertidos para mejorar la interlocutoria en la apelación adhesiva del actor porque se revocó la interlocutoria y así carecen de materia sobre la cual recaer. Por lo que, se concluye que la Sala responsable fundó y motivó su resolución con fundamento en el precepto que atiende al valor de las documentales públicas, puesto que analizó las constancias de autos, para realizar un estudio de las prestaciones reclamadas, los hechos invocados por las partes, así como la condena decretada, respecto de los agravios que se hicieron valer relativos la naturaleza de la cuantía del juicio natural (determinada y/o indeterminada), de acuerdo a lo señalado en el criterio jurisprudencial aplicable al caso. En ese contexto, se evidencia que la Sala responsable analizó la litis recursal expuesta a su jurisdicción, precisando el fundamento y emitiendo los argumentos necesarios para motivar su decisión, considerando que por virtud de la naturaleza de las prestaciones, unas resultan de cuantía determinada y determinable y otras indeterminadas, lo cual no fue considerado por el promovente al formular la plantilla de costas, pues atendió únicamente a la cuantía determinada, por lo que no se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad que alega la quejosa. Aunado a que se citaron los criterios que apoyaron el estudio y razonamiento de la autoridad responsable para concluir de la manera en que lo hizo. Lo que busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Por lo que, contrario a lo señalado por el quejoso, el acto reclamado, sí se emitió con el señalamiento de los fundamentos correspondientes. De otro lado, son infundados los conceptos señalados con el número 1.1., en los que señala el quejoso que la Sala responsable debió analizar los agravios de su contraria sin ir más allá, ni suplir la deficiencia en ellos, al tratarse de un asunto mercantil. Es así, pues para emitir la resolución reclamada, la autoridad responsable debe emprender un análisis de la litis recursal que tiene origen en el incidente de liquidación de costas que fue sometido a su consideración a través de los agravios esgrimidos, porque se encuentra facultada legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada. Sin que sea adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia rubro y texto siguientes: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada". De ahí que, debe vigilar que la planilla se ajuste a los numerales que regulan la cuantificación de intereses en materia de seguros, también y más importante es que con la planilla propuesta no se modifiquen, anulen o rebasen las bases establecidas en sentencia definitiva que constituye la verdad legal con autoridad de cosa juzgada. Máxime que la liquidación de las costas tiene como fin primordial determinar con precisión la cuantía de la condena impuesta en la sentencia definitiva, lo que significa que mediante un incidente como el de la especie no se puede modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e incorrecto, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. Apoya lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." Por su parte, resultan infundados aquellos conceptos de violación numerados en el punto 1.3. en los que el quejoso señala que para la cuantificación de las costas se debe considerar que el monto del negocio es por $50´008,177.67 (cincuenta millones ocho mil ciento setenta y siete pesos 67/100 m.n.), pues se debe incluir la suma asegurada máxima del contrato de seguro con relación a las prestaciones 1, 2 y 3, además de las cantidades reclamadas en la prestación 4, menos los descuentos correspondientes; pues tal argumento, implicaría establecer que todo el reclamo formulado en la demanda que dio origen al juicio natural son de cuantía determinada. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 181/2010, consideró que para cuantificar el monto de las costas debe atenderse precisamente a la naturaleza del negocio, lo cual implica definir la cualidad de lo reclamado, ya que es trascendente para ello, saber si se trata de una acción 'determinada', 'determinable', o en su defecto, 'indeterminable'. Así, señaló que un ejemplo de la forma en que pueden cuantificarse las costas cuando el asunto reclamado es de naturaleza determinada o determinable, se encuentra en el contenido del artículo 128 de la ahora Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, al establecer la forma en que se causarán las costas en la primera y segunda instancias, en negocios de cuantía determinada. Por otra parte, sostuvo que cuando se esté ante acciones que se ejercieron y que la propia naturaleza de lo reclamado no permite una apreciación pecuniaria directa, se deberán implementar mecanismos que atiendan a la naturaleza de lo reclamado y de cómo se haya desenvuelto el propio proceso, al establecer la regulación respectiva para los negocios de cuantía indeterminable, precisando las cantidades que deben cubrirse por cada una de las actuaciones procesales ahí detalladas. Con base en lo anterior, el Máximo Tribunal precisó que para establecer la forma en la que deberán determinarse las costas, existen los siguientes criterios: a) Cuando se está ante un pleito de cuantía determinada, éstos se caracterizan por la existencia de un reclamo líquido y específico dentro del juicio, en cuya categoría o clasificación también se encuentran los de una cuantía determinable con apoyo en los criterios que la ley señala o que se planteen en la ejecución de sentencia; es decir, que a pesar de no haberse propuesto cantidad líquida como materia de la litis, la naturaleza o características propias de lo reclamado sí puede cuantificarse o valuar su cuantía en cantidad líquida; por lo que en estos casos, la mecánica para determinar el monto de las costas atiende directamente a porcentajes del valor o cuantificación de lo reclamado y que formó parte de la litis; y b) Cuando se trate de asuntos de cuantía indeterminada o también conocidos como no pecuniarios, para determinar las costas pueden advertirse un par de supuestos, es decir, los asuntos de cuantía inestimable o no pecuniarios, que se caracterizan porque el juicio no es susceptible de valoración económica y, por otra parte, los asuntos de cuantía indeterminada que parten del supuesto de que siendo el asunto de carácter económico, la ley procesal no establece una regla específica para concretarla y, en estos casos, para establecer las costas debe efectuarse una mecánica distinta, conforme a un parámetro objetivo previamente señalado en la ley. Bajo los criterios precisados, nuestro Máximo Tribunal estableció que las costas deben determinarse tomando en cuenta que son una sanción impuesta por la ley, cuyo punto de partida es la conducta procesal desplegada por los litigantes. Por ello, dentro de los asuntos de cuantía determinada, deben entenderse no sólo aquellos en que se reclame una cantidad líquida, sino también aquellos que son susceptibles de evaluarse pecuniariamente en la medida en que inciden en el patrimonio de los litigantes o porque tienen una significación económica que no se encuentra limitada por la naturaleza de la prestación que se reclama en el juicio, pues éste es sólo el reflejo de una situación de hecho o de derecho que puede ser valorada y determinada patrimonialmente. Al establecer lo anterior, consideró oportuno enunciar los mecanismos para establecer el monto del negocio, tanto en los asuntos de "cuantía determinada" como en los de "cuantía indeterminada pero determinable", de los que destaca el dato económico que subyace en esos conceptos, es decir, que en todos esos casos lo que interesa es la posibilidad de que pueda determinarse un "importe" o valor del negocio, o en su defecto, lo invertido para acudir a dicho proceso. En ese sentido, la Primera Sala estableció que las figuras de "cuantía determinada" y "cuantía indeterminada" para resolver el tema de las costas, tienen una connotación procesal y una relación directa con lo pretendido en el juicio en que existió la condena con ese tema, pues cuando ya existe un pronunciamiento jurisdiccional que fija el derecho a cobrar las costas y ya se ha definido con certeza si el negocio ventilado tiene un valor determinado, determinable o indeterminable, no debe soslayarse. Así, estableció que el dato de la cuantía determinada o indeterminable para el efecto de determinar las costas, en principio, debe definirse por el valor del negocio cuando éste se plantee en forma líquida en la demanda, mientras que deberá estimarse que se trata de aquellos de naturaleza "indeterminable" en los casos en que de la demanda se aprecie la imposibilidad de determinarlo y sea necesario hacerlo en ejecución de sentencia, salvo, desde luego, que sea determinable, como en el caso de los juicios reivindicatorios, en cuya cuantía viene determinada o puede determinarse por el valor del propio inmueble, y éste constituye un dato relevante al momento de la promoción de la demanda, pues desde ahí se determinará como punto de partida, la competencia para conocer y resolver dicho asunto; mientras que la naturaleza indeterminada y, además, indeterminable de la cuantía se advierte, incluso, desde la forma en la cual se formule la demanda, al observar la inexistencia de la posibilidad de determinar el valor líquido de lo que se planteó como objeto de reclamo en el juicio. Además, el Alto Tribunal estableció que la cuestión de la cuantía determinada o indeterminada del negocio es susceptible de ser definida para los efectos de la cuantificación y pago de aquéllas, aun cuando la figura de la condena en costas tiene un carácter netamente procesal, por lo tanto, cuenta con un carácter independiente y no está ligada con el derecho sustancial debatido o reconocido en el juicio principal, pero es precisamente a partir de lo que se reclamó en la demanda y que, de ser objeto de condena, puede determinarse o no en la etapa de liquidación respectiva, lo cual hace a dicha información útil para establecer el mecanismo procedente