Marcos Aparicio Díaz
Expediente 557/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 54 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcos Aparicio Díaz
- Marcos Aparicio Díaz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para el quejoso el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional, y se negó la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, considerando que obran glosados en el presente asunto documentos originales exhibidos por los quejosos, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos continuarán glosados y correrán la misma suerte que este expediente. Probanzas que se entregarán personalmente al quejoso, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Dígase a dicha parte que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como la que pretende; por lo que deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Se autoriza al Secretario Judicial y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, encontrándose en audiencia pública Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistida de Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario Judicial adscrito, con quien actúa; procede a celebrar la audiencia correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 557/2020, promovido por ***. La Jueza quien actúa asistida del Secretario Judicial que da fe de lo actuado, declara abierta la presente audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, el Secretario Judicial hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. Asimismo, hace relación de las constancias existentes en autos, que bajo el principio de economía procesal no se transcriben, pues no existe precepto legal alguno que obligue a ello, en virtud de haber quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. Asimismo, el Secretario hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. De igual manera, se hace constar: que el Agente de Policía y Topil Mayor de la Comunidad Triqui del Municipio de San Isidro del Estado, Putla Villa de Guerrero, así como el Presidente y Síndico ambos del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, al rendir su respectivo informe negaron la existencia de los actos que se les reclama (fojas 336 a 345; 360 a 363); y, que el expediente se encuentra debidamente integrado, pues obran las constancias necesarias para la resolución del presente asunto. Asimismo, se da cuenta en el sentido que la parte quejosa en este asunto, en su demanda de amparo, ofreció como prueba de su parte la testimonial, a cargo de las personas que ahí indicó. A lo que la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que refiere el Secretario, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto lo de cuenta en el sentido que la parte quejosa en este asunto, en su demanda de amparo, ofreció como prueba de su parte la testimonial, a cargo de las personas que ahí indicó. Atento a lo anterior, el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y las que atenten contra la moral y el derecho. Sin embargo, el contenido de dicho dispositivo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a admitir las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para ello, deben cumplir con los principios de pertinencia, idoneidad y congruencia, lo que brinda certeza a éstas y agiliza la marcha del procedimiento. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; el segundo, regido a su vez, por los principios de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia; y el último, tiene relación con que sea conducente a la materia del debate constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1888, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y texto son: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. (...) Con base en lo anterior, se desecha la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistente en: la testimonial a cargo de las personas que indicó; en razón a que resulta inconducente. Ello es así, pues la parte quejosa reclama esencialmente la orden emitida por las autoridades responsables, para destruir, alterar, modificar la red de agua instalada, para abastecer a los asentamientos humanos conocidos como "valle del sur" centro y "el chorrito de agua", perteneciente a la agencia de policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca, así como a los grupos autodenominados "Barranco del panteón" y "chorrito", pertenecientes a la Agencia de Policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca; y su ejecución. Ahora, el objeto de la prueba mencionada se encuentra encaminada a que los atestes, señalaran si los quejosos cuentan con servicio de agua potable, desde cuando cuentan con ese servicio, con qué recursos económicos se instaló su red de agua y su toma; asimismo, si se está realizando una obra pública relativa al vital líquido, en aquella localidad, si ello les perjudica y por qué motivo. Sin embargo, no está en controversia si cuentan con su red y toma de agua, desde cuándo la tienen y cómo la construyeron, ni la realización de una obra que dicen les perjudica; habida cuenta que lo reclamado es una orden emitida por las responsables para destruir, alterar, modificar la red de agua instalada, para abastecer a los quejosos residentes en las asentamientos humanos que señalan, acto que fue negado categóricamente por las responsables. Así, dicha prueba de modo alguno se encuentra encaminada a corroborar existencia del acto reclamado; esto es, la existencia de la referida orden de destrucción, alteración o modificación de su red de agua, de ahí que, se deseche el aludido medio de convicción; en virtud que no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad que rige la admisión de los medios de prueba, pues no guarda relación con el acto reclamado en esta instancia constitucional, esto es, con la citada probanza no se acredita ni está encaminada a corroborar la existencia de la orden reclamada y su ejecución. Máxime, que debe recordarse