Marcos Aguilar Garcia

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Marcos Aguilar Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial respectivo.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Visto, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en los autos del conflicto competencial 62/2019, de su índice, mediante la cual el Tribunal Colegiado declaró que este juzgado es legalmente competente para conocer del juicio de amparo que se trata como se advierte en los resolutivos que se transcriben a continuación: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se declara legalmente al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, para conocer del juicio de amparo promovido por Marcos Aguilar García, a quien se deberá enviar testimonio de esta resolución y los autos correspondientes. TERCERO. Envíese testimonio de esta resolución al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento." Ahora bien, tomando en consideración lo ordenado por la Superioridad, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E). Acúsese recibo. Continúese con la partida número 186/2019-I-A, con el cual quedó registrada de origen en el libro de gobierno correspondiente. DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y atendiendo en su integridad el escrito de demanda de garantías, así como los anexos que la acompañan, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados por la parte quejosa, desprendiéndose de ello, que el mismo se hace consistir en: ? Solicitud realizada mediante oficio 333/2019, por el cual se solicita exhiba contrato de naturaleza civil ante el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencia en Ciudad Victoria, dentro de la carpeta de investigación N.U.C. 034/2018, en la cual tiene el carácter de imputado y su ejecución. Para comprobar lo anterior la parte quejosa anexó a su escrito de demanda los oficios de los que se duele, en los que efectivamente se advierte que se solicita su comparecencia en determinado día y hora en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que presente el original del contrato de naturaleza civil celebrado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, elementos de prueba a los que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones, expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Así como la diversa jurisprudencia número 226 de rubro; "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En ese orden, dado que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En ese orden de ideas, en el caso concreto esta juzgadora estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que, en lo conducente, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del último precepto legal transcrito se desprende que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando que éstos, son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, válidamente puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden de ideas, se advierte que la parte quejosa se duele de los oficios signados por las Fiscalías que señala como responsables, en las que se le solicita su comparecencia en determinado día y hora, así como de presentar un documento en original del contrato de naturaleza civil celebrado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, lo anterior derivado de la carpeta de investigación N.U.C 034/2018, del índice de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo que el promovente arguye que dichas determinaciones le afectan en sus derechos. En ese sentido, es inconcuso que tales actos, por el momento, no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos en perjuicio del promovente. Ello es así pues existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución Federal y los tratados internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufra obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la integración de una carpeta de investigación no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. Ahora, en la especie, los actos reclamados, no constituyen actos dentro de procedimiento que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que producen son intraprocesales. Cabe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a la naturaleza sustantiva del acto y no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una trasgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. Conforme a la redacción actual de la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en específico en su artículo 107, fracción V (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio un contenido específico al concepto denominado "imposible reparación", pues definió que por actos de tal naturaleza deben entenderse aquellos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Entonces si en el caso el promovente reclama la solicitud que se le hace a fin de que comparezca en determinado día y hora en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y presente el original del contrato de naturaleza civil celebrado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, sin decretar algún apercibimiento en caso de ser omiso a la comparecencia que le fue solicitada; ello implica que tales actos no pueden ser considerados como de imposible reparación porque tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Ello así, porque los efectos de las posibles violaciones causadas con los actos aquí reclamados, son meramente formales y reparables, dado que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal por el Fiscal señalado como responsable; de ahí que los actos que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo no sean reclamables en amparo indirecto, al no constituir actos procesales cuya ejecución sea de imposible reparación. Por la idea jurídica que contiene, se cita la tesis (X Región)2o.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." De ahí que este órgano jurisdiccional estime que los actos reclamados no son de imposible reparación, puesto que, como ya se indicó, se trata de actos procesales los cuales no tienen afectación sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, al no tener el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, al solo haber producido efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Resulta aplicable la tesis XXVII.3o.48 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el número de registro 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Asimismo, no debe pasar inadvertido que la investigación que pudiera estar realizando la Fiscalía que señala como responsable o recabar documentos para efectos legales a que haya lugar, no es un acto privativo de la libertad o que lo deje en estado de indefensión, sino que mediante ella se investiga los hechos denunciados ante el agente investigador que probablemente puedan ser constitutivos de algún delito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, pues ante los hechos presumiblemente delictivos, la sociedad está interesada en que se investiguen hasta su esclarecimiento, para que, en su caso, se persigan a través del procedimiento penal correspondiente, pues su comisión afecta a la estabilidad social y de admitir lo contrario, se haría nugatoria la función constitucional del órgano persecutor de los delitos, tal y como lo establece el artículo 21, de la Constitución. Por ello, en términos del citado artículo 21, constitucional; así como los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251, del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en el Estado de Tamaulipas a partir del catorce de junio de dos mil dieciséis, y aplicable en la indagatoria del que emana el acto reclamado, la etapa de investigación inicial (o carpeta de investigación), tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. De ahí que, el inicio y trámite de una investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, está exento de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Por lo contrario, considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y, por lo tanto, declarar la procedencia del juicio de amparo, trae como consecuencia necesaria entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Máxime, que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ende, el acto controvertido no le irroga una afectación a la esfera jurídica de la quejosa, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Sustenta lo anterior la tesis de rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Asimismo, resulta aplicable la tesis XXI. 2°.51, cuyo título dice: "MINISTERIO PÚBLICO, PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." Aunado a lo anterior, debe precisarse que del análisis del citatorio emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Ciudad Victoria, no se advierte que se haya apercibido a la quejosa, en caso que no compareciera o no presentara la documentación que se le solicitó ante la citada representación ministerial, aunado a que tal citación primeramente no es un acto restrictivo de libertad, cuenta habida que encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 131 y 215 , del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las condiciones apuntadas, dado que los actos que en esta instancia constitucional se reclaman no le ocasionan una afectación de ejecución irreparable en sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo produce efectos procesales o adjetivos, es dable estimar que se configura la causa de improcedencia que se deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marcos Aguilar García.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el oficio 1699/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual comunica el acuerdo de presidencia en el que informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional y que lo radicó como Conflicto Competencial 62/2019, en el índice de dicho tribunal; circunstancia de la que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.

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