Marcos Alfredo Villegas Santos

Expediente 702/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
702/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
29/01/2019

Partes del expediente

  • Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado. Culiacan, Sinaloa
  • Marcos Alfredo Villegas Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la ley de Amparo. Luego, en la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Marcos Alfredo Villegas Santos, para el efecto que la autoridad responsable ordenara dar vista de inmediato a la representación social a fin de que se avocara al esclarecimiento de los hechos referidos por el imputado, relativos a que no se autolesionó, sino que los marinos aprehensores fueron quienes le dispararon en el rostro cuando fue detenido por los hechos que se le imputan en la causa penal fuente de los actos reclamados. Inconforme con dicho fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión que al ser resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, en el toca 641/2017, en el fallo terminado de engrosar el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, revocó el fallo sujeto a revisión y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo. En acato a lo anterior, este órgano jurisdiccional, en sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente las audiencias verificadas el veintiocho de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 258/2017; y, en su lugar, reponga el procedimiento conforme a los siguientes supuestos: a) La reposición del procedimiento debe ser a partir de que el imputado expresó su decisión de que dentro de la duplicidad del término constitucional se resuelva sobre su situación jurídica, sin que de manera previa se haya expuesto, por parte del Agente del Ministerio Público, los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego de que el quejoso haya tomado conocimiento de lo expuesto por el fiscal en la solicitud de vinculación, el juez debe instar al inculpado para que, previa consulta con su abogado, decidan el momento en el que desean se resuelva sobre su situación jurídica y proceder conforme a derecho. b) En el supuesto de que sea designado un juez de control distinto a Juan Ramón Rodríguez Bañuelos, la reposición del procedimiento será a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación, en el entendido de que el juez de control que la presida debe conducirla hasta su total conclusión, aun cuando sea prolongada a una sesión sucesiva, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 2. Ordene dar vista de inmediato a la representación social a fin que se avoque al esclarecimiento de los hechos referidos por el imputado, relativos a que no se autolesionó, sino que los marinos aprehensores fueron quienes le dispararon en el rostro cuando fue detenido por los hechos que se le imputan en la causa penal fuente de los actos reclamados. Sólo de esa manera se podrá restituir a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías individuales violentadas, como el artículo 77, de la ley de Amparo ordena. Cabe puntualizar que el presente fallo protector no produce de ninguna manera el efecto de dejar en libertad al inculpado aquí quejoso, sino que en todo caso la protección consiste únicamente en que el juez de control responsable deje insubsistente las audiencias de veintiocho de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete y, con plenitud de jurisdicción, dicte nueva resolución, la cual, incluso, podrá ser en el mismo sentido que la aquí analizada; empero purgando los vicios formales que en esta sentencia se evidenciaron. Así entonces, al tomar en cuenta la complejidad o dificultad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es que se tomó como el término de veinticinco días hábiles para el debido cumplimiento al fallo protector, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, y 193, párrafo tercero, de la ley de la materia. En ese orden, la Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, mediante oficio 9455/2018, de once de diciembre del año dos mil dieciocho, informó que en cumplimiento al fallo protector, de manera parcial fijó fecha para la audiencia inicial de juicio relativa al aquí quejoso Marcos Alfredo Villegas Santos (foja 404), y ordenó dar vista de inmediato a la representación social a fin de que se avocara al esclarecimiento de los hechos referidos por el imputado, relativos a que no se autolesionó, sino que los marinos aprehensores fueron quienes le dispararon en el rostro cuando fue detenido por los hechos que se le imputan en la causa penal fuente de los actos reclamados. Posteriormente, mediante oficio 304/2019 de veintisiete de diciembre pasado (foja 411) el Juez responsable señaló que el nueve de enero del año en curso, se dejaron insubsistentes las audiencias de veintiocho de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete. Asimismo, de las videograbaciones que se allegaron se advierte que el nueve de enero pasado, nuevo juzgador llevó la audiencia inicial, en la cual el fiscal formuló imputación al aquí quejoso; acto seguido, al agente del ministerio público solicitó vinculación a proceso del imputado, hecho lo anterior, el quejoso asesorado por su defensora pública solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por lo que se fijó nueva fecha para ello. En continuación de la audiencia inicial, el catorce de enero pasado se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Marcos Alfredo Villegas Santos, en la que el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del injusto de secuestro agravado y auto de no vinculación a proceso por el delito de secuestro exprés. Se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, prevista en términos de los artículos 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2, párrafo segundo de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional, por el tiempo que dure el proceso y; se le concedió el plazo de cuarenta y cinco días para cierre de investigación complementaria. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; asimismo, glósese el original del cuaderno incidental derivado del juicio de amparo en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Además, este expediente no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Asimismo, toda vez que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del multicitado Acuerdo General, se estima susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que trascurra el término de seis meses, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la ley de Amparo. Luego, en la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Marcos Alfredo Villegas Santos, para el efecto que la autoridad responsable ordenara dar vista de inmediato a la representación social a fin de que se avocara al esclarecimiento de los hechos referidos por el imputado, relativos a que no se autolesionó, sino que los marinos aprehensores fueron quienes le dispararon en el rostro cuando fue detenido por los hechos que se le imputan en la causa penal fuente de los actos reclamados. Inconforme con dicho fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión que al ser resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, en el toca 641/2017, en el fallo terminado de engrosar el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, revocó el fallo sujeto a revisión y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo. En acato a lo anterior, este órgano jurisdiccional, en sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente las audiencias verificadas el veintiocho de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 258/2017; y, en su lugar, reponga el procedimiento conforme a los siguientes supuestos: a) La reposición del procedimiento debe ser a partir de que el imputado expresó su decisión de que dentro de la duplicidad del término constitucional se resuelva sobre su situación jurídica, sin que de manera previa se haya expuesto, por parte del Agente del Ministerio Público, los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego de que el quejoso haya tomado conocimiento de lo expuesto por el fiscal en la solicitud de vinculación, el juez debe instar al inculpado para que, previa consulta con su abogado, decidan el momento en el que desean se resuelva sobre su situación jurídica y proceder conforme a derecho. b) En el supuesto de que sea designado un juez de control distinto a Juan Ramón Rodríguez Bañuelos, la reposición del procedimiento será a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación, en el entendido de que el juez de control que la presida debe conducirla hasta su total conclusión, aun cuando sea prolongada a una sesión sucesiva, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 2. Ordene dar vista de inmediato a la representación social a fin que se avoque al esclarecimiento de los hechos referidos por el imputado, relativos a que no se autolesionó, sino que los marinos aprehensores fueron quienes le dispararon en el rostro cuando fue detenido por los hechos que se le imputan en la causa penal fuente de los actos reclamados. Sólo de esa manera se podrá restituir a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías individuales violentadas, como el artículo 77, de la ley de Amparo ordena. Cabe puntualizar que el presente fallo protector no produce de ninguna manera el efecto de dejar en libertad al inculpado aquí quejoso, sino que en todo caso la protección consiste únicamente en que el juez de control responsable deje insubsistente las audiencias de veintiocho de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete y, con plenitud de jurisdicción, dicte nueva resolución, la cual, incluso, podrá ser en el mismo sentido que la aquí analizada; empero purgando los vicios formales que en esta sentencia se evidenciaron. Así entonces, al tomar en cuenta la complejidad o dificultad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es que se tomó como el término de veinticinco días hábiles para el debido cumplimiento al fallo protector, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, y 193, párrafo tercero, de la ley de la materia. En ese orden, la Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, mediante oficio 9455/2018, de once de diciembre del año dos mil dieciocho, informó que en cumplimiento al fallo protector, de manera parcial fijó fecha para la audiencia inicial de juicio relativa al aquí quejoso Marcos Alfredo Villegas Santos (foja 404), y ordenó dar vista de inmediato a la representación social a fin de que se avocara al esclarecimiento de los hechos referidos por el imputado, relativos a que no se autolesionó, sino que los marinos aprehensores fueron quienes le dispararon en el rostro cuando fue detenido por los hechos que se le imputan en la causa penal fuente de los actos reclamados. Posteriormente, mediante oficio 304/2019 de veintisiete de diciembre pasado (foja 411) el Juez responsable señaló que el nueve de enero del año en curso, se dejaron insubsistentes las audiencias de veintiocho de julio y dos de agosto de dos mil diecisiete. Asimismo, de las videograbaciones que se allegaron se advierte que el nueve de enero pasado, nuevo juzgador llevó la audiencia inicial, en la cual el fiscal formuló imputación al aquí quejoso; acto seguido, al agente del ministerio público solicitó vinculación a proceso del imputado, hecho lo anterior, el quejoso asesorado por su defensora pública solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por lo que se fijó nueva fecha para ello. En continuación de la audiencia inicial, el catorce de enero pasado se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Marcos Alfredo Villegas Santos, en la que el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del injusto de secuestro agravado y auto de no vinculación a proceso por el delito de secuestro exprés. Se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, prevista en términos de los artículos 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2, párrafo segundo de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional, por el tiempo que dure el proceso y; se le concedió el plazo de cuarenta y cinco días para cierre de investigación complementaria. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; asimismo, glósese el original del cuaderno incidental derivado del juicio de amparo en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Además, este expediente no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Asimismo, toda vez que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del multicitado Acuerdo General, se estima susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que trascurra el término de seis meses, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva.

  3. Principal

    se notifica por lista de estrados a los terceros interesados RUBÉN LEAL MORALES, Edgar Baldemar Pérez Rodríguez y Uriel Isaí López Arámburo.- Agréguese el oficio remitido por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias y dos discos compactos que refiere la autoridad contienen los audios y videos de la audiencia inicial de nueve de los actuales y la continuación de catorce del mes y año que transcurren. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese el oficio remitido por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias y dos discos compactos que refiere la autoridad contienen los audios y videos de la audiencia inicial de nueve de los actuales y la continuación de catorce del mes y año que transcurren. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.

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