Marcos Daniel Vergara jurado

Expediente 359/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
359/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Marcos Daniel Vergara jurado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio suscrito por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite, testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 102/2021, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto.". Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el promovente de amparo, a través de su autorizado, contra el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno; el cual quedó registrado con el número 102/2021. Por otra parte, atendiendo a la petición que realiza la superioridad, respecto a la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado, se comisiona a la analista jurídico SISE, para que la realice. De lo anterior, hágase del conocimiento del citado tribunal.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito recibido vía electrónica por medio del cual el defensor del aquí quejoso **********, interpone recurso de queja contra el auto de siete de mayo del año en curso, en el cual se desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito original de agravios, copia simple del mismo y copia certificada del presente sumario. Háganse las anotaciones respectivas. Se requiere al Secretario y oficial administrativo encargado del expediente para que previo a la remisión del oficio respectivo, verifiquen que se adjunten los documentos y anexos necesarios para resolver.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por ***; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 359/2021-I-B. ACTO RECLAMADO Del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso señala como actos reclamados: El ilegal traslado, así como la incomunicación como consecuencia de dicho traslado. SE DESVIRTÚA URGENCIA Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo y a lo manifestado por defensor del directo quejosos bajo protesta de decir verdad, se colige que contrario a su dicho los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables no constituyen actos de malos tratos, penas crueles o degradantes o ni ningún otro prohibido por el artículo 22 constitucional y que justifique el actuar inmediato por parte de este órgano jurisdiccional. Es decir, de lo narrado se obtiene que la incomunicación que refiere fue como consecuencia del traslado que reclama. DESECHAMIENTO. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a consideración del suscrito se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, de los cuales se obtiene lo siguiente: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esa ley. 2) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 3) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 4) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas, deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de persona sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 5) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 6) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 7) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 8) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 9) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. Conforme a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva. Al respecto conviene puntualizar que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. En ese tenor, conforme a las consideraciones jurídicas, expuestas anteriormente, es factible arribar a la conclusión que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el juez de control o ejecución, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado, situación que el amparista omitió realizar; ya que incluso, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad, en su carácter de procesadas o sentenciadas, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la latente orden de traslado involuntario que por esta vía reclama el peticionario del amparo, cuenta con un medio de defensa, mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución, por la que puede hacer patente que está a punto de cambiar sus condiciones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión. Máxime que el procedimiento a que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice dicha causa, a saber: a) El acto de autoridad, se encuentra satisfecho, ya que el acto según aduce el quejoso el traslado sin previo aviso fue ejecutado por personal carcelario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez. La función de la autoridad ante citada es de carácter administrativo, por no formar parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito. b) La procedencia de un medio ordinario de defensa, previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, también se encuentra satisfecho, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un mecanismo de control (medio de defensa) ante el juez de control que, incluso, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación si así lo desea el quejoso o bien, existiendo la determinación judicial puede, ahora sí, acudir al amparo. c) La igualdad de requisitos para conceder la suspensión, la cual colma, porque el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez presentado el escrito ante la administración del juzgado de ejecución con el relato de inconformidad, a petición de parte o incluso de oficio si se trata de un caso urgente -como en el caso-, el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión de inmediato ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Por tanto, a consideración del suscrito resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, ya que -como se vio- se encuentran facultados para conocer de las órdenes de traslado, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No se soslaya la existencia de los criterios jurisprudenciales de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA" y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Sin embargo, el primer criterio citado fue adoptado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (diecisiete de junio de dos mil dieciséis), en tanto que el segundo, a pesar de que fue emitido con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en comento, no menos cierto es que los hechos o acontecimientos fácticos que dieron origen a la misma, acontecieron antes del inicio de vigencia de la multicitada legislación de ejecución; por tanto, específicamente en lo relativo a la orden de traslado que se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, tales criterios resultan inaplicables al caso en concreto, pues ahora existe un procedimiento especial a seguir para su emisión, que conduce a estimar diversos parámetros a efecto de impugnar la legalidad de la determinación de traslado, máxime que el traslado reclamado tuvo verificativo -de acuerdo con los antecedentes que narró el quejoso bajo protesta de decir verdad- el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, data en la que ya se encontraba vigente la normatividad nacional citada. En similares términos se ha pronunciado la Primera Sala del Tribunal Más Alto de este País, al resolver la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 837/2019, quien estimó al resolver el recurso de queja identificado con el número 36/2020, que los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del |citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Toda vez que el defensor del aquí quejosos señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado, Atizapán de Zaragoza, Estado de México; con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez o Lerma). MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesal) los correos electrónicos federicoballhausen@yahoo.com.mx y federicoballhausen@gmail.com, para efectos del sumario en que se actúa. Como lo solicita se autoriza la consulta del presente expediente electrónico con el número de usuario "1022946". AUTORIZADOS En relación a la persona que designa como autorizado; dígase que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. En términos del Acuerdo General 1/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Finalmente, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán general su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano