Marcos Enrique Cota Baca

Expediente 273/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
273/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Marcos Enrique Cota Baca

Actuaciones

  1. Principal

    Ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento legal, en contra del auto dictado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Una vez analizado el presente asunto.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Marcos Enrique Cota Bacacontra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27, con sede en Guasave, Sinaloa. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente a registro de juicios de amparo, con el número 273/2023 que es el que cronológicamente le corresponde y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe de desecharse la demanda como se verá a continuación. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A ese respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27, con sede en Guasave, Sinaloa, en el cual, se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del auto que admite la acción de nulidad de testamento agrario correspondiente a la ejidataria María Esther Vaca Apodaca, de fecha de doce de junio de dos mil diecisiete, formulado en contra del quejoso; no es de imposible reparación. En efecto, los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Los preceptos citados establecen la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación y se agoten los recursos ordinarios respectivos. Lo anterior, razonado a contrario sensu, permite sostener que la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio puedan tener una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva; ello, porque con el acto emitido por la autoridad no se afecten de manera inmediata derechos sustantivos. En efecto, en diversas ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha definido que son actos de imposible reparación aquellos que de una manera inmediata lesionan el interés de una de las partes en el juicio, y que tal afectación perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en ésta, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. Además, es menester exponer que el máximo tribunal del país, ha establecido en diversas ejecutorias, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esta afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la prerrogativa de que se trata. En contraposición a lo anterior, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulta afectado, obtiene sentencia a su favor. En el caso, la determinación dictada dentro del expediente ********************del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27, con sede en Guasave, Sinaloa, de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el cual, se desecha el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del auto que admite la acción de nulidad de testamento agrario correspondiente a la ejidataria María Esther Vaca Apodaca, de fecha de doce de junio de dos mil diecisiete, formulado en contra del quejoso; no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de la fracción V, del numeral 107 de la ley de la materia, pues en este momento procesal el hecho que se haya desechado el incidente de referencia, en nada le irroga perjuicio irreparable al aquí quejoso, dado que no le está impidiendo el ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente. Así, con base en las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que ocasionaran un perjuicio irreparable inmediato, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo dicho, equivale a situar lo establecido en la porción normativa en estudio, bajo la condicionante de aquellos supuestos en los que por una parte, el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo y que le cause al justiciable una afectación tal que no sea reparable en sentencia; y por otra, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión ésta, antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y estará el afectado en posición de controvertir a través del medio de impugnación correspondiente el acto que le acuse perjuicio. Aún más, de acuerdo a los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, definió que la actual legislación de la materia en su numeral 107, fracción V, literalmente dispone qué es lo que se entiende como un acto de imposible reparación y que lo explica como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales. Sobre esa base prescrita por el legislador y acotada por nuestro órgano supremo de impartición de justicia, puede afirmarse que las violaciones procesales que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables, en su caso, vía amparo directo. Por lo anterior, los actos procesales (sucedidos dentro de un juicio, hasta antes de emitirse la resolución en definitiva), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan inmediata y directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de los derechos humanos, por lo que en este supuesto no pudieran repararse las violaciones que en determinado caso llegasen a cometerse a través del amparo directo; lo que no ocurre tratándose de otro tipo de resoluciones, a saber, aquellas respecto de las que sus efectos se contraen exclusivamente a consecuencias dentro del proceso, esto es, son de naturaleza intraprocesal, de tal manera que al ser violaciones ocurridas en la secuela procesal, deben ser reclamadas hasta que se dicte la resolución definitiva en caso de que ésta sea desfavorable, por medio del juicio de amparo directo, previa impugnación a través de los recursos ordinarios. Así la cosas, debe puntualizarse, que del escrito de demanda se advierte que se reclama lo siguiente: "[.] EL AUTO Y/O ACUERDO DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2023, mediante el cual Desecho el Incidente de NULIDAD DE ACTUACIONES promovido por el suscrito en el expediente 06/2023, con el cual viola en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Agraria en vigor, y mis derechos humanos y mis garantía Individuales consagradas en el artículo 1ro, 14, 16 y fracción I, del artículo 103 Constitucionales, y por ello no se encuentra fundado ni motivado conforme a derechos, dejándome en un estado de indefensión.- B).-Constituye también acto reclamado a esta autoridad responsable, el auto y/o acuerdo de fecha 23 de enero del año 2023, que dicto en el Expediente agrario 06/2023." Como puede verse en el caso, la parte aquí quejosa, en esencia reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27, con sede en Guasave, Sinaloa, el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del auto que admite la acción de nulidad de testamento agrario ejidal. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado no es de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por medio de las garantías individuales o derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen. En esa medida, lo acordado por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27, con sede en Guasave, Sinaloa, en proveído veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del auto que admite la acción de nulidad de testamento agrario correspondiente a la ejidataria María Esther Vaca Apodaca, de fecha de doce de junio de dos mil diecisiete, formulado en contra del quejoso, no es un acto de imposible reparación, pues como se advierte de la propia demanda, el impetrante de amparo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo impugnado corresponde al auto de admisión de la acción de nulidad de testamento formulada en su contra, en el expediente ********************del índice de la autoridad responsable, así como en el apartado de solicitud de la suspensión del acto reclamado, reintera que el mencionado juicio de origen se encuentra en trámite, por lo que se evidencia que dicho juicio se encuentra en substanciación y por ende, no causa un perjuicio irreparable al impetrante, toda vez que será hasta el dictado de la sentencia cuando se delimitaría si lo resuelto por la autoridad responsable trasciende o no a su esfera jurídica. Ahora bien, suponiendo que la parte quejosa no obtuviera sentencia definitiva favorable, las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante el curso del procedimiento y de la celebración de la audiencia que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándolo en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en su momento procesal, en la vía de amparo directo, a través de los conceptos de violación que en su caso haga valer, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe decirse que los artículos 34, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, otorgan a la parte interesada, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Esto tiene como efecto, evitar que durante la tramitación del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan, a demandar el amparo por la vía indirecta, a fin de evitar entorpecer el curso natural de los juicios. Luego será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia del juicio de origen, cuando la determinación reclamada pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la autoridad responsable y, por ello, hasta entonces se podría actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos ni constituye supuesto de excepción previsto por la norma, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Luego, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparo notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marcos Enrique Cota Baca, por actualizarse la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Téngase por señalado para oír y recibir notificaciones en los estrados de este juzgado, y por autorizado al licenciado Luis Rosario Heredia Ibarra. teniendo en consideración que el presente juicio es de naturaleza administrativa, y no se encontró la cédula profesional que acredite en el legal ejercicio de la profesión de licenciado en derecho a Rosario Geovani Heredia Puente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a través del acuerdo 24/2005, y en la demanda de amparo no se proporcionan los datos correspondientes para ejercer dicha profesión; téngasele por autorizado para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de autos, en tanto realiza el registro correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo. hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Conforme con lo establecido en los artículos 3º de la Ley de Amparo, así como 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a realizar la digitalización del presente auto y promoción acordada en el mismo, en el expediente electrónico.

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