Marcos Chico Pozo

Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
681/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Marcos Chico Pozo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Marcos Chico Pozo, hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 681/2022-9, promovido por **********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 17, 116 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, mismo que fue recepcionado el nueve siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el diez del mismo mes y año, Marcos Chico Pozo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de dieciséis y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, así como de la diligencia de reinstalación señalada para las trece horas del dos de mayo del mismo año, en el juicio laboral 740/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Jefe de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 681/2022-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de dieciséis y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, así como de la diligencia de reinstalación señalada para las trece horas del dos de mayo del mismo año, en el juicio laboral 740/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados, aun cuando lo haya negado en el informe justificado el Magistrado Presidente del referido órgano jurisdiccional, ya que de las copias certificadas que remitió del aludido expediente laboral, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no se habían llevado a cabo las diligencias de mérito. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, esta juzgadora advierte que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 del aludido ordenamiento jurídico, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Porción normativa que debe relacionarse con la fracción X del propio dispositivo, en cuanto a los elementos que la configuran, es decir, la acción constitucional será improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Al respecto, cabe precisar también que el término "ejecutoria en otro juicio de amparo", constituye el presupuesto de la figura jurídica de la cosa juzgada, que la doctrina ha definido como la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial, cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibilidad, la inmutabilidad y la irrevisabilidad en otro proceso posterior. En materia de amparo, la cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia ejecutoria contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se resuelva la controversia en lo principal y que en el juicio posterior exista identidad de partes y acto reclamado, en relación con el primer juicio de amparo. Su justificación parte de la intención del legislador de evitar el estudio reiterado de una misma acción constitucional, pues de lo contrario se afectarían los principios de seguridad jurídica, debido proceso y firmeza de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, que resultan inmodificables, irrecurribles e inatacables, porque constituyen la verdad legal; además, conllevaría también una transgresión al orden constitucional (artículo 17), en virtud de que implicaría retrasar los procedimientos, obligando a los tribunales a examinar juicios ociosos y permitir el abuso del juicio de amparo en detrimento de la función jurisdiccional. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia 1a./J. 161/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 197 que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." En ese contexto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se observa que el acto reclamado en el presente asunto tiene como precedente el diverso juicio de amparo indirecto 623/2020-8 del índice de este juzgado federal. Con motivo de lo anterior, se consultó el expediente electrónico del precitado juicio constitucional, del que se obtiene que el quejoso es Marcos Chico Pozo. Asimismo, de los antecedentes del caso, se advierte que en la demanda de amparo relacionada con el aludido precedente, el impetrante refirió lo siguiente. ". 4.- Así, para efectos de que la responsable ejecutara el laudo de fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, por escritos de fecha veinte de octubre del año dos mil diecinueve y seis de enero de dos mil veinte, a través de mi apoderado legal Licenciado RAFAEL LÓPEZ CRUZ, solicite al Tribunal responsable que declarara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales y se dictara auto de ejecución del laudo, señalando fecha y hora para la reinstalación en el puesto reclamado, la entrega de la constancia de antigüedad y que requiriera al Ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $232,084.00 (doscientos treinta y dos mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N), que en cantidad liquida fue determinado en el laudo. 5.- En atención a la solicitud de ejecución del laudo condenatorio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, mismo que en su punto resolutivo SEGUNDO, ordenó darle vista a la parte demandada con la petición de ejecución del laudo condenatorio, que consideró como planilla de liquidación, señalando las doce horas del veintiuno de abril de dos mil veinte para la celebración de la audiencia incidental de liquidación, citando a las partes para que comparezcan a la audiencia incidental, el suscrito actor a ratificar mi planilla de liquidación y a ofrecer pruebas que acrediten las cantidades reclamadas, y a la parte demandada, para que alegar, objetar y ofrecer probanzas, que a sus intereses convenga en relación al incidente planteado. 6.- Por otra parte, la determinación de la autoridad responsable resulta ilegal e inconstitucional, porque inicia motu proprio un incidente de liquidación que nadie promovió, con lo cual, pretende revisar la condena de los pagos de las prestaciones liquidas de un laudo que ya causó ejecutoria y por lo tanto, es inimpugnable.". Al respecto, en sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó el referido juicio de amparo, por las consideraciones en ella planteadas. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Marcos Chico Pozo interpuso recurso de revisión registrado con el expediente 111/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, que en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintidós dictó sentencia, en cuyos puntos resolutivos estableció lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se decreta el Sobreseimiento en el juicio, en términos de lo expuesto en la consideración séptima de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARCOS CHICO POZO, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en la última consideración de este fallo". De dicha ejecutoria se obtiene que, la protección constitucional se otorgó para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejara insubsistente el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el cual ordenó la tramitación del incidente de liquidación de laudo, y en su lugar, emitiera otro, en el que, en atención a las solicitudes formuladas por el actor, dicte auto de ejecución en el que, además, ordene la reinstalación del actor y ejecute la misma. Como se puede advertir de lo expuesto, en la ejecutoria de mérito se atendió la pretensión del impetrante, relacionada con la ejecución del laudo dictado en el juicio natural, que comprende el pago de las prestaciones a que fue condenada la demandada, así como la reinstalación del trabajador. En el presente asunto, el quejoso tiene la misma pretensión, ya que reclama de la responsable, la omisión de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de dieciséis y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, así como de la diligencia de reinstalación señalada para las trece horas del dos de mayo del mismo año, en el juicio laboral 740/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Esto es, se trata de las diligencias de requerimiento de pago y reinstalación, que en el amparo en revisión precitado, se dijo que la responsable debía ordenar su ejecución, lo cual aún se encuentra en vías de cumplimiento en el juicio constitucional 623/2020-8 del índice de este juzgado federal, en donde el último proveído se emitió el nueve de junio de dos mil veintidós, en el que se requirió al tribunal en cuestión: ".a) Deje insubsistente el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el cual ordenó la tramitación del incidente de liquidación de laudo, y en su lugar emita otro, en el que, en atención a las solicitudes formuladas por el actor, dicte auto de ejecución en el que, además, ordene la reinstalación del actor y ejecute la misma". Por tanto, esta juzgadora considera que los actos reclamados en la acción constitucional intentada en el presente asunto, no puede ser objeto de una nueva revisión constitucional, ya que está relacionado directamente con la pretensión establecida y atendida en el fallo protector que se emitió en el precitado juicio de amparo, el cual fue promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por los propios actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales aducidas sean distintas. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquéllas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la copia certificada de diversas constancias inherentes al expediente laboral 740/2015, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, por proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se reservó acordar sobre las pruebas que ofreció la parte quejosa, consistentes en la instrumental de actuaciones y la documental consistente en el informe justificado que rinda la responsable y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, se acuerda: con fundamento en el precepto citado con antelación, se tienen por admitidas las aludidas pruebas, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficios 16566/2022 y 16567/2022 de once de los actuales, se solicitó informe justificado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y jefe de actuarios de dicho tribunal, autoridades responsables, mismos que recibieron el trece siguiente, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por lo que, a la fecha el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurre del dieciséis del precitado mes al tres de junio próximo, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Para dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose de nueva cuenta para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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