Marcos Antonio Ramirez Ojeda

Expediente 1075/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1075/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Marcos Antonio Ramirez Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido....

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el telegrama y el oficio remitidos por el Encargado de la Dirección Jurídica y Representante Legal del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, a través de los cuales, en atención a lo solicitado en auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, remite las constancias ahí solicitadas; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto citado, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: ... Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional el aislamiento (aplicación de medidas especiales de seguridad y restricción de tránsito en el interior del centro en el que se encuentra), malos tratos y tortura, derivados del castigo que le fue impuesto. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que mediante oficio ***, signado por el Coordinador General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, se autorizó el traslado del quejoso *** para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noreste" por lo cual mediante el acta administrativa *** de uno de agosto de dos mil dieciocho, fue llevado a cabo el egreso por traslado en comento, tal y como se advierte de las constancias respectivas. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (dos de julio de dos mil dieciocho), aún se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, el uno de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso egresó de dicho centro penitenciario en el que guardaba reclusión para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noreste" por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egresó del impetrante de amparo el uno de agosto de dos mil dieciocho, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el mismo ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (el aislamiento (aplicación de medidas especiales de seguridad y restricción de tránsito en el interior del centro en el que se encuentra), malos tratos y tortura, derivados del castigo que le fue impuesto) la concesión de amparo que pudiera alcanzar el quejoso no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que el uno de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso egresó del centro penitenciario en donde se encontraba recluido para ser trasladado a uno diverso, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, toda vez que el quejoso *** se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto de manera urgente a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", a fin de que le notifique el presente proveído, haciéndole entrega de la copia autorizada del mismo, debiendo asentar tal circunstancia; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en atención a que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática. Notifíquese; y cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por C***, apoderados legales de la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con apoyo en los dispositivos 81 fracción I, inciso e), 88, 89 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; por tanto, se ordena distribuir entre las partes, copias del escrito de expresión de agravios y una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación del presente auto, en su oportunidad, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en Turno, el escrito original de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la superioridad en relación con su admisión o desechamiento. Asimismo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Encargado de la Dirección Jurídica y Representante Legal del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, a nombre de las autoridades señaladas como responsables de ese centro; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que designa. Ahora bien, se tiene a la autoridad oficiante informando la existencia de diversos juicios de amparo, relacionados con los actos aquí reclamados, los cuales son: 929/2018, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 1010/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1136/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. Lo cual de ser necesario será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente a los titulares de los Órganos Jurisdiccionales anteriormente citados, para que de no tener inconveniente alguno, se sirvan remitir copia certificada de la papeleta de turno, escrito inicial de demanda, auto admisorio y en su caso audiencia constitucional, sentencia y ejecutoria que se hubiere dictado en los referidos juicios constitucionales; asimismo, indique el estado procesal que guardan dichos asuntos. En otro aspecto, la autoridad oficiante también informa sobre la existencia de la controversia 133/2018, radicada ante la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que dichas constancias ya fueron solicitadas al homologo judicial en cita, las cuales fueron recibidas mediante auto de veinticuatro de julio actual. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, mediante auto de dos de julio de dos mil dieciocho, este tribunal se reservó acordar lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto las autoridades responsables remitieran su respectivo informe justificado, cosa que ya aconteció, por lo que se provee lo conducente. En relación a las documentales ofrecidas como medio probatorio por el quejoso consistentes en: Constancias relativas a la programación de actividades del veinte al veintiocho de junio de dos mil dieciocho; Plan de actividades propuestas para el quejoso por el Área Técnica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, del seis de junio al veintiocho de junio del presente año; y Plan de actividades disponibles en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. En mérito de lo anterior, con fundamento el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Directora del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, remita las constancias señalas con los incisos A, B y C. Asimismo, toda vez que este juzgado advierte que el quejoso fue sujeto de una medida de vigilancia especial, consistente en la restricción del tránsito por un periodo de quince días, de igual forma requiérase a la citada autoridad remita copia certificada de la XX sesión extraordinaria del seis de junio de la presente anualidad, así como de las constancias relacionadas a la imposición de dicha sanción. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. De igual forma, por lo que hace a la inspección judicial que ofrece la parte quejosa, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba antes referida, esencialmente en atención a que podría poner en riesgo la seguridad y disciplina que debe prevalecer en dicho centro carcelario, además resulta esencial la confidencialidad de la información relativa al funcionamiento de dicho centro, ya que un manejo inadecuado de dicha información, podría exponer la integridad de otros internos y del mismo personal de seguridad. En ese sentido, la inspección judicial que ofrece el quejoso, contraviene el interés público, pues la inadmisibilidad de una prueba es una excepción que puede referirse al conflicto entre el valor de la verdad y otros valores que a pesar de la gran relevancia que en el sistema jurídico nacional se le concede al derecho de probar este no es ilimitado, porque en ocasiones puede entrar en conflicto el interés social como en el presente caso, en ese sentido el interés individual de probar se puede ver desplazado en beneficio del interés colectivo, luego entonces es evidente que debe prevalecer el interés social sobre el derecho individual de probar algo. Finalmente, se advierte que se dará vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad citada en párrafos anteriores, por lo que entre la fecha de notificación y la señalada para la celebración de la audiencia constitucional no habrán transcurrido los ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el treinta y uno de julio actual, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Elizalde Guerrero, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, mediante segunda sesión ordinaria de dicha comisión, celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, ante el Secretario, Nicolás Contreras Velázquez, quien autoriza. Doy fe.Juan/Gerardo

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano