Marcos Benjamin Rodríguez Balderas
Expediente 191/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marcos Benjamin Rodríguez Balderas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juan Sánchez Contreras, Director General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de la Fiscalía General de la República, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, así como las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se le tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales conducentes y con relación a su contenido, dígasele que mediante auto de once de marzo del año en curso, se acordó sobre la misma información, por lo que deberá de estarse a lo ahí ordenado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El quince de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 626161006366. CUARTO. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 456/2021, y precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Durango ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales reclamadas," "Ley de ingresos del Municipio de Durango, para el ejercicio fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Durango Ayuntamiento de Durango del Estado de Durango Tesorero del Ayuntamiento de Durango del Estado de Durango Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 626161006366. Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Durango, del Estado de Durango, admitió a trámite la demanda por cuanto a las restantes autoridades, requirió los informes justificados respectivos, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Asimismo, se surte la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de este juicio, en virtud de que en la demanda inicial se reclamó la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de un cobro centralizado, además de que se señalaron a tesoreros de diferentes Municipios, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Durango: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Durango, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Durango, Durango: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 626161006366. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sin perjuicio de lo anterior, la representación del Gobernador y del Congreso, ambos del estado de Durango, negaron la inconstitucionalidad de los actos reclamados; circunstancia que podrá ser analizada al resolver el fondo de este asunto. Asimismo, debe mencionarse que las leyes no son objeto de prueba. Por tanto, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Dicha circunstancia se corrobora con la publicación de la ley impugnada en el Periódico Oficial del estado de Durango, así como del portal de internet oficial del Congreso de ese estado. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera, se cita la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, debe tenerse por inexistente el acto atribuido a las autoridades municipales, consistentes en el cobro por concepto de derecho de alumbrado público. Tal afirmación se corrobora con base en las constancias remitidas por la representación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con las cuales se puede verificar que no existió erogación alguna por parte de la moral quejosa relacionada con el derecho reclamado. En virtud de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, únicamente por cuanto al cobro por concepto de derecho de alumbrado público, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece que, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Asimismo, la parte quejosa fue omisa en desvirtuar la anterior manifestación, aun cuando se le dio vista para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, solamente por cuanto al acto de cobro del derecho de alumbrado público. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, consistente en la falta de interés jurídico del quejoso, debido a que no existe un acto de aplicación concreto de la norma reclamada. Ahora bien, para una mejor comprensión, en este apartado se estudiará, en primer lugar, el concepto de interés jurídico. Luego, se examinará la naturaleza heteroaplicativa de la norma tildada de inconstitucionalidad. Finalmente, se demostrará que, con base en las constancias que obran en autos, no se aplicó la norma reclamada, en perjuicio de la parte quejosa. 1. El interés jurídico como principio rector del juicio de amparo Para comenzar con el análisis del concepto de interés jurídico debe acudirse al contenido del artículo 5° de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece que el quejoso tendrá tal carácter cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conviene precisar que el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para precisar lo anterior, a continuación se cita la jurisprudencia número 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". 2. La norma que prevé el cobro por concepto de derecho de alumbrado público reclamada requiere de un acto de aplicación para ser impugnada en el juicio de amparo indirecto Ya que ha quedado precisado el concepto de interés jurídico, resulta importante acudir al contenido de los artículos 141 a 143 de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Durango, para el ejercicio fiscal 2021. Esto, a efecto de demostrar las razones por las cuales el cobro del derecho de alumbrado público es de naturaleza heteroaplicativa. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 141.- Son contribuyentes del Servicio Público de iluminación en las calles, plazas, parques, jardines y demás lugares de uso común, los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, contratados en las tarifas de baja, media y alta tensión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las que se lleguen a decretar. ARTÍCULO 142.- La tasa para determinar el monto de Servicio Público de Iluminación, será del 6% para los servicios de baja tensión y del 10% para los de media y alta tensión. Las tasas de derecho de aplicación, serán sobre la base del resultado de la aplicación de las cuotas vigentes de la energía eléctrica a los consumos realizados. ARTÍCULO 143.- El Derecho por Servicio Público de Iluminación será recaudado por conducto de la Comisión Federal de Electricidad y se aplicará de conformidad con los convenios que el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango celebre con dicha Institución". De los preceptos anteriores se desprende que los sujetos de pago del servicio público de iluminación son los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, contratados en las tarifas de baja, media y alta tensión. Se prevé que la tasa para determinar el monto de Servicio Público de Iluminación será del 6% para los servicios de baja tensión y del 10% para los de media y alta tensión. Asimismo, las tasas de derecho de aplicación serán sobre la base del resultado de la aplicación de las cuotas vigentes de la energía eléctrica a los consumos realizados. Finalmente, se contempla que el derecho por Servicio Público de Iluminación será recaudado por conducto de la Comisión Federal de Electricidad y se aplicará de conformidad con los convenios que el ayuntamiento de Durango celebre con dicha empresa. Con base lo anterior, los preceptos estudiados tienen el carácter de heteroaplicativos, porque requieren un acto de aplicación concreto. En efecto, tratándose de las leyes que establecen el pago de los derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, es necesario demostrar el acto de aplicación de la norma para estar en aptitud de impugnarla, es decir, su individualización, pues será hasta ese momento que se afectarán los intereses jurídicos de la quejosa y se estará en aptitud de impugnar la norma. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Las consideraciones anteriores encuentran soporte en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En ese sentido, la obligación de hacer impuesta en la legislación reclamada, no surge en forma automática con su sola entrada en vigor sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, que en el caso es el cobro del derecho de alumbrado público, el cual, en este asunto, por su sola entrada en vigor ninguna afectación causa a los intereses jurídicos de la quejosa por referirse a la prestación de servicios que ella no demuestra ni alega que haya utilizado. Esto es acorde a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 356/2013, en la cual, se sostuvo que las normas que regulan el cobro de la contribución por alumbrado público requieren de un acto posterior para que las personas resientan un perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, la decisión de este juzgador encuentra sustento en la jurisprudencia VI.3o.A. J/10, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que dice lo siguiente: "DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. La ley que establece este tipo de derechos, a diferencia de los que se generan por la obtención de un servicio público que presta el Estado en sus funciones de derecho público, tiene el carácter de autoaplicativa para todas aquellas personas que se encuentren dentro de la hipótesis de causación, como lo es, por ejemplo, la que establece el pago de cuotas por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en la que basta que se acredite que se cuenta con el título de concesión correspondiente y que se efectúa el pago de este tipo de derechos o que se tiene la obligación de hacerlo por su explotación, para que la norma, por su sola entrada en vigor, afecte los intereses jurídicos del usuario por estar en presencia de un acto de permisión del Estado por el cual los particulares llevan a cabo tales usos privativos o aprovechamientos, por lo que en estas circunstancias, no se necesita de ninguna condición adicional para justificar la individualización de la ley que establece o incrementa el pago de los derechos por esa actividad; de tal manera que para este tipo de personas las obligaciones que impone la norma surgen en forma automática, nacen con ella misma, sin que se requiera, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Hipótesis distinta sucede tratándose de la ley que establece el pago de los derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en la que sí es necesario demostrar el acto de aplicación de la norma para estar en aptitud de impugnarla, ya que cuando se recibe la contraprestación del servicio por parte del Estado es que, en su caso, se causa la afectación a los intereses jurídicos del usuario y se estará en aptitud de reclamarla si es que se estima inconstitucional, porque en esta hipótesis las obligaciones de hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, es decir, se trata de una disposición heteroaplicativa". Con base en lo anterior, se refuerzan las consideraciones en el sentido de que la ley reclamada en este juicio tiene el carácter de heteroaplicativa. Ahora, si bien la parte quejosa exhibió dos digitalizaciones de presuntas erogaciones realizadas por concepto de derecho de alumbrado público, a través del pago concentrado efectuado, lo cierto es que de las constancias que remitió la representación de la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad se advierte que, por lo que hace al número de servicio de suministro de luz de este juicio de amparo, no se realizó cargo alguno a la quejosa por concepto de "derecho de alumbrado público" durante los primeros meses de este año. Para acreditar lo anterior, resulta pertinente insertar la plantilla del Sistema Comercial SICOM de la mencionada empresa productiva, en la cual obran las facturaciones de energía eléctrica del año dos mil veintiuno, relacionadas con el número de servicio 626161006366., en las cual aparece que el importe por concepto de "ImporteDap" fue de $0.00 (cero pesos 00/100 m.n.). En consecuencia, ante la falta de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, puede concluirse que no existe un acto de aplicación susceptible de ser reclamado en esta vía. Así, la parte quejosa carece de un interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. De ahí que deba sobreseerse en el presente juicio de amparo, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que se actualizó una causal de improcedencia e las previstas en el diverso precepto 61 de la misma ley. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos señalados en último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintiuno de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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