Marcos Alejandro Valerio Torres
Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marcos Alejandro Valerio Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con doce minutos del tres de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública ****************, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de **************, secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. I. Relación de constancias. Acto continuo, el secretario del Juzgado hace una relación de las constancias, entre las que se encuentran, el escrito de demanda, los informes justificados y de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables. En otro orden de ideas, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales procedentes, y de conformidad con los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados y de suspensión de plano que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. En otro aspecto, visto el estado procesal que guarda este expediente, se observa que en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo relativo a la razón de imposibilidad levantada por el fedatario de la adscripción, de la cual se desprende que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Mazatlán, de la Secretaría de Seguridad Pública fue informado por la Jueza de Barandilla en turno, que el quejoso, fue puesto en libertad aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos del cinco de abril del año en curso. Lo anterior, hasta en tanto las responsables rindieran sus respectivos informes con justificación, lo cual ya aconteció, tal como se observa de los acuerdos de nueve y catorce de abril de dos mil veintiuno; por tanto, se levanta la reserva y se provee: Vista la razón efectuada por el actuario Judicial adscrito, relacionada en las líneas que anteceden, no se hace mayor pronunciamiento respecto de su contenido. Ello es así, ya que de los informes justificados y de las constancias que remitieron las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, las cuales al tratarse de documentales públicas merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se observa que: 1. El cuatro de abril de dos mil veintiuno, el quejoso fue puesto a disposición del Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, al ser encontrado en flagrancia por infracciones cometidas en contra de la tranquilidad y seguridad de las personas, provocar altercados en la vía pública en espectáculos o reuniones públicas, siendo remitido al área de celdas del Tribunal de Barandilla. 2. En acatamiento a la orden de liberación con número de folio 472037, el quejoso fue puesto en libertad el cinco de abril de dos mil veintiuno, por cumplimiento del arresto del que fue objeto, siéndole entregadas sus posesiones, como se advierte del recibo de pertenencias de infractores número 47174. Consecuentemente, como se adelantó, no hace mayor pronunciamiento respecto de la constancia efectuada por el actuario Judicial adscrito, ya que es patente que el quejoso fue puesto en libertad el cinco de abril de dos mil veintiuno, fecha en la que instó es vía constitucional. Se abre el periodo de pruebas. Acto continuo, se abre el período probatorio, en el cual, se hace constar que las autoridades Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa, y Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, ofrecieron diversas documentales; sin más pruebas por desahogar se declara cerrada dicha etapa. Periodo de alegatos: El secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos; asimismo, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no efectuó pedimento. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente: Visto para resolver el juicio de amparo 202/2021, promovido por *******************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa, y Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el cinco de abril de dos mil veintiuno *************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables 1. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa. 2. Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Actos reclamados ? La orden de detención dictada en contra del quejoso, fuera de procedimiento judicial, y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la presente demanda, y se le requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción, y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: ? La orden de detención dictada en contra del quejoso, fuera de procedimiento judicial, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de detención y su ejecución. Aquí cabe precisar que si bien el quejoso reclama de las autoridades responsables la orden de detención ejecutada en su contra, lo cierto es que del contexto de los informes justificados rendidos por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad y Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, y de las documentales que allegaron a los mismos, se advierte que la detención derivó de las infracciones cometidas por el quejoso en contra de la tranquilidad y seguridad de las personas, provocar altercados en la vía pública en espectáculos o reuniones públicas del cual fue encontrado en plena flagrancia el cuatro de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, si de lo expresado por el quejoso se infiere que reclama actos que atentan contra su libertad personal y de los datos obtenidos de los informes justificados de las autoridades responsables y de las constancias que obran en autos, se advierte que dicha privación fue por la aludida detención, llevada a cabo al ser encontrado en flagrancia de un delito; este órgano jurisdiccional considera tenerlo como acto para efecto de estudio. Aunado a ello, el quejoso no aportó prueba que desvirtuara dicho aserto; en consecuencia, es patente la inexistencia del acto reclamado. Lo anterior es así, pues del análisis de la totalidad de las constancias remitidas por las autoridades en comento como justificación a su informe, no se advierte que las referidas autoridades hubieran librado contra el quejoso orden de detención. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En cambio, debe tenerse por cierto el acto reclamado, consistente en la detención en contra del quejoso. Lo anterior, no obstante que las responsables Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, hayan negado la existencia de dicho acto. En efecto, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil veintiuno, el quejoso fue puesto a disposición del Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, al ser encontrado en flagrancia por infracciones cometidas en contra de la tranquilidad y seguridad de las personas, provocar altercados en la vía pública en espectáculos o reuniones públicas, siendo remitido al área de celdas del Tribunal de Barandilla, como se advierte de la orden de remisión número 3613. Aunado a que, como se advierte de la orden de liberación de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, con número de folio 472037, se aprecia que el quejoso fue puesto en libertad, por cumplimiento del arresto de que fue objeto, siéndole entregadas sus posesiones, como se advierte del recibo de pertenencias de infractores número 47174. Lo que se corrobora con las pruebas documentales que allegaron como complemento de los citados informes, constancias que al tratarse de documentales públicas merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. QUINTO. Improcedencia del juicio. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;. ". De la transcripción, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se han consumado de modo irreparable. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y.". Así, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, deben entenderse aquellos que han producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que en caso de que se otorgue la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Tratándose de actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el numeral 77 del propio cuerpo normativo, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados. De esta manera, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable en virtud de que se han producido todos sus efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, y el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente pues la sentencia amparadora que en su caso llegara a dictarse, carecería de efectos prácticos. En el caso, la parte quejosa reclama la orden de detención y su ejecución (arresto administrativo), de que se dijo era objeto. Luego, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como de las constancias que acompañaron, se advierte que a las tres horas con veinte minutos del cuatro de abril de dos mil veintiuno, elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública presentaron al quejoso ante el Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Posteriormente, a las dieciséis horas con veinte minutos del cinco de abril del año en curso, el inconforme fue puesto en libertad, al haber cumplido con el arresto que le fue impuesto como sanción por su conducta. Por tanto, se colige que deben considerarse consumadas de un modo irreparable las violaciones reclamadas con motivo de tal detención, dado que el quejoso fue puesto en libertad, lo que imposibilita analizar la legalidad o no de dicha privación de la libertad, al no poder restituir al quejoso en los derechos que dice fueron vulnerados. En consecuencia, se actualiza la improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****************, contra los actos que reclaman a las autoridades señaladas como responsables, precisados en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, rindiendo su informe justificado; dese la cuenta correspondiente en la audiencia constitucional. Domicilio. Como lo solicita, se reitera el domicilio proporcionado por la autoridad responsable, el cual se le tuvo por señalado en auto de siete del mes y año en curso. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la responsable al oficio de cuenta, hágase nueva relación de ellas en la audiencia constitucional; con las informe de cuenta y con las constancias remitidas, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rindiendo su informe justificado al Coordinador de asuntos jurídicos, de la Secretaría de Seguridad Pública de esta municipalidad, en representación del Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al informe justificado, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con el informe y constancias, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Domicilio. En cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase a la autoridad que en proveído de siete de abril del presente año, se acordó lo conducente, esto es, se tuvo como domicilio para tal efecto, el señalado en el informe de cuenta. Notifíquese.
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