Marcos Daniel Esquivel Morgan

Expediente 1564/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1564/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Marcos Daniel Esquivel Morgan

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta suscrito electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite la ejecutoria emitida en sesión celebrada el diez de noviembre del año en curso, en el recurso de queja ******************** en la que se resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Por tanto, acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, será destruido. Asimismo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió con su demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente principal. En el entendido que al comparecer a recoger los documentos de mérito, deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma para ésta última ser glosada a los autos. Una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que se encontraban señaladas las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, derivado de la suspensión de labores, se procede a emitir hasta esta fecha el acuerdo correspondiente. En esas condiciones, se fijas las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que resulte necesario notificar de forma personal a las partes, pues la fecha señalada para la audiencia constitucional se ha fijado con tiempo suficiente para que las partes tengan conocimiento de la misma. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, copia del escrito de cuenta, por el que el quejoso ********************interpone recurso de queja contra el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, y formula agravios. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del numeral 101 de la legislación invocada, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Ahora, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, el ocurso en donde el promovente interpone el recurso de queja y expresa agravios, copia de éstos, así como copia certificada de las actuaciones que integran el presente juicio. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa para que, verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA II RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Marcos Daniel Esquivel Morgan, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 1564/2023-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que el quejoso Marcos Daniel Esquivel Morgan, por esta vía reclama, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra el diez de junio de dos mil veintitrés, con motivo del auto de vinculación a proceso por el delito de violación en agravio de la víctima de iniciales L.O.E.F. dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 711/2023. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo, asimismo, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional. De lo expuesto, es válido afirmar que respecto del citado acto combatido, el ahora quejoso tuvo conocimiento desde el diez de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que le fue impuesta la media cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 711/2023, la cual al haberse emitido en audiencia surte efectos de notificación. En ese sentido, es dable considerar que el diez de junio de dos mil veintitrés, el peticionario de amparo fue notificado del acto que ahora reclama; lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el primer supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Entonces, si el promovente de amparo conoció de tal acto desde el diez de junio de dos mil veintitrés, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el trece de junio al tres de julio de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia. De lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue depositada en buzón judicial el veintiséis de septiembre del año en curso; de ahí que, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No constituye un obstáculo a lo anterior, la ejecución del acto reclamado, aun cuando ésta se traduzca materialmente en que el peticionario de amparo sea privado de su libertad personal; máxime que, a pesar de esa condición, el quejoso deben someterse o sujetarse, entre otros supuestos, a los plazos establecidos en la Ley de Amparo- pues la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que combate es atribuida a una autoridad judicial del procedimiento penal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Tomo I, Mayo de 2015, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así como la tesis I.9o.P.85 P (10), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1718, Tomo II, Julio de 2015, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marcos Daniel Esquivel Morgan, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, toda vez que el quejoso señala como domicilio su centro de reclusión, pero cuenta con autorizados para los mismos términos; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos restringidos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Rivas Cortez, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; toda vez, porque no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Motivo por el cual, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano