Marcos Barajas Esquivel

Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
60/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Marcos Barajas Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio número 3230/2021, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno, dentro del conflicto competencial número 11/2021, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán, con residencia en Uruapan, del que se advierte que resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el juez Octavo de Distrito col residencia en Uruapan y el juez Noveno de Distrito con sede en Morelia, derivado del juicio de amparo..., del índice de primero de los mencionados. SEGUNDO. El juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residencia en Uruapan, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por..., por las razones contenidas en el último considerando de este fallo". Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 4447, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo de los oficios 3584/2021 y 3851/2021, con el que se le devolvieron los autos del juicio de amparo 341/2020, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por .., por propio derecho, así como los cuadernos incidentales; asimismo, informa que el treinta de marzo de dos mil veintiuno, planteó conflicto competencial entre el citado órgano jurisdiccional y este juzgado de Distrito, para conocer de la referida demanda de amparo, por lo que remitió dicho expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda; de lo cual se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de cuales se advierte que, por proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo que en derecho correspondiera con relación a la competencia planteada por el Juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, respecto del juicio de amparo 341/2020, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Marcos Barajas Esquivel, María del Refugio Ochoa Ceja, José Luis Barajas Chávez y José Luis Barajas Ochoa, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del estado y otras autoridades, hasta en tanto el órgano jurisdiccional declinante remitiera el original y duplicado del cuaderno incidental que se ordenó formar, o bien, copia certificada del mismo. Sin embargo, del análisis integral del juicio que nos ocupa, se obtiene que el Juez declinante en sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, declaró que carece de competencia legal para resolver por razón de territorio para conocer del juicio de amparo 341/2020, en síntesis, porque las autoridades ejecutoras que le otorgaban competencia negaron la existencia del acto reclamado, y la ordenadora, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del mismo. En ese sentido, este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, no acepta la competencia planteada por el Juez declinante, por las consideraciones que se expondrán a continuación: De las constancias del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la referida ley de la materia, a que hace alusión el juez de distrito declinante, no se surte en la especie para que sea aceptada la competencia declinada, de conformidad con el artículo 107, fracción VII, Constitucional, que textualmente señalan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.] 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la Ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el primero de los dispositivos legales en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ?? c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dado que las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa. En el caso, el Juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, consideró que carecía de competencia para seguir conociendo del juicio de amparo 341/2020 de su índice, en razón a que el acto que reclaman los quejosos consiste en una orden de aprehensión, dictada en su contra, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, así como que las autoridades responsables ejecutoras negaron la ejecución de dicha orden (a saber, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán; Fiscal Regional de Uruapan, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan), por lo cual, la misma tiene ejecución en el lugar de residencia de la ordenadora, en donde el Juez declinante no ejerce jurisdicción territorial, como lo establece el Acuerdo Plenario 3/2013. Sentado lo anterior, en la especie no se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, como sostiene el Titular del órgano jurisdiccional declinante, esto es, que la ejecución del acto reclamado debe tener lugar dentro de la circunscripción territorial en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, bajo el argumento de que la autoridad responsable ordenadora (Magistrado de la Novena Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado) tiene su residencia en Morelia, Michoacán. En efecto, de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable ordenadora y una de las ejecutoras (Fiscal General del estado de Michoacán) tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado; sin embargo, lo cierto es que desde su escrito inicial de demanda la parte quejosa hizo señalamiento de autoridades responsables ejecutoras en el lugar de residencia del Juez declinante (sin necesidad de que éste lo previniera para ello), es decir, en Uruapan y Los Reyes, ambos de Michoacán, lugares que corresponden a la circunscripción territorial del Juez declinante, entonces resulta inconcuso que aun cuando la autoridad ordenadora tiene su residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción, ello no implica que el Juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, carezca de competencia para conocer del asunto, toda vez que la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los Distritos, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular de los quejosos o, en cualquier parte donde los inculpados se encuentren. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 52/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el ????????????? quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán; Fiscal Regional de Uruapan, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, hayan negado la existencia del acto reclamado, y que los quejosos no hayan ofrecido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, toda vez que mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil veinte (acto impugnado en la presente vía), el magistrado responsable determinó modificar la resolución emitida por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, ahora denominado Juzgado Mixto de Primera Instancia, ordenándose la aprehensión de los quejosos; de ahí que, aun cuando el Juez responsable haya negado el acto reclamado, este está sujeto al cumplimiento de una determinación emitida por el Magistrado responsable, en acatamiento a una ejecutoria de amparo. Por tanto, si no se tiene certeza del lugar en que se ejecutará el mandamiento de captura reclamado, es inconcuso que el Juez competente para conocer de la demanda de amparo, es ante quien se presentó la misma, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en el presente asunto es el Juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIII.P.A.11 P (10a), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2769, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.". Así como el diverso establecido en la tesis XV.1o.33 P del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1305, cuyo tenor literal es el que sigue: "COMPETENCIA EN AMPARO TRATÁNDOSE DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CUYA EJECUCIÓN MATERIAL PUEDE SER EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA EN QUE SE ENCUENTRE EL INCULPADO. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA RELATIVA, A PREVENCIÓN, A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE ESAS JURISDICCIONES. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los Juzgados de Distrito, como en el caso sería las pertenecientes a la Procuraduría General de la República, que es a la que corresponde ejecutar las órdenes de aprehensión de su competencia, a través de la Policía Judicial a su cargo y de sus auxiliares, de conformidad con el artículo 196 del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta evidente que una orden de aprehensión puede tener ejecución material dentro de cualquier parte de la República en que se encuentre el inculpado, por ser de aquellos actos que, por su naturaleza, requieren de ejecución material, por tanto, será competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de Distrito de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo.". ????? Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía jurídica, la tesis jurisprudencial 1ª./J.12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Septiembre de 1995, página 97, cuyo tenor literal es el que sigue: "COMPETENCIA, ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero no señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar ese criterio, equivaldría dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del Juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." En tal contexto, dado que el acto reclamado es de los que requieren ejecución material y, como ya se dijo, la demanda de amparo en trato se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Michoacán, con residencia en Uruapan, la cual, por razón de turno, correspondió al Juzgado Octavo de Distrito, es inconcuso que dicho órgano jurisdiccional debe continuar conociendo del asunto y resolver lo que conforme a derecho corresponda, en términos del segundo párrafo, del invocado artículo 37 de la Ley de Amparo, pues fue este ante quien se presentó la demanda. Lo anterior se estima de ese modo, toda vez que la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito. Por tanto, el suscrito no acepta la competencia planteada, pues en el caso no se actualiza la hipótesis prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor. Consecuentemente al no aceptarse la competencia declinada, se ordena devolver la demanda aludida con sus anexos al Juez Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Sin que en el caso se ordene notificar de manera personal a la parte quejosa en virtud de que este juzgado no acepta la competencia planteada. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 15871 bis, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, al que adjunta el juicio de amparo número ********************, así como dos tomos de prueba, formado con motivo de la demanda promovida por Marcos Barajas Esquivel, María del Refugio Ochoa Ceja, José Luis Barajas Chávez y José Luis Barajas Ochoa, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia esta ciudad y otras autoridades, que hace consistir en: La orden de aprehensión que probablemente haya dictado en mi contra el ciudadano Magistrado de la Novena Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el expediente registrado como número ********************; en auxilio de la Octava Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación expediente número ******************** deducido del Proceso Penal número ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán -hoy denominado Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán-, instruido en contra de los impetrante (sic) de amparo -y otras personas- por la supuesta comisión del delito de Despojo de Inmueble cometido en agravio de ******************** y/o ********************; y la ejecución del libramiento de captura. Lo anterior en razón a que en sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, declaró que carece de competencia legal para resolver por razón de territorio para conocer del juicio de amparo ********************, puesto que las autoridades ejecutoras que otorgaban competencia a aquél órgano jurisdiccional, negaron la existencia del acto reclamado, y la ordenadora con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del mismo. Ahora bien, toda vez que la autoridad jurisdiccional de cuenta, mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, ordenó la apertura del incidente de suspensión por duplicado, los cuales no remitió, de conformidad con el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, previo a proveer lo conducente al avocamiento del citado juicio de amparo, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Federal oficiante, que de no tener inconveniente material alguno, se sirva remitir a este órgano jurisdiccional el original y duplicado del citado cuaderno incidental, o bien, copia certificada del mismo, a efecto de estar en condiciones de proveer lo relativo a la competencia planteada. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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