Marcos del Villar Guadarrama

Expediente 359/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
359/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Zacarias Castrejón
  • Marcos del Villar Guadarrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General; en términos de lo establecido en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. No se ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Finalmente, por lo anterior, devuélvanse las documentales remitidas por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 359/2023, promovido por Marcos del Villar Gu********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado legal********************, contra actos del Presidente Ejecutor y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el diez de marzo de dos mil veintitrés, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Marcos del Villar Gu********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado legal********************, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables Acto reclamado Presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos; y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos; La omisión de dictar resolución que imponga la medida de apremio consistente en la multa decretada mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós a que se hizo acreedor el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, por incumplimiento al laudo condenatorio en el juicio laboral ********************, y dársela a conocer personalmente. SEGUNDO. El catorce de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 359/2023, previno la demanda de amparo y una vez desahogada la prevención, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar resolución que imponga la medida de apremio consistente en la multa decretada mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós a que se hizo acreedor el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, por incumplimiento al laudo condenatorio en el juicio laboral ********************, y notificar la misma. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron la existencia de la omisión que se les reclama. No obstante la negativa emitida por las autoridades responsables, es dable advertir la certeza del acto reclamado a dicho Tribunal, lo anterior con base en el examen del informe rendido por dichas autoridades, pues del mismo se advierten razonamientos o circunstancias de las que se desprende que el acto reclamado sí existe, por lo que, la negativa aducida en el informe justificado se desvirtúa y este órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados, pues se reitera se evidencia la certeza del acto del contenido del informe rendido y se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral ********************; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictó proveído mediante el cual declaró procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, mismo que no se evidencia haya sido notificada a la parte quejosa. De ahí que deba tenerse por cierta la omisión que se le atribuye. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza una causa de improcedencia que es de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En efecto, este juicio de amparo es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Para mejor entendimiento de la causal invocada, debe acotarse que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En ese sentido, de las constancias que obran en autos, se advierte que el catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitió la resolución en la cual declaró procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el incumplimiento al laudo condenatorio dictado en el juicio laboral ********************, diligenciado el quince de diciembre de dos mil veintidós. Cabe destacar que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el diez de marzo de dos mil veintitrés, por ello, no obstante que a esa fecha ya se había emitido la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************, la conducta omisiva deriva de que no había sido enterada la parte quejosa de dicha determinación. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión de dictar la resolución que impone la medida de apremio, ya había sido emitida el catorce de febrero de dos mil veintitrés, pero la parte quejosa no tenía conocimiento de ésta; por lo que debe considerarse que a la fecha de la presentación de este juicio de amparo la omisión atribuida a las autoridades responsables, sí existía. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado. Bajo esa tesitura, si bien la autoridad responsable no acompañó la constancia relativa a la notificación de la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, ello no es un obstáculo para arribar a la anterior determinación, puesto que al rendir su informe justiciado, con el cual se dio vista a la parte quejosa, con dicha circunstancia la parte impetrante de amparo quedó enterada de su emisión. Por tanto, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada a las autoridades señaladas como responsables, pues dicha omisión quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa tesis, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marcos del Villar Gu********************, ******************** y ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite las copias certificadas requeridas; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte y por satisfecho el requerimiento que se le hizo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, con el oficio con anexo de cuenta, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el volumen de las documentales que anexa, fórmense dos anexos por separado, ello para el mejor manejo del expediente en que se actúa, los cuales podrán ser consultados por las partes en el momento en que los soliciten. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no obran las constancias requeridas a la responsable mediante auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, ni el acuse de recibo del oficio por el cual se le requirieron; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano