Marcos Antonio Vega Flores

Expediente 870/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
870/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
07/06/2016

Partes del expediente

  • Juez Séptimo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
  • Marcos Antonio Vega Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJSOA, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto el oficio signado por el Juez Séptimo de lo Penal, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de uno de junio del año en curso (foja 22), y al efecto remite copia certificada del auto de tres de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas legales a favor del quejoso Marcos Antonio Vega Flores, por la comisión del delito de despojo y uso de documentos falsos, en la causa penal 133/2016, de su índice. En ese tenor, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado, advierte la existencia de la causa de improcedencia que surge de la fracción XVII, del artículo 61 de la invocada ley y como consecuencia de ello, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia, en razón de que ha operado un cambio de situación jurídica con lo cual se generó un diverso perjuicio que afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo tal que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la situación jurídica que ahora impera. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es menester hacer notar que, en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Marcos Antonio Vega Flores, dentro de la causa penal 133/2016 del índice del juez responsable. Ahora, conforme a las constancias que obran en autos, sustancialmente las remitidas por la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal, con residencia en esta ciudad y anexo que al mismo acompañó, consistente en copia certificada del auto de término constitucional de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 133/2016 de su índice, en el cual se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas legales a favor del quejoso Marcos Antonio Vega Flores, por la comisión del delito de despojo y uso de documentos falsos. Documental, que se le confiere plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, pues analizada es eficiente para generar convicción plena en el suscrito, de que en tres de junio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de lo Penal, residente en esta ciudad, resolvió la situación jurídica del quejoso y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas legales a favor del quejoso Marcos Antonio Vega Flores. Por lo anterior, en la especie, se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio que se invoca, en razón de que ha operado un cambio de situación jurídica, en la esfera de derechos de la parte quejosa, ya que no podrá decidirse en el presente juicio de amparo respecto de la situación anterior, esto es, en la orden de aprehensión decretada en contra de Marcos Antonio Vega Flores, sin afectar la nueva generada con motivo del auto de libertad dictado en su favor, toda vez que esta resolución es la que de forma actual impera en la esfera jurídica del mismo. Ilustra por las razones que la informan, la tesis número I.7°.P.25 P, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1017, Tomo XVII, Febrero 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, párrafo primero del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por Marcos Antonio Vega Flores, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. En razón de lo anterior, se deja sin efecto, la hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, esto es, las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez Séptimo de lo Penal, con sede en esta ciudad, por el cual informa que el aquí quejoso Marcos Antonio Vega Flores, en treinta de mayo de dos mil dieciséis, compareció a rendir su declaración preparatoria en la causa penal 133/2016 de su índice, por los delitos de despojo y uso de documentos falsos, previstos por los artículos 226 fracción I, y 259 segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Baja California, respectivamente, por lo que ordenó la cancelación de la orden de aprehensión librada al antes mencionado; asimismo, refiere que el impetrante del amparo, por conducto de su defensa, solicitó la ampliación del término constitucional, el cual fenece el cinco de junio del año en curso a las once horas con treinta y siete minutos. Atento a lo anterior, requiérase al Juez Séptimo de lo Penal, con sede en esta ciudad, para que una vez que resuelva la situación jurídica de Marcos Antonio Vega Flores, allegue a este órgano jurisdiccional copia certificada del auto de término constitucional respectivo; apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta días, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte no obra el acuse de recibo del oficio 20695/2016, de cinco de abril de dos mil dieciséis, por medio del cual se comunicó a la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, la designación del suscrito como Titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, requiérase vía telegráfica a dicha autoridad responsable; para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado a partir de recibir el oficio correspondiente al presente auto, informe, por la misma vía, si a la fecha en que se actúa ya recibió el oficio aludido, ello, con la finalidad de evitar dilaciones en el trámite del procedimiento del presente juicio de amparo, en el entendido que de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las trece horas del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En relación con la prórroga que solicita, no es procedente acordar de conformidad, por virtud de que su concesión es potestativa y no obligatoria para el que suscribe, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, al haberse reclamado la constitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, su existencia no se encuentra sujeta a prueba, al constituir un hecho notorio, por encontrase publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, queda expedito su derecho para de considerarlo conveniente, allegue al presente juicio de amparo las constancias a que se refiere en el oficio que se atiende. Encuentra sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último, se le tiene designando como delegados a los profesionales que refiere en su oficio, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

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