Marcos Castillo Luna

Expediente 1153/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1153/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Marcos Castillo Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de uno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 29 a 33). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Por otra parte, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral ******************** compuestas de un legajo de pruebas, que remitió la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, como complemento de su informe justificado (foja 29); en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese; y personalmente a las partes

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; atento a su contenido, se ordena devolver el expediente original del juicio laboral ********************compuesto de un tomo, toda vez que por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 29 a 33). Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Luego, para un mejor manejo del presente asunto, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, previa certificación que se realice, conservando el folio correspondiente. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualizan las causales de improcedencia que enseguida se analizan. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, *********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de las siguientes autoridades: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- La omisión de acordar la promoción ingresada en fecha 26 de abril del 2019, en la oficialía de partes de la responsable, con motivo del Laudo ejecutoriado dictado en el expediente laboral número 273/2007, del índice de ese Órgano Laboral,. 2.- La omisión de girar oficio de descuento, dirigido a la Autoridad Administrativa, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual se le requiera la retención de la partida presupuestal que recibe el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIUONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por concepto de gasto corriente y demás prestaciones,.." Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: [1] La omisión de girar oficio de descuento a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual se le requiera la retención de la partida presupuestal en el juicio laboral *******. [2] La omisión de acordar la promoción presentada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral *********. En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto del acto [2] se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remite al oficio que se provee, relativa al expediente laboral ********, se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó el escrito presentado por el apoderado de la parte actora el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral ********, en donde actualiza salarios caídos y requirió a la demandada para que realice el pago condenado y actualizado a esa fecha; con el apercibimiento correspondiente. Por tanto, la omisión que reclama la parte quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó el escrito presentado por el apoderado de la parte actora el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 273/2007; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado [2] al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Luego, respecto del acto [1] la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, manifestó que requirió al ayuntamiento demandado para que exhiba la cantidad que se le adeuda al actor. Ahora, de la constancia que adjunta, la cual merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Por tanto, en el capítulo de existencia, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de girar oficio de descuento a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual se le requiera la retención de la partida presupuestal en el juicio laboral 273/2007. De las constancias que adjunta la autoridad responsable al oficio de cuenta, se conoce que en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente se recomendó al ayuntamiento demandado para que provea lo conducente a efecto que del presupuesto de egresos que le fue asignado para el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, exhiba ante el Tribunal laboral la cantidad que le fue requerida. Por otro lado, de autos se advierte que el promovente presentó su demanda de amparo el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda la autoridad responsable no está en condiciones de girar oficio de descuento a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de la partida presupuestal en el juicio laboral 273/2007, dado que de autos se advierte que no existe la orden como lo señala el quejoso, sino existe una recomendación al ayuntamiento demandado para que provea lo conducente a efecto que del presupuesto de egresos que le fue asignado para el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, exhiba ante el Tribunal laboral la cantidad que le fue requerida. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado [1], en virtud que, es evidente que la autoridad responsable no está en aptitud de retener la partida presupuestal como lo solicita el quejoso, por no existir la orden como tal, pero lo que existe son requerimientos para que se cumpla con la condena, sin señalar de donde la obtenga, sino como una recomendación directa al ayuntamiento demandado. En consecuencia, como se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV y V de la Ley de Amparo. Conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO", existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formuló la quejosa al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 25 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 10 a 12), por el cual se solicitó dicho informe, lo que se corrobora con la constancia de notificación que obra en autos (foja 16). Por tanto, con independencia de la sanción a que pudiera hacerse acreedora al momento de resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que en termino de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles, autorizadas y en orden cronológico de la totalidad de las actuaciones de las cuales deriven los actos reclamados, que se hacen consistir en: "1.- La omisión de acordar la promoción ingresada en fecha 26 de abril del 2019, en la oficialía de partes de la responsable, con motivo del Laudo ejecutoriado dictado en el expediente laboral número ********************, del índice de este Órgano Laboral, incurriendo con ello en RETRASO E INACTIVIDAD PROCESAL en agravio de esta parte quejosa. 2.- La omisión de girar oficio de descuento, dirigido a la Autoridad Administrativa, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mediante el cual se le requiera la retención de la partida presupuestal que recibe el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por concepto de gasto corriente y demás prestaciones, que fue ordenada en el juicio natural, y cubrir el pago de mis prestaciones laborales." Toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día (foja 10 reverso), la misma se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

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