Marcos Antonio Batiz Berrelleza

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Marcos Antonio Batiz Berrelleza

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Marcos Antonio Bátiz Berrelleza; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por Marcos Antonio Bátiz Berrelleza, contra actos de los integrantes del Comisariado ejidal en Bomoa, Guasave, Sinaloa; fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 230/2022-5. A) Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1c.9e 31/03/23 11:40:08 conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". B) Causa de improcedencia que se actualiza. En el caso, el suscrito juzgador estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del citado ordenamiento legal, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ni equiparables a ellos. Los citados numerales señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, las autoridades responsables, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridades, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, de lo antes transcrito y descrito, se puede concluir que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Esto es, en la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo así dicho se encuentra inmerso en la ejecutoria que le da origen a la jurisprudencia 2ª./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, para efectos del juicio de amparo, no solo es autoridad responsable aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo, esté en posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerce actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento puede ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades. A su vez, cabe destacar que el Estado como persona moral oficial puede obra con doble carácter, como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado, en el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se encuentre investido y, en el segundo, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza, en la misma forma que los individuos. De forma ilustrativa se invoca la tesis de la otrora integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 3573, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL. La Constitución, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo. Siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público, que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión, que el Estado no goza de garantías individuales, y, por lo mismo, que no puede promover juicios de garantías. A esta regla general le ha opuesto una excepción al artículo 9o., de la Ley de Amparo, que dispone: "Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas". El porqué de esta excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción previene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público. En la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales que están protegidas por el juicio constitucional. Ahora bien debe dictarse el sobreseimiento por causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o. fracción I, 73 fracción XVIII y 74, fracción III, de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la misma Constitución cuando el amparo sea promovido, por el Ministerio Público Federal, en defensa de un acto realizado en el ejercicio de la potestad pública y no en defensa, de derechos patrimoniales privados de la nación, pues tratándose de conflictos en que el Magistrado del Primer Circuito absolvió al presidente de la República de una demanda intentada en su contra y declaró fundada la reclamación contra la resolución de la Secretaría de Agricultura y Fomento, porque esta autoridad no tuvo competencia para dictarla, como la demanda de amparo presentada por dicho Ministerio Público se endereza contra la sentencia del expresado Magistrado del Primer Circuito, por cuanto declaró ilegal la referida resolución de la Secretaría de Agricultura y Fomento, es claro que tratándose de defender la legalidad de un acto de autoridad y no intereses patrimoniales de derecho privado, no es el caso de que el Estado acuda a la Justicia Federal, como persona de derechos privados." También sirve de corolario a lo antes dicho, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 2202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXX, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "ESTADO, AMPARO IMPROCEDENTE PEDIDO POR EL, CONTRA EL TRIBUNAL DE RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS ARBITRAJE. De acuerdo con la doctrina que establece la doble personalidad del Estado, éste puede manifestarse en sus relaciones con los particulares, bajo dos fases distintas: como entidad soberana encargada de velar por el bien común, por medio de dictados imperativos, cuya observancia es obligatoria, y como entidad jurídica, porque poseedora de bienes propios que le son indispensables para ejercer sus funciones, necesita también entrar en relaciones de naturaleza civil con los poseedores de otros bienes, o con personas encargadas de la administración de aquéllos. Bajo esta segunda fase, el Estado como persona moral, capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otros, entre ellos el recurso de amparo; pero como entidad soberana, no puede ejercer alguno de estos medios, sin desconocer su propia soberanía, dando lugar a que se desconociera todo el imperio, toda la autoridad o los atributos propios de un acto soberano; lo cual reconoce la Ley de Amparo, cuando declara que las personas