al momento de la cuantificación de las costas, es decir, a partir de esos datos se observa la posibilidad de ser traducida la prestación en cantidad líquida. En ese sentido, precisó que si en el capítulo correspondiente a las prestaciones de una demanda no se reclama cantidad líquida alguna, ello no es suficiente para considerar que el asunto es de cuantía indeterminable para resolver el tema de las costas, sino que debe atenderse a la causa de pedir, lo cual implicará el análisis de la relación jurídica descrita por las partes en los hechos; de modo que en cada caso debe apreciarse la naturaleza de la prestación que se reclama y si ésta puede ser estimada pecuniariamente; además de, si es determinable o no, partiendo del hecho de que si se ajusta o no a los parámetros establecidos en la ley procesal respectiva o de la naturaleza propia de lo resuelto, pues, efectivamente, los datos para estimar si un juicio es de cuantía determinable o indeterminable provienen necesariamente del escrito de demanda, en el cual se hace el reclamo correspondiente y se fija la litis, al ser en donde las partes exponen sus pretensiones y los hechos en que las fundan. De tal modo que su carácter líquido y, en su caso, determinable, o bien, la imposibilidad de hacerlo, debe advertirse no sólo de las prestaciones que se reclaman en el capítulo respectivo de la demanda, sino también de aquellos elementos consignados en ella que permitan establecer la posibilidad de evaluar pecuniariamente las prestaciones. En el caso, debe decirse que si bien es cierto que la controversia tiene un aspecto económico relativo a la obligación de cubrir el riesgo asegurado por parte de la tercera interesada; también lo es que, los hechos relativos a la cobertura amparada y el monto correspondiente se reseñaron con la finalidad de revelar el objeto del contrato de seguro; sin que la cantidad apuntada, formara parte de las prestaciones específicas, ya que se narraron concretamente para demostrar la ineficacia de la rescisión intentada. Por tanto, no se demandó ninguna cantidad determinada o líquida a la demandada, que fuera materia de condena alguna; y, tampoco se pretendió alguna cantidad determinable en la sentencia definitiva con relación a este punto; es así, porque se reclamó la declaración de que no surtió efectos legales la rescisión del contrato de seguros, su cumplimiento y su renovación. Incluso, no es dable considerar para la cuantificación de las costas la suma asegurada de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), puesto que ni aun en ejecución de sentencia, este monto podría ser determinable, al no verse controvertido por las prestaciones reclamadas, ya que éstas atendían a la eficacia del contrato, sus alcances y observancia, pero no se reclamó prestación para la exigibilidad de esa suma total. Lo cual fue señalado esencialmente por la autoridad responsable, pues realizó un estudio de la prestación correspondiente y sus consecuencias en la condena que se reflejó en los resolutivos. Por lo que, ninguna de las prestaciones reclamadas por el quejoso marcados con los números 1, 2 y 3, conducirían a una condena determinada o determinable, ya que en la sentencia se realizó la declaración pedida, pero no permiten hacer una proyección o cálculo determinable en pesos, sobre la forma y alcance de un posible cumplimiento por la actualización de un posible siniestro. Ello, aunque es posible que, en el futuro, en cumplimiento del contrato se generaría la obligación de cubrir el riesgo, que podría implicar el total de la suma o bien, una parte de ella; pero sería con posterioridad y con la condición de la actualización del siniestro; cuyos hechos serían diferentes a los ahora vertidos en el juicio de origen, por lo que no corresponderían al fondo de la sentencia definitiva en este procedimiento natural. Por lo que, se considera correcto lo considerado por la autoridad responsable, pues incluso ello fue resultado del análisis de la naturaleza de las prestaciones y materia de la condena. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia1a./J. 119/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 162897, Novena Época, Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 149, que establece: "COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO. Cuando un juicio verse sobre prestaciones de cuantía indeterminada e indeterminable, el valor que debe tomarse para cuantificar el monto por concepto de costas será, además del de las prestaciones reclamadas, el de todas las constancias que integren el sumario, aun cuando aquéllas no sean de carácter preponderantemente económico, pues el hecho de que en las prestaciones de una demanda no se reclame cantidad líquida, no es suficiente para determinar que el asunto es de cuantía indeterminada para resolver el tema de las costas, sino por el contrario, debe atenderse a la relación jurídica narrada en los hechos de la demanda y todos los elementos consignados que permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones. Esto