que la inspección judicial que ofrecieron, se declaró desierta; aun cuando después de varios meses el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, trató de desahogarla, no asistió la parte quejosa con la finalidad de ubicar el sitio en que se llevaría a cabo, pese haber sido notificada. De ahí, que dicha prueba testimonial, al no tener relación inmediata con los hechos controvertidos, no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad. Enseguida, se abre el periodo probatorio en el que el Secretario da cuenta, con las documentales, que allegó la parte quejosa, mismas que anexo a su escrito de demanda, consistentes en: 1) copias simples del acta de posesión de cada quejoso expedida por el Comisariado de Bienes Comunales y/o certificados de derechos sobres tierras de uso común, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional o sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito cuarenta y seis (46), Huajuapan de León, Oaxaca; 2) copia simple de la credencial de elector de los quejosos, 3) copia simple de recibos de luz, de cada uno de los quejosos; 4) Diversas fotografías a color. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten como medios de convicción, las pruebas antes mencionadas; las cuales se tienen por perfeccionadas desde este momento, por su propia y especial naturaleza. Acto seguido, se declara abierto el período de alegatos, en el que el Secretario judicial hace constar que las partes no formularon alegatos, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita presentó pedimento. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para ello. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Jueza da por concluida la audiencia constitucional, de la cual se levanta la presente acta, que se firma por los que en ella intervinieron y se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 557/2020, promovido por Lázaro Martínez Reyes y otros, contra actos del Presidente Municipal de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido en la misma data en este órgano jurisdiccional ****, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO AUTORIDADES ORDENADORAS. AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA [.] AL AGENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO [.] COMO AUTORIDADES EJECUTORAS. AL SINDICO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA [.] AL COMANDANTE O ENCARGADO DE LOS TOPILES DE SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA [.] [.] IV.- ACTO Y OMISIÓN QUE SE RECLAMA. IV.- ACTO RECLAMADOS: De las autoridades ordenadoras señalamos: La orden inconstitucional de las autoridades ordenadoras de destruir, alterar modificar nuestra red de agua que ya tenemos instalada para abastecer del vital líquido a los asentamientos humanos conocidos como "valle del sur" centro y "el chorrito de agua", perteneciente a la agencia de policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca. De las autoridades ejecutoras señalo el intento de dar cumplimiento a la orden inconstitucional de las autoridades ordenadoras de destruir, alterar o modificar nuestra red de agua que ya tenemos instalada para abastecer del vital líquido a los asentamientos humanos conocidos como "valle del sur" centro y "el chorrito de agua", pertenecientes a la agencia de policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca. La orden inconstitucional de las autoridades ordenadoras de destruir, alterar modificar nuestra red de agua que ya tenemos instalada para abastecer del vital líquido a los grupos autodenominados "Barranco del panteón" y "chorrito", perteneciente a la agencia de policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca. De las autoridades ejecutoras señalo el intento de dar cumplimiento a la orden inconstitucional de las autoridades ordenadoras de destruir, alterar o modificar nuestra red de agua que ya tenemos instalada para abastecer del vital líquido a los grupos autodenominados "Barranco del panteón" y "chorrito", pertenecientes a la agencia de policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca. [.]". SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 1, párrafos primero y tercero, 2, párrafo cuarto y 4, párrafo sexto, 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 5). TERCERO. RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se radico el juicio de amparo bajo el número 557/2020, y se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara su demanda en los términos ahí expuestos (fojas 268 a 271). Luego, una vez que desahogó el requerimiento formulado, mediante proveído veinte de octubre de do mil veinte (fojas 289 a 293), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 307); se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós -previos diferimientos- se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que para tal efecto se levantó; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado atribuyó a autoridades dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. .FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, con independencia de las manifestaciones o calificativos que se realizan, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La orden de destruir, alterar, modificar la red de agua instalada, para abastecer a los asentamientos humanos conocidos como "valle del sur" centro y "el chorrito de agua", perteneciente a la agencia de policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca, así como a los grupos autodenominados "Barranco del panteón" y "chorrito", pertenecientes a la Agencia de Policía de San Isidro del Estado, Putla villa de Guerrero, Villa de Guerrero, Oaxaca; y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, Agente de Policía y Topil Mayor de la Comunidad Triqui del Municipio de San Isidro del Estado, Putla Villa de Guerrero, así como el Presidente y Síndico ambos del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba suficiente para desvirtuar dicha inexistencia. Ello