Marcos Dayan Tawil

Expediente 1057/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1057/2013
Año
2013
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2015

Partes del expediente

  • Marcos Dayan Tawil

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley a la parte quejosa, a fin de que se inconformara respecto al proveído de trece de marzo de dos mil quince, por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO... envíese al archivo....

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término concedido a la quejosa mediante comparecencia de treinta de enero del corriente año (foja 586), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil catorce (fojas 431 a 467), este Juzgado Federal concedió al impetrante del amparo Marcos Dayan Tawil, para que la Ley 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que establece la contribución especial por el servicio de alumbrado público, denominado Derecho de Alumbrado Público (DAP), concretamente en sus artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91, no le fuera aplicada y no se le exigiera el pago de tal concepto, deducido del suministro de energía eléctrica proporcionado bajo el número de servicio 320 070 806 716, y dado que acreditó que enteró el controvertido gravamen (foja 16), también el efecto inmediato del fallo protector fue que las exactoras municipales responsables le hicieran la devolución de la cantidad de $5,915.11 (cinco mil novecientos quince pesos 11/100 moneda nacional), que pagó por tal concepto, la que debía devolverse debidamente actualizada hasta la fecha en que se verificara su entrega a la parte quejosa o su consignación ante este Juzgado. En ese contexto, a través del proveído de tres de diciembre de dos mil catorce (fojas 508 y 509), y por virtud del oficio sin número (foja 503), que remitió el Superintendente General de Zona Acapulco de Comisión Federal de Electricidad, residente en esta ciudad, del que se advertía que del historial de facturación de la cuenta con número de servicio 320 070 806 716, aparecía pagada la contribución especial por el servicio de alumbrado público, en el ejercicio fiscal de dos mil trece, en el Municipio de Acapulco de Juárez, por la quejosa de referencia, respecto de los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil trece, y dado lo asentado en el párrafo que precede, se requirió a las autoridades responsables para que también devolvieran al impetrante de garantías la cantidad de $11,897.51 (once mil ochocientos noventa y siete pesos 51/100 moneda nacional), que enteró por tal concepto, y que es la suma de la cantidad de $5,915.11 (cinco mil novecientos quince pesos 11/100 moneda nacional), en los meses de septiembre y octubre, así como $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 moneda nacional), que enteró por dicho concepto en el mes de diciembre, relativo al número de servicio 320 070 806 716; cantidad que debía devolverse debidamente actualizada. En cumplimiento a lo anterior, la delegada de las autoridades responsables municipales, mediante oficios números DJUP-03/7057/2014 (foja 527 a 530), así como los diversos DJUP-03/0293/2015 (fojas 559 a 562) y DJUP-03/0445/2015 (fojas 576 a 579), remitió los cheques números 0241955, 0252914 y 0252990, por las cantidades de $6,222.10 (seis mil doscientos veintidós pesos 10/100 moneda nacional), $6,267.97 (seis mil doscientos sesenta y siete pesos 97/100 moneda nacional) y $6,249.31 (seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 31/100 moneda nacional), a nombre del quejoso Marcos Dayan Tawil, que erogó por concepto de Derecho de Alumbrado Público; documentos cambiarios que recibieron Eduardo Mezas Reyna y Mónica Leonor Toscano Noriega, apoderado legal y autorizada de la parte quejosa, mediante comparecencias de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, veintiséis y treinta de enero de dos mil quince (fojas 537, 572 y 586). Asimismo, por oficio sin número (foja 522), que remitió la delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, informó que no se le aplicará a la quejosa de referencia, la Ley 132 de ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que establece la contribución especial por servicio de Derecho de Alumbrado Público (DAP), en sus artículos 83 al 91, ni se le exigirá tal concepto. De las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, este Juzgado Federal concedió al impetrante del amparo Marcos Dayan Tawil, para que la Ley 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que establece la contribución especial por el servicio de alumbrado público, denominado Derecho de Alumbrado Público (DAP), concretamente en sus artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91, no le fuera aplicada y no se le exigiera el pago de tal concepto, deducido del suministro de energía eléctrica proporcionado bajo el número de servicio 320 070 806 716, y dado que acreditó que enteró el controvertido gravamen (foja 16), también el efecto inmediato del fallo protector fue que las exactoras municipales responsables le hicieran la devolución de la cantidad de $5,915.11 (cinco mil novecientos quince pesos 11/100 moneda nacional), que pagó por tal concepto, la que debía devolverse debidamente actualizada hasta la fecha en que se verificara su entrega a la parte quejosa o su consignación ante este Juzgado; además, de la diversa cantidad de $11,897.51 (once mil ochocientos noventa y siete pesos 51/100 moneda nacional), requerida en proveído de tres de diciembre de dos mil catorce (fojas 508 y 509); debidamente actualizada. En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanzaba a las autoridades responsables que concurrieron en la expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de la aludida ley, no implicaba por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento al fallo protector. De las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese el escrito firmado por Mónica Leonor Toscano Noriega... devuélvanse los documentos a que hace referencia, previa copia certificada que se deje agregada en autos, así como identificación y firma que se otorgue.

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