Marcos Avelar Alferez

Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
573/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Marcos Avelar Alferez
  • Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 573/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis ???????? meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. En ese sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que -de ser el caso- hagan valer lo que a su derecho corresponda e infórmese a la quejosa que transcurrido el plazo que prevé dicho numeral, correrá el término de prescripción del billete exhibido. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formaron los anexos del I al III; en esas condiciones, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 573/2021-IV, promovido por Marcos Avelar Alferez; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida el mismo día en este Juzgado, Marcos Avelar Alferez solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se registró la demanda bajo el expediente 573/2021-IV, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede y; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; es en ésta donde se presentó la demanda, reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y donde se emitió. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: ( El auto de trece de enero de dos mil veinte, emitido por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos en el expediente 319/2015-3 que ordenó remitir los autos a la Notaria Pública Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos para escriturar el bien inmueble adjudicado ubicado en Avenida Circunvalación, Número 44, Sección Primera del Fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, en Jojutla, Morelos en favor de la actora Banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero BBVA Bancomer. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además, con las documentales que exhibió como complemento al informe justificado, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el expediente 319/2015-3 relativo al Juicio Especial Hipotecario de origen constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia por ser una cuestión de estudio oficioso. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. Como premisa jurídica, se estima oportuno citar el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término general para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con las salvedades ahí descritas Por su parte, el artículo 18 de la legislación federal en consulta dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, ya que de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedora de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del artículo 18 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como sucede en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, como de conocimiento del acto reclamado, al haber existido una notificación formal en el juicio de origen, lo cual se demostrará más adelante. Precisado lo anterior, es oportuno exponer los antecedentes relevantes al caso, que se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen: El seis de agosto de dos mil quince Ana Karina Izquierdo Jiménez apoderada legal de Banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, presentó escrito de demanda en la vía especial hipotecaria en contra de Marcos Avelar Alferez; del que correspondió conocer al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos donde se radicó bajo el expediente 319/2015-3. Seguida la secuela procesal, el dos de octubre de dos mil quince se resolvió la aprobación del convenio judicial de reconocimiento de adeudo y obligación de pago celebrado del veintinueve de septiembre de dos mil quince, quedando a cargo del aquí quejoso el pago de la cantidad de $3,933,953.04 (tres millones novecientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos 04/100 M.N.). El diez de julio de dos mil dieciocho, a petición de la apoderada legal de Banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, inició la ejecución forzosa por lo que se procedió al remate del inmueble embargado ubicado en Avenida Circunvalación, Número 44, Sección Primera del Fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, en Jojutla, Morelos. Por escrito presentado ante el Juez responsable el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso designó personas autorizadas y señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estrados del juzgado. El quince de octubre de dos mil diecinueve se aprobó el remate del bien inmueble embargado y se adjudicó en favor de la parte actora. El veintiuno de octubre siguiente, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación contra la resolución precisada en el párrafo que antecede del que conoció la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo el toca civil 214/2019-5 y, en resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve se confirmó la resolución apelada. El trece de enero de dos mil veinte la Jueza responsable requirió a la parte demandada (aquí quejosa) para que dentro de cinco días computados legalmente compareciera a la Notaría Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado para otorgar la escritura pública respectiva, apercibido que, de no hacerlo, el Juez responsable la otorgaría en su rebeldía. Dicho acuerdo se notificó por medio de cédula de notificación por estrados el quince de enero siguiente. El acuerdo de trece de enero de dos mil veinte constituye el acto reclamado. Así, en el escrito de demanda la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno tuvo conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativas al juicio especial hipotecario 319/2015, obra agregada copia certificada del escrito signado por el hoy quejoso mediante el cual el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve señaló los estrados para oír y recibir notificaciones. Así, el auto de trece de enero de dos mil veinte -que constituye el acto reclamado- se notificó a Marcos Avelar Alferez mediante cédula de notificación por estrados el quince de enero de dos mil veinte. No obstante que la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos ordenó notificar a las partes de manera personal el referido auto de trece de enero de dos mil veinte. Se afirma lo anterior pues no fue deseo del quejoso señalar una casa, despacho o domicilio para recibir notificaciones, sino que solicitó expresamente que se le notificaran por medio de estrados. El artículo 126 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos dispone las formas de notificación, entre las que figural las practicadas por estrados. En ese sentido, el Pleno del Decimoctavo Circuito en la jurisprudencia PC.XVIII. J/11 C (10a.) estableció que los ordinales 129, 131, 137 y 144 de la legislación procesal en la entidad, así como de los diversos comprendidos en los Capítulos V "De los exhortos y despachos" y VI "De las notificaciones", del Título Segundo "De los actos procesales", con relación al inicio de los plazos judiciales contienen dos reglas, a saber: 1) La general, que dispone que éstos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación personal, acorde con el artículo 144; y 2) La especial, que contiene dos excepciones a la regla general, en términos del artículo 137 aludido, consistentes en las notificaciones efectuadas por Boletín Judicial o en lista de acuerdos, las cuales surtirán efectos a las doce horas del día siguiente al en que se realicen. Así -como se explicó- de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquél en que la parte quejosa haya sido notificada del acto reclamado o de su ejecución; en el caso, dentro de la contienda hipotecaria de origen el quejoso fue notificado el quince de enero de dos mil veinte. Así, al no haber sido impugnada la referida notificación mediante el incidente de nulidad, debe considerarse que se convalidó, por ello, se insiste, la parte quejosa debió promover el juicio de amparo dentro de los quince días posteriores a aquél en que se notificó del auto en cuestión, a saber, el quince de enero de dos mil veinte. Por ello, para la promoción del juicio de amparo se debe computar a partir del día siguiente en que la parte quejosa fue notificada del auto de trece de enero de dos mil veinte, esto es, del dieciséis de enero siguiente. Resulta aplicable a lo anterior la tesis X.1o.1 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, ES EFICAZ PARA HACER CORRER EL TERMINO PARA INTERPONER AMPARO." Conforme a lo anterior, el término de quince días hábiles para la presentación de la demanda, comenzó a partir del dieciséis de enero de dos mil veinte y feneció el siete de febrero del mismo año, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el veintiséis de mayo de dos mil veinte, se advierte entonces que se promovió fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, que se han consentido tácitamente los actos reclamados. En relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, puesto que no se trata de un amparo en el que se reclamen normas autoaplicativas o procedimiento de extradición; tampoco se combate una sentencia condenatoria en un proceso penal; no se está ante actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios ni, finalmente el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Marcos Avelar Alferez por los motivos contenidos en el resultando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de veintiocho de febrero del dos mil veintidós, que en lo conducente establece Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 573/2021-IV, promovido por Marcos Avelar Alferez; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida el mismo día en este Juzgado, Marcos Avelar Alferez solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se registró la demanda bajo el expediente 573/2021-IV, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; es en ésta donde se presentó la demanda, reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y donde se emitió. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: ( El auto de trece de enero de dos mil veinte, emitido por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos en el expediente 319/2015-3 que ordenó remitir los autos a la Notaria Pública Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos para escriturar el bien inmueble adjudicado ubicado en Avenida Circunvalación, Número 44, Sección Primera del Fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, en Jojutla, Morelos en favor de la actora Banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero BBVA Bancomer. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además, con las documentales que exhibió como complemento al informe justificado, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el expediente 319/2015-3 relativo al Juicio Especial Hipotecario de origen constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia por ser una cuestión de estudio oficioso. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo del texto siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. Como premisa jurídica, se estima oportuno citar el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término general para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con las salvedades ahí descritas Por su parte, el artículo 18 de la legislación federal en consulta dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, ya que de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedora de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del artículo 18 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como sucede en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, como de conocimiento del acto reclamado, al haber existido una notificación formal en el juicio de origen, lo cual se demostrará más adelante. Precisado lo anterior, es oportuno exponer los antecedentes relevantes al caso, que se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen: El seis de agosto de dos mil quince Ana Karina Izquierdo Jiménez apoderada legal de Banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, presentó escrito de demanda en la vía especial hipotecaria en contra de Marcos Avelar Alferez; del que correspondió conocer al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos donde se radicó bajo el expediente 319/2015-3. Seguida