Marcos Alejandro Martinez Giron

Expediente 51/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
51/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
09/06/2015

Partes del expediente

  • Marcos Alejandro Martinez Giron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En nueve de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado-------------------------------------------------------------------------------C E R T I F I C A:------------------- Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para el quejoso del veinticinco de mayo al cinco de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el quince de mayo de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el quince de mayo de dos mil quince, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 51/2015-1; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARCOS ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRÓN, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas. Acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- Segunda Medida Provisional dictada dentro del auto de inicio de admisión de demanda de Divorcio Necesario número 746/2014, que promueve en mi contra Ariadna Gaytán Martínez." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de diecinueve de enero de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo de mérito; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La segunda medida provisional decretada en el auto de inicio del juicio de divorcio necesario 746/2014, promovido por Ariadna Gaytán Martínez, reiterada en acuerdo de tres de febrero del año en curso, consistente en la separación física de los cónyuges, concretamente, para que el demandado en dicho juicio, aquí quejoso, en el término de veinticuatro horas posteriores al momento en que quede notificado de dicha medida, se separe del domicilio conyugal; ello hasta en tanto se decrete el divorcio. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se trata, se encuentra acreditada con las copias certificadas del expediente relativo al juicio de divorcio necesario 746/2014, promovido por Ariadna Gaytán Martínez en contra de MARCOS ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRÓN, que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, remitió con su informe justificado; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ..." Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, siempre que no se tratare de sentencia definitiva en el proceso penal, así como de terceros extraños. Ahora bien, como ya quedó asentado en líneas precedentes, el acto reclamado se hace consistir, en la segunda medida provisional decretada en el auto de inicio del juicio de divorcio necesario 746/2014, promovido por Ariadna Gaytán Martínez, en contra del aquí quejoso Marcos Alejandro Martínez Girón; misma que fue reiterada en acuerdo de tres de febrero del año en curso, consistente en la separación física de los cónyuges, concretamente, para que el propio quejoso, en el término de veinticuatro horas posteriores al momento en que quede notificado de dicha medida, se separe del domicilio conyugal. Por otra parte, del auto de inicio del juicio de divorcio de mérito, emitido por la autoridad responsable el nueve de diciembre de dos mil catorce, que obra en el legajo de copias certificadas remitidas por la propia autoridad con su informe justificado, el cual fue agregado al juicio de amparo en que se actúa; y, que obra a fojas 70 de autos, se advierte que, para apoyar su determinación, entre otros artículos citó el 714 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que dispone: "ARTÍCULO 714.- En los casos de divorcio y nulidad del matrimonio, el Juez separará a los cónyuges, dictando las medidas conducentes para que no se causen perjuicios en sus bienes y las precauciones que la Ley establece respecto a la mujer que quede encinta; aplicándose en lo que procediere las reglas del domicilio provisional como acto prejudicial. Además, del Capítulo IV, denominado "DEL DOMICILIO PROVISIONAL PARA LAS PERSONAS COMO ACTOS PREJUDICIALES", del mencionado código adjetivo, que es al que se refiere el último párrafo del numeral antes transcrito, se desprende que en sus artículos 219 y 222, establece: "219.- El que intente demandar o denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación del domicilio conyugal al Juez de Primera Instancia del lugar". "Artículo 222.- En la resolución que se dicte, se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar su demanda, que podrá ser hasta de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la separación. A juicio del Juez, podrá concederse, por una sola vez, una prórroga por igual término. En la misma ordenará, se notifique al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge, bajo apercibimiento de procederse en su contra en los términos a que hubiere lugar, y determinará la solución de los hijos menores atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el Artículo 256 del Código Civil y las propuestas, si las hubiere, de los cónyuges. La inconformidad de alguno de los cónyuges, sobre la resolución o disposiciones decretadas, se tramitará en la vía incidental, sin ulterior recurso. ." Lo resaltado es por parte del Juzgado. De acuerdo con lo expuesto, cabe concluir, que contra la determinación de separación física de los cónyuges decretada en el auto de inicio del juicio de divorcio necesario 746/2014, que se traduce en que el aquí quejoso se separe del domicilio conyugal; el impetrante del amparo pudo interponer el incidente de inconformidad a que se refiere el artículo 222 del Código Procesal Civil del Estado. Ello si se atiende a que, por una parte, como se puede apreciar de la transcripción que antecede, existe disposición en el mencionado Código por virtud de la cual se otorga a las partes el recurso de mérito; y por otra, el peticionario de garantías estuvo en posibilidad de hacerlo valer, puesto que como parte demandada que es en el juicio de divorcio en el que se emitió la aludida determinación, la misma le fue notificada mediante cédula de trece de enero de dos mil quince, que al efecto se le dejó con quien dijo llamarse Olga de la Rosa Dávila, según se aprecia de la constancia respectiva que obra a fojas 77-79 de los presentes autos. En consecuencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, el promovente del amparo previamente al ejercicio de la acción constitucional debió agotar el incidente de inconformidad en contra de la determinación reclamada, contenida en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil catorce, pues a través de dicho medio de impugnación la determinación de separación de mérito pudo ser confirmada, revocada o modificada, y como no lo agotó, resulta incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente. Pues además, conviene precisar que esta autoridad federal no advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Al respecto, se cita la tesis de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". En las citadas condiciones, y al no haberse agotado el medio de impugnación de referencia y por tanto actualizarse la causal de improcedencia invocada; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por MARCOS ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRÓN. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 451, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 300, Tomo VI, Apéndice de 1995, de rubro texto: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". También sirve de sustento, por las razones que la informan, la Tesis Aislada número VI.2o.C.398 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1837, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBEN RECLAMARSE EN LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El incidente de reclamación previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, contra la resolución que decreta una providencia precautoria, debe agotarse por la parte contra quien se promueve o quien tenga interés en la reclamación antes de acudir al juicio de amparo indirecto en defensa de sus garantías individuales, pues sólo de esta forma se satisface el principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Asimismo, la Tesis 249 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1363, del Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL.- Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de pruebas que no otorga un recurso, puesto que éste solo tiene en cuenta las constancias y el contenido en que se dictó el auto impugnado, mientas que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida.". No pasa inadvertido para el suscrito Juez Federal, la circunstancia de que la parte tercero perjudicada haga valer diversas causales de improcedencia, sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio por la causal de improcedencia anteriormente analizada, resulta innecesario resolver si opera o no alguna otra, ya que ello no cambiaría el sentido de esta resolución. Sirve de sustento a lo anterior, la segunda tesis relacionada con la Jurisprudencia número 1799, consultable en la página 2900, de la Segunda Parte Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SOBRESEIMIENTO, LEGALIDAD DEL. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, SIN ENTRAR AL DE TODAS LAS QUE CONCURRAN.- Al quedar demostrado que los juicios de garantías que intentan los quejosos son improcedentes y que deben sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARCOS ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRÓN, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE 15 DE MAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. " ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARCOS ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRÓN, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución."

  4. Principal

    AGREGUESE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO POR EL QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIAR DE OJOCALIENTE, ZAC., REMITE DILIGENCIADO EL DESPAHCO CON NÚMERO DE ORDEN 54/2015, QUE LE FUE ENVIADO A FIN DE EMPLAZAR A LA TERCERO INTERESADA ADRIANA GAYTAN MARTINEZ.

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