Marcos Angel Cruz Martínez
Expediente 254/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marcos Angel Cruz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese impresión con evidencias criptográficas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 254/2021-VIII, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías y anexo, que dio origen al presente asunto, promovida por Marcos Ángel Cruz Martínez, por propio derecho, proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en que se admitió, informe justificado rendido por las autoridades responsables, constancias de notificación respectivas y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos. En período probatorio: la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, la Secretaria certifica que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: se declara desierto este periodo y se tiene por hecha la certificación que antecede. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 254/2021-VIII, promovido Marcos Ángel Cruz Martínez, por propio derecho, contra actos del Director General Jurídico en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito y anexo presentados el doce de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno a este Juzgado Sexto en la materia y jurisdicción citados, al día siguiente, Marcos Ángel Cruz Martínez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: SEGUNDO. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 254/2021-VIII, se admitió, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 6, 35, 37, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se promueve contra un acto atribuido a una autoridad administrativa con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano judicial. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es de rubro y datos de localización siguientes: En la jurisprudencia mencionada se expresa: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 900169, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo I, página 207) Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado se hace consistir en: ? La orden de suspensión de actividades en el establecimiento mercantil con giro de venta de autopartes usadas, ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa en esta ciudad, de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente DGJ/SVR/EM/AS/190/2021. ? La ejecución de la citada orden, materializada en el acta de suspensión de actividades del tres de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente citado. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Director General Jurídico en la alcaldía Iztapalapa y a Héctor Diego Santos Medina, Personal Especializado en Funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa, ambos de la Ciudad de México, consistentes en la orden de suspensión de actividades en el establecimiento mercantil referido y su ejecución, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora con las copias certificadas exhibidas por la primera de las autoridades citadas, de las que se advierte que dichas autoridades fueron sus emisoras. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis de rubro y datos de localización siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. (Registro: 165538, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, página: 324) En ese sentido, la autoridad responsable Héctor Diego Santos Medina personal especializado en Funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, aduce que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" ... El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; los citados precepto y fracción vigentes a partir del cuatro de octubre de dos mil once, establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En ese sentido, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, que prevé: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. (Registro digital: 170500, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225) De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse el interés jurídico, para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre se titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En las relatadas condiciones, a consideración de este juzgado, la quejosa en el presente asunto, no acredita su interés jurídico para acudir al juicio de garantías, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de suspensión de actividades en el establecimiento mercantil con giro de venta de autopartes usadas, ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa en esta ciudad, de tres de marzo de dos mil veintiuno, así como su ejecución, materializada en el acta de suspensión de actividades de la misma fecha, ambas dictadas en el expediente DGJ/SVR/EM/AS/190/2021, toda vez que no acredita contar con la titularidad de un derecho legítimamente tutelado; esto es, el quejoso no demostró fehacientemente el perjuicio directo o indirecto ocasionado por los actos que reclaman, o que tiene injerencia en sus derechos fundamentales, en razón de que no exhibió documento alguno con el cual acreditara que es propietario y/o poseedor del local comercial que por esta vía defiende, y tampoco acreditó que tenga autorizado y se encuentre vigente, el giro comercial de venta de autopartes en el citado local comercial. Lo anterior es así, pues es de explorado derecho que en el juicio de amparo, los quejosos tienen la obligación de demostrar que los actos que reclaman causan perjuicio a su esfera jurídica, por tanto, si los peticionarios de garantías no demuestran contar con la titularidad de un derecho legítimamente tutelado, es inconcuso que no acreditan su interés jurídico para acudir a la instancia constitucional, en consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, que dispone: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. (Registro: 206338, Octava Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, página 17) Así como por su contenido sustancial, la tesis 1a. XVI/99, que prevé: CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO (LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas del Distrito Federal establecen que para que opere la figura de la afirmativa ficta, es necesario que los interesados en obtener la licencia acompañen todos los documentos y cumplidos los requisitos, la delegación correspondiente en un plazo máximo de siete días hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal deberá expedir la licencia de funcionamiento correspondiente; transcurrido dicho plazo si no existe respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, de acuerdo con los artículos citados de esta ley, cuando por el silencio de la autoridad, el interesado presuma que ha operado en su favor la positiva ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta diez días hábiles, la certificación de que ha operado esta resolución ficta. Si la certificación no fuese emitida en este plazo, la afirmativa ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Por tal motivo, sin los señalados requisitos no puede operar la positiva ficta en aquellos casos en los que sólo se hizo la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. Así, ante la falta de licencia, o de las constancias antes precisadas, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, documentales que son las que acreditan la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado. (Registro digital: 193739, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 61) Sin que pase desapercibido para el suscrito que el quejoso exhibió como prueba de su parte, copia simple de los siguientes documentos: ? Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, con número de folio 41746-151CRMA16, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad. ? Acta de Suspensión de Actividades de tres de marzo de dos mil veintiuno. ? Acuerdo de Clausura y Medida Cautelar de Suspensión de Actividades de tres de marzo de dos mil veintiuno. ? Orden de Suspensión de tres de marzo de dos mil veintiuno. Los tres últimos emitidos en el expediente DGJ/SVR/EM/AS/190/2021. Sin embargo, con ellos no acredita contar con un derecho subjetivo que sea afectado por el actuar de las autoridades señaladas como responsables, pues con las documentales exhibidas, el quejoso no acredita tener interés jurídico sobre el inmueble ubicado en ubicado Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad, dado que no acredita su propiedad y/o posesión, ni que el giro que ejerce sea compatible con el uso de suelo permitido. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer el juicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o. J/23, de rubro y datos de localización siguientes: DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. (Registro digital: 202550, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 510) Así como la tesis que dispone: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE GIRO MERCANTIL COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. La licencia correspondiente es la que engendra la titularidad del derecho para el funcionamiento de negocios mercantiles y por ende, su interés jurídico legalmente protegido, motivo por el cual la lesión a un simple interés, sin tutela legal directa, es decir, sin que la ley lo proteja con vista a la situación específica en que aquella pueda encontrarse, hace improcedente el juicio de garantías. (Registro digital: 249523, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Sexta Parte, página 127) En consecuencia, el aquí quejoso carece de interés jurídico para impugnar la orden de suspensión de actividades en el establecimiento mercantil con giro de venta de autopartes usadas, ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa en esta ciudad, de tres de marzo de dos mil veintiuno, así como su ejecución, materializada en el acta de suspensión de actividades de la misma fecha, ambas dictadas en el expediente DGJ/SVR/EM/AS/190/2021, toda vez que no acreditó fehacientemente que es propietario y/o poseedor del mismo y tampoco acreditó que tenga autorizado y se encuentre vigente, el giro comercial de venta de autopartes en el citado local comercial. Máxime que, como se estableció, ese interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002 de la Novena Época, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, página 15, cuyo rubro establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." En razón de lo anterior, se determina que se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por ende, se impone sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteado por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124, 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Marcos Ángel Cruz Martínez, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el apoderado general para la defensa jurídica de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México; por medio del cual, rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, que anexa a su informe de ley, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a dar vista con las constancias que anexa la autoridad a su informe de ley, toda vez que las mismas ya son del conocimiento de la quejosa, dado que fueron exhibidas con la demanda de amparo en copia fotostática simple. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis: I.5o.C.2 K de rubro y datos de identificación: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) Por lo que, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.21/2008, del tenor siguiente INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. (No. Registro: 170081, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Marzo de 2008, Página: 151) Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de autorizado legítimo que las represente.. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran 1) copia simple de la demanda de amparo y anexos; 2) proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por el que se resolvió sobre la suspensión provisional; 3) constancias de notificación a las autoridades responsables; 4) informe previo rendido por la Directora General y por Héctor Diego Santos Medina, personal especializado en Funciones de Verificación, todos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, y 5) proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes. Acto continuo, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa. El Juez acuerda, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de la parte quejosa. Acto continuo, se pasa a la etapa de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: se tiene por desierto el periodo de alegatos. No habiendo promoción pendiente de acordar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 254/2021-VIII, promovido por Marcos Ángel Cruz Martínez, por propio derecho, contra actos del Director General Jurídico en la alcaldía Iztapalapa y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este órgano jurisdiccional, Marcos Ángel Cruz Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos reclamados que a continuación se indican: (.) (.) SEGUNDO. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se formó por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 254/2021- VIII, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. No es cierto el acto que se reclama a la Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, consistente en la ejecución de la medida cautelar de suspensión total y temporal de las actividades del establecimiento mercantil con giro de venta de autopartes usadas, ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, sin que la quejosa aportara prueba en contrario tendente a desvirtuar tal negativa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19 de rubro y datos de localización siguientes: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. (Registro: 204855, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, página 133) En esas condiciones, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, por no existir materia a qué aplicarla respecto de la citada autoridad. SEGUNDO. Son ciertos los actos que se reclaman a Héctor Diego Santos Medina, en su calidad de Personal Especializado en Funciones de Verificación, consistentes en el levantamiento del acta de suspensión de actividades de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el establecimiento mercantil con giro de venta de autopartes usadas, ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; manifestación que se adminicula con la copia simple del acta de suspensión de actividades de tres de abril del año que transcurre, que exhibió el quejoso con su demanda, de la que se advierte que efectivamente dicha autoridad es su emisora. Por otra parte, se tiene por cierto el acto que se reclama al Director General Jurídico de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, consistente en la orden de suspensión de actividades en el establecimiento citado, toda vez que fue omiso en rendir su informe previo, a pesar de encontrarse debidamente notificado; certeza que se corrobora con las manifestaciones vertidas por Héctor Diego Santos Medina, en su calidad de Personal Especializado en Funciones de Verificación, en su informe previo,?????????????? mismas que se adminiculan con la copia simple del acuerdo de tres de marzo del año en curso, dictado en el expediente DGJ/SVR/EM/AS/190/2021, que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, de la que se advierte que fue dicha autoridad quien emitió la orden reclamada. Ahora bien, es conveniente destacar que los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 131 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso. Asimismo, cuando la naturaleza lo permita, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, esto es, para el estudio de la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio de amparo debe tomarse en consideración, en su orden, lo siguiente. a) Que sea solicitada por la parte quejosa; b) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos; c) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales); d) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y, e) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros interesados (requisitos de efectividad). Además, en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, esto es, para el efecto de que se retiren los sellos de suspensión de actividades que se encuentran en el inmueble ubicado Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad, por lo que este juzgado se pronunciará en ese sentido. Con fundamento en los artículos 128 y 139, ambos de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Marcos Ángel Cruz Martínez, para el efecto de que se retiren los sellos de suspensión de actividades que se encuentran en el inmueble ubicado Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad, por lo que este juzgado se pronunciará en ese sentido, toda vez que no acreditó ni de manera indiciaria los daños y perjuicios que se le podrían ocasionar con la ejecución del acto que reclama, en tanto que no demostró ser propietario y/o poseedor del local comercial que por esta vía defiende, y tampoco acreditó que tenga autorizado y se encuentre vigente, el giro comercial de venta de autopartes en el citado local comercial. Cabe destacar que la parte quejosa está obligada a demostrar que el acto que reclama le agravia y le causa daños y perjuicios que sean de difícil reparación para con ello dejar satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 131 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si bien en primer término debe hacerse el estudio atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la violación alegada, éste no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto que constituye la violación alegada se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Por tanto, sólo en caso de que exista la titularidad jurídica de un derecho a favor del quejoso debidamente acreditado en autos se entiende que hay interés suspensional para obtener la medida ya que éste merece ser protegido, pues es bien sabido que a través de la suspensión no es posible crear un derecho del que no gozaba la parte quejosa antes de la promoción del amparo dado que tal figura no es constitutiva de derechos. Bajo tales premisas, cabe concluir que la parte quejosa exhibió como prueba de su parte, copia simple de los siguientes documentos: ? Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, con número de folio 41746-151CRMA16, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad. ? Acta de Suspensión de Actividades de tres de marzo de dos mil veintiuno. ? Acuerdo de Clausura y Medida Cautelar de Suspensión de Actividades de tres de marzo de dos mil veintiuno. ? Orden de Suspensión de tres de marzo de dos mil veintiuno Los tres últimos emitidos en el expediente DGJ/SVR/EM/AS/190/2021. Sin embargo, con ellos no acredita contar con un derecho subjetivo que sea afectado por el actuar de las autoridades señaladas como responsables, pues con las documentales exhibidas el quejoso no acredita tener interés jurídico sobre el inmueble ubicado en ubicado Avenida Santa Cruz Meyehualco, lote siete (7), colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil quinientos (09500), en esta ciudad, ni que el giro que ejerce sea compatible con el uso de suelo permitido. Sin que sea óbice a lo anterior, que obre en autos la copia del certificado de Zonificación de Uso de Suelo que anexó a su demanda de amparo, pues la misma fue exhibida en copia simple por lo que carece de valor probatorio. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y datos de localización siguientes: GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. ES INDISPENSABLE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, EL PERMISO O LA DECLARATORIA DE APERTURA PARA QUE SE CONCEDA LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS. (Registro digital: 225720, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, página 226) En ese tenor, no se acredita este extremo necesario para gozar de la medida cautelar solicitada; por ende, es de inferirse que no se reúne el requisito establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, indispensable para la procedencia de la medida cautelar solicitada. Por tanto, al no tener este órgano jurisdiccional plena certeza de que la parte impetrante de garantías tenga el derecho que por esta vía defiende, tal circunstancia impide la concesión de la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.295 K de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO APORTAR EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE JUSTIFIQUEN QUE EL INTERÉS SUSPENSIONAL ACREDITADO AL OTORGARSE LA PROVISIONAL SUBSISTE AL EMITIR LA INTERLOCUTORIA CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto por los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, se desprende que el hecho de que el Juez de Distrito otorgue la suspensión provisional no implica que ésta pueda volverse definitiva por el mero transcurso del tiempo, pues la segunda está sujeta a las pruebas ofrecidas por las partes, a los informes rendidos por las autoridades responsables, así como a la valoración y apreciación que el Juez haga sobre los mismos requisitos que observó para conceder la provisional; de ahí la obligación del quejoso de aportar en la audiencia incidental los medios de prueba que justifiquen que el interés suspensional acreditado al inicio subsiste al emitir la interlocutoria correspondiente. (Registro: 167353, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia Común, página: 1967). Por lo expuesto y fundado, y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Marcos Ángel Cruz Martínez, en los términos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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