Marcos Alcantar Corral
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marcos Alcantar Corral
- Jefe de la Oficina de Cobros del Departamento de Cobranza de la Subdelegación Juárez Uno de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal, tomo de pruebas y el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción dentro del plazo de cinco años y seis meses respectivamente, conforme lo establecen los numerales 21, inciso a) y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse sobreseído este juicio de amparo. Cumplido el plazo de conservación de cinco años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, una vez cumplido el término de seis meses, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración dentro de igual término de cinco años. Además, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA POR ESTAR ORDENADO EN SENTENCIA DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 85/2022, promovido por **********, contra actos de la autoridad responsable, Jefe de la Oficina para Cobros de Departamento de la Subdelegación Juárez, y otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diez de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, Marcos Alcantar Corral promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previa aclaración de la demanda, el veintidós de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite y se registró bajo el expediente número 85/2022; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido el trámite del presente juicio de amparo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo; 33, fracción IV, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y apartado cuarto, fracción XVII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, son los siguientes: La orden de embargo e inmovilización de las cuentas bancarias **********, **********, ********** y **********, todas de la institución bancaria **********, S.A., con motivo de los créditos fiscales contenidos en el acuerdo de 999/2021, dentro del expediente CC.CHH.729/2021. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social; y el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social; al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, al no aportar pruebas tendentes a desvirtuarla, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Jefe de la Oficina para Cobros en la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ciudad, indicó que es cierto el acto reclamado; por ello, se tiene por cierto el acto atribuido a dicha autoridad responsable. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Mientras que la diversa autoridad responsable, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, y **********, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, actualmente ********** S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO **********, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, pues indicaron que al consultar el sistema interno bancario, advirtieron que no se encontraban bloqueadas las cuentas bancarias a nombre del quejoso; sin embargo, en atención a que la autoridad anteriormente referida al inicio de este considerando aceptó el acto, es evidente que si aún no se han inmovilizadas las cuentas bancarias, en cualquier momento se puede emitir la orden para el aseguramiento de las mismas; por ello, se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a estas autoridades. Información que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable Jefe de la Oficina para Cobros en la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ciudad anteriormente citada; que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Análisis de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquellas que se adviertan, por ser una cuestión que debe analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, Jefe de la Oficina para Cobros en la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ciudad, al rendir el informe justificado señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, porque el quejoso promovió demanda de nulidad ante la Sala Regional del Norte Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se radicó con el número de expediente 564/32-04-012-OT, juicio que actualmente se encuentra subjudice. Efectivamente, se actualiza la mencionada causal de improcedencia, y para evidenciarla se relatan los antecedentes relevantes, que originaron el acto reclamado. 1.- Mediante resolución contenida en el oficio 089106950200/A0968/2019 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinaron diversos créditos fiscales en contra del quejoso, con registro patronal número **********, y Registro Federal de Contribuyentes **********, por el monto de $********** (********** moneda nacional). 2. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se practicó la notificación al quejoso el citado oficio relacionado en el punto anterior. 3. Contra la citada notificación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad. 4. Recurso de inconformidad que se admitió con el número de expediente: EXP CC.CHH. 729/2021, y se resolvió mediante ACUERDO 999/2021 de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó al considerarse improcedente, porque previamente el impetrante intentó diverso recurso de inconformidad CC CHH 10/2019, en contra de los mismos créditos relacionados con el diverso expediente EXP CC CHH 310/2019, conjurándose la figura de conexidad de ambos créditos. 5. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se ordenó mandamiento de ejecución de los créditos, para que en principio se requiriera al deudor patrón, aquí quejoso, que demostrara haber efectuado el pago del total de los créditos fiscales determinados en su contra, con el apercibimiento que de no demostrar lo anterior, se procediera a embargar bienes de su propiedad. 6. Previo citatorio para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución; el ocho de febrero del año en curso se realizó el requerimiento de pago, por conducto del abogado del deudor (quejoso), y debido a que en el domicilio no se localizaron bienes susceptibles de embargo, que garantizaran el importe adeudado, en ese momento se procedió a embargar los depósitos contenidos en diversas cuentas bancarias a nombre del deudor. 7. El deudor fiscal -quejoso- interpuso demanda de nulidad en contra del ACUERDO 999/2021 (relacionado en el punto 4) que resolvió el recurso de inconformidad, y contra el citatorio de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (señalado en el punto 2). 