es, para determinar las costas debe atenderse al monto del negocio, concepto en el cual se incluye el valor de las prestaciones reclamadas al constituir un dato relevante en la demanda, por lo cual, en cada caso debe atenderse a la naturaleza de la prestación reclamada y si ésta puede o no estimarse pecuniariamente; además, si es determinable o no, partiendo de si se ajusta o no a los parámetros establecidos en la ley procesal respectiva o a la naturaleza de lo resuelto." Sin que lo alegado por el quejoso en el sentido de que el contrato de seguro tiene una finalidad económica, cierta, real y actual al tenerse la certeza de que el riesgo amparado será por la cantidad de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), puesto que, se reitera, dicho monto no fue objeto de estudio en la litis del juicio de origen, con independencia de que se haya declarado que tal pacto surte sus efectos legales, ya que no existió reclamo para el pago total o parcial de tal monto conforme a la actualización del siniestro. Tampoco tiene razón al argumentar que fue incorrecto lo considerado por la Sala en el sentido de que algunas prestaciones no son cuantificables en dinero porque atañen a una acción personal con la que se pretende dar cumplimiento al pacto celebrado; pues refiere el quejoso que el solo hecho de que no se reclame una cantidad líquida no es suficiente, sino que debe atenderse a la relación jurídica narrada en la demanda y todos los elementos que permitan evaluar su valor pecuniario; además de que la prestación 4 es independiente de la 1, 2, y 3 en las que se pidió la restitución del contrato de seguro, su cumplimiento y renovación. Ello, debido a que contrario a lo expuesto, del acto reclamado se desprende que la autoridad responsable sí consideró la naturaleza de las prestaciones, hechos de la demanda, condena y demás elementos a que se encontraba obligada, pues incluso consideró que algunos reclamos consistían en obligaciones de dar y otras de hacer, como fue el pago de diversas cantidades (líquidas y para cuantificar en el incidente respectivo), entrega de recibos pertinentes, además de las declarativas en el sentido de que el contrato de seguro que se le pretendió rescindir surtía sus efectos legales plenamente. También son infundados aquellos conceptos de violación identificados con el número 1.4., en los que el quejoso señala que la autoridad responsable no atendió dicho criterio, pues como se evidenció la Sala realizó su estudio conforme a los datos relevantes de la demanda, como fueron las prestaciones, su naturaleza, la condena de la sentencia definitiva y los hechos narrados, conforme lo apunta la Jurisprudencia inserta. Por otro lado, son inoperantes los conceptos de violación identificados en los puntos 1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 2.1. y 2.2. Los conceptos de violación, formulados en una demanda de amparo, cuando no combaten todas las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, esto es, no están orientados a desvirtuar las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado, son inoperantes, pues aunque llegaran a ser fundados aquéllos serían insuficientes para obtener la protección constitucional solicitada, por subsistir la resolución reclamada con base en aquellas consideraciones que no se hubieren impugnado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 2a. XCIII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, que dice: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados." Asimismo, es ilustrativa la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo 139-144, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." También, robustece la tesis sustentada por la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo 109-114, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando estos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la queja, en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho." De lo anterior, se aprecia que con los motivos de inconformidad en estudio no se combaten las consideraciones de la resolución reclamada. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa solo se concretó a manifestar que: - Los agravios planteados por su contraria en el sentido de que únicamente debe considerarse la cantidad de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.) para la liquidación de las costas, se trata de una cuestión resuelta en el juicio de amparo indirecto 437/2021. - La Juez natural fijó una garantía de efectividad al impetrante en $2´500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), considerando la suma asegurada, respecto de lo que se pidió la reducción; pero que se trata de cuestiones diferentes; aunado a que en aquel momento la reo no negó o afirmó que el monto del juicio no fuera por el total del monto asegurado; aunado a que, a su contraria se le dejó de recibir una prueba respecto de ello. - Conforme al artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria al Código de Comercio, tratándose de acciones personales en donde no se pide una prestación económica, la competencia por cuantía se determina por el valor del negocio. - La parte demandada ha actuado de mala fe porque pretendió rescindir un contrato de seguro alegando hechos falsos. - Los agravios de su contraria son inoperantes por insuficientes porque no combatieron la totalidad de los razonamientos de la interlocutoria del juez primigenio y se limitan a reiterar lo manifestado en su contestación. - La autoridad responsable varió completamente su criterio respecto del primer cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo ..., sin que así se hubiera señalado en la sentencia del amparo...., además de que no se le pidió variar su valoración ni cambiar el sentido, sino complementar la resolución para incluir las prestaciones que sí fueron estimadas en una cuantía determinada. - No se le ordenó que dejara de considerar el monto máximo asegurado sino que también tomara en cuenta las prestaciones determinadas, de manera conjuntiva, no disyuntiva. - El acto reclamado no es acorde a la ejecutoria de amparo porque sólo tenía la orden de completar de acuerdo a la citada Jurisprudencia. Cuando, en el caso, debió argumentar por qué sí, su plantilla se había formulado correctamente conforme al valor de las prestaciones reclamadas, es decir, que algunas correspondían a una naturaleza determinada y otra indeterminada. Igualmente, pudo citar que era dable considerar los $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) de la suma máxima asegurada, más el monto que se condenó a pagar en la sentencia, a partir de que sí tiene a su favor una deuda líquida, vencida y exigible, y para ello evidenciar que se condenó al pago de 50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.). También debió señalar porque es incorrecto que las prestaciones 1, 2 y 3, versaron sobre la declaración de que no surtió efectos la rescisión del contrato de seguro, su cumplimiento y su renovación garantizada; que la 4, buscó el pago de los gastos incurridos por la actualización de la enfermedad. Incluso, debió combatir porque no se emitieron en la sentencia definitiva resolutivos distintos, con alcances propios y autónomos, para concluir que la primeras prestaciones eran de cuantía determinada y deba atenderse a la suma asegurada. Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De otro lado, también son inoperantes los conceptos identificados con el punto 1.8., donde el quejoso señala que es ilegal considerar sin materia la apelación adhesiva, porque debió estudiar en primer lugar sus agravios y de resolver que eran fundados, desestimar los de su contraria por inoperantes. En su apelación adhesiva el quejoso sostuvo que el importe de las prestaciones 1, 2 y 3 deriva del valor del contrato de seguro, es decir, la suma asegurada, que tiene una trascendencia patrimonial de $50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), mientras que la prestación 4 atiende a lo condenado de $31,308.52 (treinta y un mil trescientos ocho pesos 52/100 m.n.), menos el deducible y coaseguro; por lo que el monto del negocio es la suma de éstas cantidades. Lo anterior, pues señaló que debe ser considerado el importe que como riesgo la demandada se obligó a cumplir. Se afirma que son inoperantes, porque su procedencia se hace depender de la eficacia del motivo de queja que fue desestimado, por tanto, si éste no resultó procedente, los que se atienden también deben desestimarse; es decir, si como se vio, las prestaciones 1, 2 y 3 tienen una naturaleza indeterminada, sin que deba atenderse al monto de la suma asegurada del contrato de seguro, porque no existió reclamo en torno a ella; resulta irrelevante analizar la apelación adhesiva en la que señaló los puntos que fueron resueltos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." De ahí lo inoperante de los citados conceptos de violación. Así, se concluye que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra actos de la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, por los motivos establecidos en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de ..., apoderado de la moral tercera interesada ...; atento a su contenido, se tiene por invocada la improcedencia del juicio, hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y anunciadas las pruebas que refiere con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en mérito de lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Considerando que la presente determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición particular para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto específico del artículo 26 de la Ley de Amparo; por ende, se colige que es dispensable realizarles notificación por oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificar por lista a las responsables el contenido de este auto. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE.

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