Marcos Antonio Aguilar Tinoco
Expediente 408/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcos Antonio Aguilar Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. SE RECIBE INFORMACIÓN SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO. Agréguese a sus autos para obre como legalmente corresponda el oficio recibido vía correo electrónico, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, mediante el cual remite copia certificada del auto de dieciocho de los actuales, a través del cual se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de admisión y pruebas, con lo que pretende acreditar el cumplimento al fallo protector en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de nueve de agosto del año en curso, se dio vista con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, mediante el cual remite copia del acuerdo de cuatro de agosto de este año, dictado en el juicio laboral número J-VI-215/2021 y donde se dejó sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su lugar señaló nueva fecha para su verificativo. Vista a la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de junio de dos mil veintidós, en la que otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Marcos Antonio Aguilar Tinoco; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE EJECUTORIA. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que les fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral J-VI-215/2021, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, únicamente en lo concerniente a la fecha señalada para que tenga verificativo la citada audiencia para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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SENTENCIA DEFINITIVA JUICIO DE AMPARO II-408/2022 1 Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 408/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-408/2022, promovido por Marcos Antonio Aguilar Tinoco, a través de su apoderado jurídico Juan Carlos Alcántar García, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede, y en torno al escrito presentado por el quejoso, acuérdese lo procedente en la etapa correspondiente. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a).- Presidente de Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar a autoridad responsable, ofreció diversas pruebas documentales, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-408/2022, promovido por Marcos Antonio Aguilar Tinoco, a través de su apoderado jurídico Juan Carlos Alcántar García, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido el mismo día, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, por Marcos Antonio Aguilar Tinoco, a través de su apoderado jurídico Juan Carlos Alcántar García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración, mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite la demanda, misma que quedó registrada bajo el número II-408/2022; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: En el señalamiento de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS fuera de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en el señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para el veinte de abril de dos mil veintitrés. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las principales constancias que integran el juicio ordinario laboral número J-VI-215/2021, en el cual mediante proveído de siete de abril de dos mil veintidós, señalo las nueve horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia de audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos legales, particularmente, el señalamiento de una fecha remota de la audiencia, es decir, las nueve horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés, lo anterior, en relación al juicio ordinario J-VI-215/2021, los conceptos de violación resultan substancialmente fundados. En sus conceptos de violación, en esencia, la parte quejosa se duele de que se violentan sus derechos fundamentales, relativos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, en términos de los numerales 1, 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón al quejoso, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 "ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Como se puede observar, una vez recibida la demanda por parte de la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que dicha audiencia deberá señalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda correspondiente. Ello es así, pues evidentemente lo que el legislador buscó al establecer el plazo de quince días para que tenga verificativo la referida audiencia, fue lograr un equilibrio entre el principio de celeridad en la impartición de justicia y el diverso principio de seguridad jurídica de la parte demanda, al darle un plazo suficiente para preparar su defensa en el controvertido laboral. Ahora, trasladando estas premisas al caso que nos ocupa, tenemos como antecedentes a los actos que ahora se reclaman los siguientes: Presentación de demanda. La ahora quejosa promovió demanda laboral el catorce de mayo de dos mil veintiuno. Admisión de demanda. Se admitió a trámite la aludida demanda laboral el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, para lo cual señaló en ese auto, las trece horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación; por lo que una vez llegada la fecha, la responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia en cita. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues el promovente del amparo presentó su escrito de demanda ante la responsable el catorce de mayo de dos mil veintiuno, quien la radicó el diecisiete de mayo de ese mismo año; y, en auto de siete de abril de dos mil veintidós señaló las nueve horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. De ahí que la temporalidad que media entre tales actuaciones y la fecha señalada para la audiencia inicial, excede por mucho el plazo de quince días que establece la Ley Federal del Trabajo para su desahogo, es decir, más de cuatro meses. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Marcos Antonio Aguilar Tinoco, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, realice lo siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral J-VI-215/2021, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, únicamente en lo concerniente a la fecha señalada para que tenga verificativo la citada audiencia para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marcos Antonio Aguilar Tinoco, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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