8. Con motivo de dicha demanda de nulidad, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se admitió el juicio contencioso administrativo 564/22-04-01-2ST, y el seis de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia con relación al incidente de suspensión, en la cual se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado en que se encontraban, es decir, para que no iniciara o continuara el procedimiento administrativo de ejecución, condicionando a que el deudor otorgará garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora. 9. El treinta y uno de agosto del año en curso, en dicho juicio contencioso administrativo se dictó sentencia, en la que resultó fundada la causal hecha valer por la autoridad demandada y se decretó el sobreseimiento del juicio; señalando el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia que: ". la sentencia no ha quedado firme, y se encuentra transcurriendo el término para que las partes puedan interponer el medio de defensa que para tal efecto prevea la ley.". Establecidos los citados antecedentes que originaron el acto reclamado, ahora se retoma la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." De la transcripción del artículo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal interpuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Como se aprecia, la causa de improcedencia aludida exige que se esté tramitando de manera simultánea un recurso o medio ordinario de defensa legal interpuesto por el propio quejoso, siempre que el mismo sea susceptible de revocar, modificar o anular el acto reclamado; hipótesis que se cumple por lo siguiente: En el juicio de administrativo de ejecución, el ocho de febrero de dos mil veintidós al quejoso se le embargaron diversas cuentas bancarias con motivo del crédito fiscal determinado que no pagó; no obstante, promovió demanda de nulidad, que se admitió el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, bajo el expediente juicio contencioso administrativo 564/22-04-01-2ST, reclamando la nulidad del acuerdo 999/2021, emitido en el recurso de inconformidad (donde recurrió el monto del crédito fiscal), el seis de abril de dos mil veintidós se concedió la suspensión definitiva para efecto de que no se iniciara o continuara el procedimiento administrativo de ejecución, y el treinta y uno de agosto del año en curso se dictó sentencia, en la cual se decretó el sobreseimiento del juicio. Fallo que se encuentra sub judice, porque aún no ha quedado firme y las partes pueden recurrirla. Por su parte, el presente juicio de amparo se admitió el veintidós de febrero de dos mil veintidós, entonces si la causal en análisis exige que se esté tramitando de manera simultánea un recurso o medio ordinario de defensa legal interpuesto por el propio quejoso, siendo que el dieciséis de febrero del año en curso se admitió el juicio contencioso administrativo 564/22-04-01-2ST, promovido por el referido impetrante; procedimiento que es susceptible de revocar, modificar o anular el acto reclamado. Sin que pase inadvertido que el treinta y uno de agosto del presente año, se dictó la sentencia, no obstante la misma no ha quedado firme, pues se encuentra transcurriendo el plazo para recurrirla por las partes. En este tenor, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; por ello, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que aun cuando en el juicio contencioso administrativo no se impugnó la inmovilización de las cuentas bancarias reclamadas en el juicio de amparo, lo cierto es que como se ha venido expresando, se emitió con la finalidad de hacer efectivo el crédito fiscal que sí se controvirtió en el juicio de nulidad, por lo que de declarar la nulidad de éste, quedaría insubsistente dicha inmovilización. En ese sentido, una vez decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, la suscrita juzgadora está impedida jurídicamente para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 195741, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Asimismo, se cita la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 409, del Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 204734, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO. El juez federal no tiene por qué tomar en consideración las pruebas ofrecidas por el quejoso en el juicio de garantías, relacionadas con los conceptos de violación, si decide sobreseer, pues no existe razón jurídica para examinar y valorar las relativas al fondo del asunto." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y razones expuestos en el considerando tercero y el último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta secretarial, suscrito conjuntamente por el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Secretaría adscrita a dicho órgano, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a través del cual desahogan el requerimiento formulado en auto de treinta y uno de agosto de este año, y al efecto remiten copia certificada del juicio contencioso administrativo 564/22-04-01-2 de su índice; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, con su contenido dese vista a las partes para los fines legales procedentes. Finalmente, considerando el volumen de las constancias que integran las referidas copias certificadas, para su mejor manejo fórmese por separado un tomo de pruebas. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable Jefa de la Oficina para Cobros en la Subdelegación Juárez I, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, que se promovió juicio de nulidad contra los actos de donde derivan los créditos fiscal, que a la postre derivaron la orden de embargo de las cuentas bancarias reclamadas en el presente juicio de amparo; pues, entre esas actuaciones adjuntó copia certificada de la demanda de nulidad, pero se desconoce si la autoridad competente admitió o desechó tal controversia, ya que no se remitieron esas constancias. En las relatadas circunstancias, tomando en cuenta que podría actualizarse una causal de improcedencia que debe acreditarse fehacientemente, la cual es de orden público y de oficio para la suscrita; por tanto, con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, y 75, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Jefa de la Oficina para Cobros en la Subdelegación Juárez I, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, para que en un término de tres días, computado legalmente, informe si el juicio de nulidad planteado por la parte quejosa fue admitido o no por la autoridad competente, y en su caso la etapa en que se encuentra; para acreditar lo anterior deberá remitir copia certificada de las constancias. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 176291, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos y veintidós pesos 00/100, moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta fecha y para su desahogo se señalan las diez horas con veinte minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
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