Marcos Antonio Hernández García

Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
777/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Marcos Antonio Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Acorde a la certificación secretarial de cuenta y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido -vía correo electrónico oficial del juzgado- el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde el informe justificado y remite copia certificada del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 920/2012 de su índice; por tanto, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes, sin que se considere pertinente dar vista conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que enseguida se determina. En este contexto, de la documental que exhibe la autoridad responsable, se advierte que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, acordó el escrito en el que la parte actora, quejoso en el presente juicio de amparo, solicitó la actualización de los salarios caído a que fue condenado en el laudo dictado en el expediente laboral 920/2012, y al efecto realiza la cuantificación correspondiente, en virtud de que el actor aún no ha sido reinstalado en su fuente de trabajo, y en vía de consecuencia, dictó auto de ejecución en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad, a quien le requiere el pago de la cantidad total obtenida correspondiente a los salarios caídos generados a partir del nueve de marzo de dos mil veintiuno y hasta el cumplimiento del juicio laboral citado. En ese orden, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De manera expresa el precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, acordó lo conducente a la solicitud de actualización de salarios caídos en favor del actor; por lo tanto, la junta responsable procedió a realizar la cuantificación de los salarios vencidos, debido a que el actor no ha sido reinstalado en su fuente de trabajo, lo cual fue objeto de condena en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, y por tanto requirió a la demandada Comisión Federal de Electricidad el pago de la cantidad obtenida. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo sobre la actualización de salarios caídos solicitada por la parte quejosa, lo cual fue objeto de condena en el laudo de siete de septiembre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 920/2012; sin embargo, de las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el veinte de septiembre actual, la autoridad responsable acordó el escrito a través del cual la parte quejosa solicitó la actualización de los salarios en favor del actor, en cumplimiento a lo condenado en el laudo de siete de septiembre de dos mil quince; por lo que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido -vía correo electrónico oficial del juzgado- el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde el informe justificado y remite copia certificada del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 920/2012 de su índice; por tanto, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes, sin que se considere pertinente dar vista conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que enseguida se determina. En este contexto, de la documental que exhibe la autoridad responsable, se advierte que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, acordó el escrito en el que la parte actora, quejoso en el presente juicio de amparo, solicitó la actualización de los salarios caído a que fue condenado en el laudo dictado en el expediente laboral 920/2012, y al efecto realiza la cuantificación correspondiente, en virtud de que el actor aún no ha sido reinstalado en su fuente de trabajo, y en vía de consecuencia, dictó auto de ejecución en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad, a quien le requiere el pago de la cantidad total obtenida correspondiente a los salarios caídos generados a partir del nueve de marzo de dos mil veintiuno y hasta el cumplimiento del juicio laboral citado. En ese orden, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De manera expresa el precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, acordó lo conducente a la solicitud de actualización de salarios caídos en favor del actor; por lo tanto, la junta responsable procedió a realizar la cuantificación de los salarios vencidos, debido a que el actor no ha sido reinstalado en su fuente de trabajo, lo cual fue objeto de condena en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, y por tanto requirió a la demandada Comisión Federal de Electricidad el pago de la cantidad obtenida. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo sobre la actualización de salarios caídos solicitada por la parte quejosa, lo cual fue objeto de condena en el laudo de siete de septiembre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 920/2012; sin embargo, de las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el veinte de septiembre actual, la autoridad responsable acordó el escrito a través del cual la parte quejosa solicitó la actualización de los salarios en favor del actor, en cumplimiento a lo condenado en el laudo de siete de septiembre de dos mil quince; por lo que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 777/2022-I-A y fórmese expediente de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso debiendo coincidir en su integridad. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de amparo, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente asunto; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la misma. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a LAS ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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