Marcos Enrique Mejía Noriega
Expediente 819/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marcos Enrique Mejía Noriega
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el diez de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Ignacio Araujo Peralta, quien se ostenta defensor público federal de Marcos Enrique Mejía Noriega, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Control, con residencia en Culiacán, Sinaloa. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 819/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Solicitud de acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo y notificaciones vía electrónica. Se autoriza a Ignacio Araujo Peralta, la consulta del expediente vía electrónica a través del usuario "ignacioaraujoperalta"; lo anterior, una vez que el secretario actuante Isrrael González Cázarez, lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, para agregar al usuario que registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y usuario de mérito. Asimismo, como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica, de conformidad con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia. III. Domicilio y autorizados. Como lo solicitó la parte quejosa, téngase como autorizadas a Ana Glafira Rodríguez Valdéz, Jesús Óscar Blanco Medina y Rocío Hernández Rentería, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener acreditado estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En cuanto al correo electrónico que proporciona para oír y recibir notificaciones, no ha lugar acordar favorable su petición, en razón de que, conforme a la ley de la materia, no es un medio válido para llevar a cabo tal acto procesal, sin embargo, será considerado como herramienta de contacto para la atención del justiciable, en caso de resultar necesario. IV. Tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de "juicio en línea". Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. V. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que en la especie se surte de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen: El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada...". Por su parte, los artículos 3 y 6 de la ley de la materia disponen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Razón por la cual se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que en su artículo 2, fracción II, establece: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: . II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación;.". Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada de Ignacio Araujo Peralta, quien se ostenta defensor público federal de Marcos Enrique Mejía Noriega. Por lo que, es inconcuso que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de quien se ostenta apoderado legal de la moral quejosa, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica de quien se ostenta apoderado legal de la moral quejosa en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como parte quejosa, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019715, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018943, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." No es óbice a lo antes considerado que el escrito de demanda contiene una "Evidencia Digital de Firmado", que está conformada por el nombre de la persona, el número de serie del certificado digital utilizado y el estampado con la fecha y hora en la que se realizó el proceso de firma. Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan sus áreas administrativas, y el uso del correo electrónico institucional como comunicación oficial de doce de junio de dos mil veinte, dicha "Evidencia Digital de Firmado", es válida únicamente para la formalización de los instrumentos, oficios y demás documentación que generen las áreas administrativas a través del uso de la FIREL, como lo prevé el artículo 1 del citado acuerdo que es del tenor siguiente: "Artículo 1. El Presidente, las Consejeras y Consejeros, así como las y los titulares y demás servidoras y servidores públicos de las Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, podrán dar trámite con plena validez, a los instrumentos, oficios y demás documentos que emitan con la FIREL, conforme a las disposiciones señaladas en el Anexo Técnico de este Acuerdo. De conformidad con lo anterior, la FIREL tendrá la misma validez que la firma autógrafa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, por Áreas Administrativas debe entenderse tanto áreas administrativas como órganos auxiliares. Lo anterior resulta también aplicable a las determinaciones que se adopten por los órganos colegiados del Consejo de la Judicatura Federal, incluyendo al Pleno, las Comisiones, la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, y los distintos Comités previstos en los acuerdos generales que rigen la actividad administrativa del propio Consejo." Finalmente, también es importante destacar que conforme a los artículos 3, párrafos primero, cuarto y quinto, de la Ley de Amparo y los diversos aplicables de los acuerdos generales que regulan la tramitación del juicio de amparo en forma electrónica, el único medio habilitado para presentar demanda de amparo por esa vía es el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que con ello se dota de certeza jurídica a la actuación procesal y a las partes, ya que permite que el receptor identifique de manera fiable y segura al autor del documento electrónico remitido, toda vez que puede constatarse si el certificado de la firma respectiva es reconocido, vigente y válido, lo que se hace constar en la evidencia criptográfica correspondiente, la que no contiene el escrito constitucional de cuenta. Es aplicable a lo anterior jurisprudencia 2a./J. 41/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viernes el siete de julio del presente año, en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto: "RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE NO ES VÁLIDA MEDIANTE EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a decisiones contradictorias al analizar si en el juicio de amparo es posible interponer recursos por medio del correo electrónico institucional de los Juzgados de Distrito, pues mientras un Tribunal Colegiado consideró que en el juicio de amparo únicamente es posible interponer recursos a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el otro Tribunal Colegiado estimó que, en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se habilitó el uso del correo electrónico para presentar recursos. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la interposición de recursos en el juicio de amparo, vía electrónica, debe realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que no es posible hacerlo mediante el correo electrónico institucional de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, ya que no permite verificar que el promovente cuente con firma electrónica válida y vigente. Justificación: Conforme a los artículos 3, párrafos primero, cuarto y quinto, así como 80, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo y los diversos aplicables de los acuerdos generales que regulan la tramitación del juicio de amparo en forma electrónica, el único medio habilitado para interponer recursos por esa vía es el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que con ello se dota de certeza jurídica a la actuación procesal y a las partes, ya que permite que el receptor identifique de manera fiable y segura al autor del documento electrónico remitido, toda vez que puede constatarse si el certificado de la firma respectiva es reconocido, vigente y válido, lo que se hace constar en la evidencia criptográfica correspondiente. Ahora, cuando la remisión del recurso se lleva a cabo a través de la dirección de correo electrónico institucional de los órganos jurisdiccionales tales aspectos no pueden corroborarse, ni se asienta constancia de ello en documento alguno. Además, de los distintos acuerdos generales emitidos en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se advierte que no se habilitó el uso del correo electrónico institucional para la interposición de recursos en el juicio de amparo." Bajo ese tenor, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. VI. Se autoriza la utilización de medios electrónicos. Se autoriza utilización de celular, lector óptico, fotográfico, scanner o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con apoyo en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VIII. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73,113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. IX. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese vía electrónica.
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