oficiales podrán pedirlo cuando actúen en su carácter de entidades jurídicas, por medio de funcionarios que designen las leyes respectivas. Ahora bien, las facultades concedidas al Ejecutivo, para nombrar y remover libremente a los empleados que de él dependan, se fundan en el principio de que las relaciones que surjan entre el empleado y el Estado, con motivo de la organización de éste y del reclutamiento del personal, para la atención del servicio, deben ser en forma tal, que la misma organización pueda atender con toda eficacia las necesidades colectivas, sin que el interés particular de los empleados, sea obstáculo para satisfacer el interés general; por lo que el Estado, tanto al nombrar como al remover a sus servidores, obra como entidad de derecho público y no como persona capaz de adquirir derechos y asumir obligaciones, toda vez que la integración de su personal, tiene como principal fin ponerlo en condiciones para desempeñar la función primordial para que fue creado. En virtud de lo anteriormente enunciado, debe decirse que el titular de una dependencia del Ejecutivo, no puede ocurrir al amparo contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje, por el cual esta autoridad resuelve que un empleado público debe ser reinstalado en su puesto, y debe confirmarse la sentencia del Juez de Distrito que haya desechado la demanda de garantías." Sentado lo anterior, a fin de advertir si en el caso se puede atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los integrantes del Comisariado Ejidal de Bomoa, Guasave, Sinaloa, conviene tener en cuenta, los siguientes datos, que se obtienen del apartado de "acto reclamado" y "Antecedentes", ambos de la demanda de amparo: ". IV. LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. El día 12 de abril del presente año, al llegar al patio de mi casa la cual se encuentra ubicada en la Sindicatura de León Fonseca, Guasave, Sinaloa, me recibió el señor JULIÁN BERRELLEZA LÓPEZ, diciéndome que no me permitiría entrar al interior de mi casa, en virtud de que en este día por la mañana se había venido a vivir con su familia en dicha vivienda, diciéndome de igual forma que me retirara inmediatamente de dicho lugar porque me iba a pesa si lo seguía molestando y que ni se me ocurriera hacer nada porque había platicado con los integrantes del Comisariado Ejidal del ejido Bomoa, Guasave, Sinaloa, y que éstos le manifestaron que apoyaban a dicho señor para que éste se quede con mi solar con casa habitación, que a continuación describiré. . V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON CIERTOS Y SON LOS SIGUIENTES: . Asimismo manifiesto que el suscrito el día 7 de marzo del presente año, viajé a los Cabos San Lucas, Baja California Sur, donde fui a visitar a un pariente que tengo en dicho lugar y cuando regresé a mi casa en el domicilio que se viene señalando, al querer ingresar al interior de ésta, me salió al paso el citado señor diciéndome que no me permitiría entrar en dicha vivienda porque había tomado la decisión de entrar en posesión de dicha vivienda, ya que tenía el derecho de vivir en el citado inmueble, al haber sido nieto de los citados señores, diciéndome que había hablado con los integrantes del Comisariado Ejidal del ejido Bomoa, Guasave, Sinaloa, y que éstos le manifestaron que al ser ejidal el citado solar, que ellos lo facultaban para que entrara en posesión del citado solar con casa habitación, manifestando a dicho señor que en primer lugar, era totalmente falso que al citado solar sea ejidal y que, en segundo lugar, éste no tenía ningún derecho de haberme despojado de éste, al haber vivido de toda la vida en dicho inmueble, asimismo busqué a dichos directivos y los puse al tanto de todas estas manifestaciones que me hizo el expresado señor de que entrara en posesión del citado solar con casa habitación porque dicho solar pertenece al citado ejido que ellos representan Bamoa, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, y que estos les daba el derecho de haber facultado al citado señor JULIÁN BERRELLEZA LÓPEZ, de que entrara en posesión del citado inmueble, al respecto manifesté a estos directivos que el citado solar no es ejidal y que por tanto no tenían ningún derecho de haber facultado al expresado señor de que entrara en posesión de éste, y que mucho menos pertenecía éste al citado ejido y que en el supuesto caso no concedido de que dicho solar pertenezca al citado ejido, ellos no tenían ningún derecho de haber facultado al citado señor JULIÁN BERRELLEZA LÓPEZ, de quitarme mi casa, porque a ellos les constaba que toda la vida he vivido en el citado inmueble y que había sido la decisión de mis señores padres de que al fallecimiento de éstos, me quedara en posesión del citado solar con casa habitación ..." Como se observa, el firmante de la demanda de amparo le reclama al Comisariado Ejidal de Bomoa, Guasave, Sinaloa, la autorización de permitirle al tercero Julián Berrelleza López, ocupe el solar del que afirma aquél tener en posesión física; sin embargo, y como se puede advertir fácilmente, el citado comisariado no tiene el carácter de autoridad conforme lo indica el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, y por ende, no procede la presente demanda de amparo. En efecto, el acto reclamado no es de aquellos que pueda considerarse emitidos por autoridades para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues versa acerca de una relación de índole agrario, el cual, dicho sea de paso es materia del juicio agrario previsto en la Ley Agraria y conforme las reglas de procedencia señaladas en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que el origen de dicha controversia, no da pie a los Tribunales de la Federación para conocer de ellos en juicio de amparo, en todo caso, debe hacer valer su pretensión ante órgano jurisdiccional competente, ya que, se insiste, la actuación del ente que señala como autoridad responsable, no fue en su carácter de autoridad propiamente dicha, pues entre el peticionario y la que señala como tal, no existe una relación de supra a subordinación, para los efectos del amparo. Dicho de otra forma, con base en la relación que guarda el solicitante de amparo con el Comisariado ejidal de Bomoa, Guasave, Sinaloa, se sitúa en un mismo plano, es decir, en igualdad y en este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de una relación como lo que nos ocupa. Cabe precisar que, en el caso concreto, el comisariado señalado como autoridad responsable, es un órgano de los ejidos, conforme lo dispone el artículo 21, fracción II, de la Ley Agraria, al señalar: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: . II. El comisariado ejidal; y ." Por su parte, el artículo 32 del citado ordenamiento jurídico, señala la naturaleza jurídica del comisariado ejidal, a saber: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." Finalmente, el artículo 33 de la Ley Agraria1, señala cuáles son las facultades y obligaciones del comisariado ejidal, y de éstas no se advierte que alguna de ellas sea la de dar en posesión física y material, los solares o tierras que la componen, lo que evidencia que el actuar de ésta debe ser dirimido ante los tribunales agrarios. En efecto, resulta de vital importancia para establecer que, el citado comisariado tampoco puede ser considerado como autoridad responsable, conforme lo indica el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo (en donde se 1 Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. señala de forma expresa que ".Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."), porque su actuación no está determinada por la ley agraria o alguna otra que le pudiera dar la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, precisamente, porque no está dentro de sus facultades llevar aquella que se reclama en la presente demanda de amparo, por tanto, esta actuación deber ser analizada por los tribunales ordinarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 44, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151- 156, Tercera Parte, Séptima Época, con el rubro y texto siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes." Ahora, el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, señala lo siguiente: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. . VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; ." Conforme lo antes transcrito, la actuación del comisariado ejidal no es de aquellos que pueda considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por el contrario, existe disposición expresa en el sentido que el juicio de nulidad ante los Tribunales Unitarios Agrarios es el mecanismo jurídico idóneo para resolver los conflictos entre aquél y el ahora firmante de la demanda de amparo. De tal manera que dicho ente ejidal no actúa como persona de derecho público revestido de imperio frente al particular o como particular que lleva a cabo actos que estén determinados por una norma general, y que esto permita la procedencia de la presente demanda de amparo indirecto; por el contrario, se insiste, en el caso particular existen disposiciones jurídicas que le permiten al gobernado controvertir las decisiones del comisariado ejidal en comento, a saber, el juicio de nulidad ante los tribunales unitarios agrarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 2808, Tomo XCI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "COMISARIADOS EJIDALES, NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDAD. Debe sobreseerse en el amparo, cuando se reclaman actos del presidente de un Comisariado Ejidal, pues dichos comisariados no tienen el carácter de autoridad sino el de órgano de dirección de los ejidos, y ya con anterioridad se ha dicho que: "El Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos expedido el 31 de diciembre de 1942, al enumerar en su artículo 1o. las autoridades agrarias, hace omisión de los Comisariados Ejidales, los que sí aparecían conceptuados con tal carácter, por la fracción VIII del artículo 1o. del Código Agrario anterior. Tal omisión implica una derogación terminante confirmada por el artículo 4o., transitorio, del código de la materia en vigor, y entraña, indudablemente, la voluntad del Legislador de no considerar como autoridades agrarias propiamente dichas, en lo sucesivo, a los citados Comisariados Ejidales, sino propiamente órganos de dirección de los ejidos correspondientes". Por tanto, al no tener el carácter de autoridad para efectos del amparo, el Comisariado Ejidal de Bomoa, Guasave, Sinaloa, es incuestionable que la presente demanda de amparo es notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I y 5 fracción II, de la Ley de la Materia, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, lo procedente es desecharla. Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del solicitante de amparo, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado.

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