la secuela procesal, el dos de octubre de dos mil quince se resolvió la aprobación del convenio judicial de reconocimiento de adeudo y obligación de pago celebrado del veintinueve de septiembre de dos mil quince, quedando a cargo del aquí quejoso el pago de la cantidad de $3,933,953.04 (tres millones novecientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos 04/100 M.N.). El diez de julio de dos mil dieciocho, a petición de la apoderada legal de Banco BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, inició la ejecución forzosa por lo que se procedió al remate del inmueble embargado ubicado en Avenida Circunvalación, Número 44, Sección Primera del Fraccionamiento Lago de Tequesquitengo, en Jojutla, Morelos. Por escrito presentado ante el Juez responsable el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso designó personas autorizadas y señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estrados del juzgado. El quince de octubre de dos mil diecinueve se aprobó el remate del bien inmueble embargado y se adjudicó en favor de la parte actora. El veintiuno de octubre siguiente, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación contra la resolución precisada en el párrafo que antecede del que conoció la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo el toca civil 214/2019-5 y, en resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve se confirmó la resolución apelada. El trece de enero de dos mil veinte la Jueza responsable requirió a la parte demandada (aquí quejosa) para que dentro de cinco días computados legalmente compareciera a la Notaría Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado para otorgar la escritura pública respectiva, apercibido que, de no hacerlo, el Juez responsable la otorgaría en su rebeldía. Dicho acuerdo se notificó por medio de cédula de notificación por estrados el quince de enero siguiente. El acuerdo de trece de enero de dos mil veinte constituye el acto reclamado. Así, en el escrito de demanda la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno tuvo conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativas al juicio especial hipotecario 319/2015, obra agregada copia certificada del escrito signado por el hoy quejoso mediante el cual el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve señaló los estrados para oír y recibir notificaciones. Así, el auto de trece de enero de dos mil veinte -que constituye el acto reclamado- se notificó a Marcos Avelar Alferez mediante cédula de notificación por estrados el quince de enero de dos mil veinte. No obstante que la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos ordenó notificar a las partes de manera personal el referido auto de trece de enero de dos mil veinte. Se afirma lo anterior pues no fue deseo del quejoso señalar una casa, despacho o domicilio para recibir notificaciones, sino que solicitó expresamente que se le notificaran por medio de estrados. El artículo 126 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos dispone las formas de notificación, entre las que figural las practicadas por estrados. En ese sentido, el Pleno del Decimoctavo Circuito en la jurisprudencia PC.XVIII. J/11 C (10a.) estableció que los ordinales 129, 131, 137 y 144 de la legislación procesal en la entidad, así como de los diversos comprendidos en los Capítulos V "De los exhortos y despachos" y VI "De las notificaciones", del Título Segundo "De los actos procesales", con relación al inicio de los plazos judiciales contienen dos reglas, a saber: 1) La general, que dispone que éstos empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación personal, acorde con el artículo 144; y 2) La especial, que contiene dos excepciones a la regla general, en términos del artículo 137 aludido, consistentes en las notificaciones efectuadas por Boletín Judicial o en lista de acuerdos, las cuales surtirán efectos a las doce horas del día siguiente al en que se realicen. Así -como se explicó- de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquél en que la parte quejosa haya sido notificada del acto reclamado o de su ejecución; en el caso, dentro de la contienda hipotecaria de origen el quejoso fue notificado el quince de enero de dos mil veinte. Así, al no haber sido impugnada la referida notificación mediante el incidente de nulidad, debe considerarse que se convalidó, por ello, se insiste, la parte quejosa debió promover el juicio de amparo dentro de los quince días posteriores a aquél en que se notificó del auto en cuestión, a saber, el quince de enero de dos mil veinte. Por ello, para la promoción del juicio de amparo se debe computar a partir del día siguiente en que la parte quejosa fue notificada del auto de trece de enero de dos mil veinte, esto es, del dieciséis de enero siguiente. Resulta aplicable a lo anterior la tesis X.1o.1 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, ES EFICAZ PARA HACER CORRER EL TERMINO PARA INTERPONER AMPARO." Conforme a lo anterior, el término de quince días hábiles para la presentación de la demanda, comenzó a partir del dieciséis de enero de dos mil veinte y feneció el siete de febrero del mismo año, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el veintiséis de mayo de dos mil veinte, se advierte entonces que se promovió fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, que se han consentido tácitamente los actos reclamados. En relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia, puesto que no se trata de un amparo en el que se reclamen normas autoaplicativas o procedimiento de extradición; tampoco se combate una sentencia condenatoria en un proceso penal; no se está ante actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios ni, finalmente el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Marcos Avelar Alferez por los motivos contenidos en el resultando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 573/2021-IV, se advierte que no obra en autos proveído en el que se haya informado a las partes del cambio de Titular en este Órgano Jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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