Marcos Almanza Delgadillo

Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
28/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Marcos Almanza Delgadillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que firma *****, con el carácter de autorizado en términos amplios del quejoso *******; en atención a su contenido, dígasele que quedan los autos a su disposición para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección las constancias que en copia certificada solicita, previa razón que se levante en autos por conducto de la persona que autoriza para ello. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la parte quejosa de referencia o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, pues debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado no se cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias que solicita; las que obtenidas por su parte deberá presentarlas ante este juzgado para el cotejo y certificación correspondientes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) y 18, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión relativo, susceptible de depuración, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional, en el entendido que se deberá conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 28/2021-5; y, Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. ***** demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 de la constitución. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 28/2021-5; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, los que se recabaron. Finalmente la audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos de autoridad residentes en el ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados son: La orden de aprehensión o detención girada en contra del quejoso; así como la inminente ejecución de tal orden. SEGUNDO. Negativa de actos. Las autoridades responsables, en su denominación correcta, juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya; agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, 2 y 3; encargado de la Jefatura de la Dirección General de Investigaciones Especializado en Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado y el jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, todas con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que les atribuyen. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cabe agregar que al actualizarse la causa sobreseimiento en trato, resulta jurídicamente imposible analizar el fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerativo.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentran señaladas las dieciséis horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, en esa fecha, ante la licencia oficial del suscrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal, las actuaciones serán efectuadas por un secretario encargado del despacho quien, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solo puede practicar diligencias de mero trámite y urgentes, lo que excluye las audiencias constitucionales. Luego, a fin de no dilatar más el procedimiento, desde este momento se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada para esa fecha y se señalan las dieciséis horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno para su verificativo.

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