Marcos Conde Hernández

Expediente 1104/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1104/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Marcos Conde Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Marcos Conde Hernández, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16, 18, 21 y 22 de la Constitución. RADICACIÓN Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1104/2019-VI, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso soslayó respetar el principio de definitividad, al omitir combatir el acto reclamado, mediante el recurso denominado petición administrativa, previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. En ese tenor, como un primer punto, debe precisarse que del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. La Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Cabe acotar, que cuando la ley en comento, se refiere a condición de internamiento, es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, y desde luego, que los traslados se ven inmersos al respecto, pues no dejan de ser también una cuestión de internamiento en sentido amplio....Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad..... El mismo mecanismo de control en comento, faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, por lo que inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser representadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación.... Asimismo, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. De igual forma, cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato que realice las acciones correspondientes. Asimismo, establece que contra la respuesta del juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Con motivo de ello, cabe concluir, que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo directo..... En esas condiciones, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a la vía constitucional, el quejoso debió observar el principio de definitividad porque en contra del acto reclamado (orden de traslado y su ejecución) la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial efectivo, por virtud del cual es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto de la procedencia de su traslado. En ese orden de ideas, se DESECHA la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Cabe precisar que similar criterio sostuvieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 284/2019, de su índice; así como en la resolución emitida dentro del expediente de queja 38/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del referido Circuito; resoluciones que se tienen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse almacenada y capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.....

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