Marcos Alejandro Romero Ruiz
Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Marcos Alejandro Romero Ruiz
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintiséis de junio de dos mil veintidós, ha fenecido; sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustada al artículo 3° de la Ley de Amparo, la constancia actuarial realizada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la cual manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo la notificación a la parte quejosa del proveído de veintiséis de junio del año en curso, por las razones que expone en la misma. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la parte quejosa del proveído de veintiséis de junio del presente año, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se realicen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en la circunscripción o zona conurbana de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por David Vázquez Alemán, quien se ostenta apoderado legal de Marcos Alejandro Romero Ruiz, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Manzanillo, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 801/2023-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que el promovente David Vázquez Alemán, se ostenta apoderado legal del quejoso; sin embargo, el documento que anexa a la demanda y con el cual pretende acreditar la representación del directo quejoso, carece de validez probatoria, porque se trata de un acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, con firmas autógrafas, -sin que se acredite que las mismas pertenezcan a los funcionarios que ahí se describe, por carecer de la certificación respectiva-, de la que se advierte que se tiene reconocido a David Vázquez Alemán, el carácter de apoderado especial del quejoso Marcos Alejandro Romero Ruiz, para representarlo en el juicio laboral de origen en el que el directo quejoso tiene el carácter de parte actora. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, página 127, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Además, de dicho documento no se desprende que el promovente se encuentre autorizado por el directo quejoso para representarlo en el presente juicio de amparo, en razón de que los artículos 692 fracción I, 694 y 696 de la Ley Federal del Trabajo, que rigen el procedimiento de origen, establecen que los trabajadores podrán comparecer por sí o por conducto de apoderado mediante carta poder simple y que el poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se entenderá conferido únicamente para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan al juicio de la competencia de las autoridades del trabajo; por tanto, el documento en cita no resulta idóneo para acreditar la representación que ostenta en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la citada representación no es susceptible de legitimar a David Vázquez Alemán, para promover en representación de Marcos Alejandro Romero Ruiz, el presente juicio constitucional, sino que solamente tiene efectos ante las autoridades del trabajo que se rigen bajo las reglas de personalidad previstas en la Ley Federal del Trabajo; es decir, para promover el juicio de amparo en términos de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, implica que quien se ostente como apoderado cuente con el poder suficiente para representarlo ante esta instancia constitucional y no sólo al proceso o juicio de origen. Apoya por analogía lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J.108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 327, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor literal: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." Además, por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 1176, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." En tal virtud, para este órgano de control constitucional el simple carácter de representante en términos del artículo 694 de la Ley Federal del Trabajo, no faculta al promovente para promover el presente juicio de amparo indirecto. En consecuencia, la parte quejosa incumplió con el requisito establecido en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo. Prevención. Entonces, en vista de que no justifica la personalidad en la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción I, 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba el documento idóneo con el que se acredite la personalidad con la que se ostenta. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido de que, la presente aclaración la debe hacer de manera directa el promovente, toda vez que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala Penal, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Apercibimiento. En ese tenor, dígasele al promovente que, en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Por otro lado, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Moisés Fernando Vázquez Zyman y Patricia Woodward García, al tratarse el presente asunto en materia laboral. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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