se considera así, pues si bien exhibió 1) copias simples del acta de posesión de cada quejoso expedida por el Comisariado de Bienes Comunales y/o certificados de derechos sobres tierras de uso común, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional o sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito cuarenta y seis (46), Huajuapan de León, Oaxaca; 2) copia simple de las credenciales de elector, 3) copia simple de recibo de luz, de cada uno de los quejosos; medios de convicción que gozan de valor probatorio de indicio al tratarse de copias simples, acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; sin embargo, con dichas documentales aun concatenadas entre sí únicamente revelan que los quejosos son poseedores de una fracción de terreno de la comunidad agraria de San Isidro del Estado, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Además, de los informes rendidos por las responsables únicamente se desprende que dicha autoridad hizo del conocimiento de esta autoridad Federal, que no ha emitido orden verbal o por escrito para destruir, alterar o modificar la red de agua potable que tienen aquí los quejosos. Por su parte, respecto a las fotografías, ofrecidas por la parte quejosa, si bien resulta imprescindible atender al avance actual de los conocimientos científicos y tecnológicos, pues los datos, imágenes, palabras o signos ya no constan solamente en documentos en papel, sino que pueden fácilmente contenerse en aparatos electrónicos; es por ello que, dada la facilidad que proporcionan para acudir a su contenido, estos medios se equiparan en su desahogo a un documento, ya que ilustran sobre los hechos captados mediante imágenes con o sin sonido y, en consecuencia, pueden ser llevados ante un Juez para formar en él una convicción sobre determinados hechos. Sin embargo, si bien el contenido de las imágenes ofrecidas son útil para constituir un indicio, a fin de esclarecer los hechos necesarios para resolver un conflicto, que, al no ser corroborado, como podría ser con la fe pública o con otros elementos de prueba, de que su contenido corresponde a hechos ocurridos en un lugar y tiempo determinado, no puede producir convicción plena de que lo contenido en dicho medio electrónico corresponde a lo que pretende probar la parte quejosa. Ilustra a lo anterior por identidad de razón la tesis I.8o.A.16 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2525, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015449, Décima Época, que dice: "PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS CONTENIDOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA QUE PUEDAN PRODUCIR CONVICCIÓN PLENA (...) Incluso, no pasa inadvertido que la parte quejosa ofreció como prueba de su parte la inspección ocular, con el objeto de certificar los sitios en lo que está instalada la red de agua para abastecer a los asentamientos humanos conocidos como "valle del sur" centro y "el chorrito de agua" y de los grupos autodenominados como "barranco del panteón" y "el chorrito", pertenecientes a la Agencia de Policía de San Isidro del Estado, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, así como la obra que se estaba realizando en dichos asentamientos, en los términos indicados en el escrito que contiene los puntos a certificar. Sin embargo, dicha probanza fue declarada desierta ante el desinterés de la parte quejosa, pues en diversas ocasiones se difirió la hora y fecha para su desahogo, sin que la parte quejosa se presentara, no instante encontrarse debidamente notificada para ello Sin que esta se llevara a cabo aun cuando después de varios meses el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, trató de desahogarla, pues la parte quejosa no asistió con la finalidad de ubicar el sitio en que se llevaría a cabo, pese haber sido notificada, por lo que se declaró desierta la aludida probanza; ello, ya que de considerar seguir señalando nuevas fechas para su desahogo, contravendría la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, pues el juicio se volvería interminable, dejando a todas las partes con incertidumbre jurídica para la resolución del asunto, ello a capricho de la quejosa, ante el incumplimiento del deber procesal conferido. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **** respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y anexos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho ***/2021, orden ***/2021 del índice de este juzgado de Distrito, por el que se solicitó desahogara la diligencia de inspección ocular, por la incomparecencia de la parte quejosa. En atención a lo anterior, dese de baja el despacho en el libro de gobierno respectivo, relativo a las comunicaciones oficiales que se llevan en este juzgado, previas las anotaciones correspondientes; para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no compareció al desahogo de la diligencia de inspección ocular admitida; en consecuencia, se hace efectivo el percibimiento decretado en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, y se declara desierta dicha probanza. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla de Villa de Guerrero, Oaxaca, señaló las diez horas del siete de abril de dos mil veintidós, para llevar a cabo el desahogo de la diligencia de inspección ocular, ordenada en auto de quince de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Putla de Villa de Guerrero, Oaxaca, para que, dentro del término de tres días siguientes al en que quede debidamente notificado del presente auto, remita las constancias relativas al desahogo de la diligencia de inspección ocular en comento, o en su caso, informe el impedimento que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($9,622.00) moneda nacional; atendiendo al valor de noventa y seis pesos con veintidós centavos ($96.22), moneda nacional, conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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