Marcos Achar Achar
Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marcos Achar Achar
Actuaciones
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del nueve de agosto de este año, que desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Por otra parte, en cumplimento a lo establecido en el multicitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, en su momento se procederán a su glose y tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. MCGM*
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de **********, en su carácter de apoderado del quejoso **********, y en atención a su contenido, hágase del conocimiento del promovente, que una vez que cause firmeza el auto que tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional, se ordenará la devolución de los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **********, en su carácter de apoderado del quejoso ********, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento notarial que adjuntó, contra actos del Director General de Desarrollo Urbano Sustentable, del Ayuntamiento Municipal de Huixquilucan, Estado de México y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 996/2023-V. En este asunto la parte quejosa señala como actos reclamados el acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Director General de Desarrollo Urbano Sustentable, del Ayuntamiento Municipal de Huixquilucan, Estado de México, en el que se ordena la suspensión temporal de la licencia municipal de construcción DGSUS/SGU/JDL/095/01/021/2023, otorgada para el inmueble ubicado en calle Fuente del Rey, número 50, manzana I, lote único, fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México, y como consecuencia de ello, la suspensión temporal de la obra ejecutada en dicho inmueble. Acto respecto del cual, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello atendiendo al principio de definitividad. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia citada en el párrafo que antecede, toda vez que contra del acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés en el que se ordena la suspensión temporal de la licencia municipal de construcción DGSUS/SGU/JDL/095/01/021/2023, antes descrito, procede, previamente a la instauración del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo en términos del ordinal 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Con el objeto de acreditar lo anterior, es menester precisar lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la hipótesis normativa reproducida con antelación se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios éstos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando: El acto reclamado carece de fundamentación; Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que como medio ordinario de defensa, se prevé el juicio contencioso administrativo, en términos del ordinal 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Dicho criterio es sintetizado, en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 con registro 193142 y 2a./J. 116/99 con registro 193141, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de octubre de 1999, páginas 448 y 447, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).". En ese tenor, al no prever mayores requisitos el ordenamiento legal en cita, para la concesión de la suspensión de amparo, aunado a que en los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, se advierten argumentos de legalidad, tal y como hace alusión la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios que a continuación se cita, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto combatido en segunda instancia por la parte quejosa. Dichos criterios se encuentran plasmados en la tesis 2ª./J.19/2015 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, registro 2008807, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar os medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; Son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". De lo anterior, se llega a la conclusión que el acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Director General de Desarrollo Urbano Sustentable, del Ayuntamiento Municipal de Huixquilucan, Estado de México, en el que se ordena la suspensión temporal de la licencia municipal de construcción DGSUS/SGU/JDL/095/01/021/2023, otorgada para el inmueble ubicado en calle Fuente del Rey, número 50, manzana I, lote único, fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México, debió impugnarlo mediante el juicio contencioso administrativo en términos del ordinal 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En ese sentido, es claro que al no haber agotado dicho medio de impugnación, el quejoso incumplió con el principio de definitividad, razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Legislación aplicable a la materia. Suma a lo anterior, el hecho de que respecto del acto que se reclama, también se actualiza la causa de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo (en razón de que de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se advierte que derivan de la suspensión decretada en diverso juicio de amparo (670/2023-VI, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México); dicho ordenamiento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La anterior fracción, expresamente contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; dando como consecuencia, que tal improcedencia abarca desde los actos u omisiones combatidos que se suscitaron durante el trámite del juicio de amparo del cual deriven, lo cual acontece en la especie, pues se reitera, de las manifestaciones que hizo la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado y su consecuencia, deriva de la suspensión decretada en el diverso juicio de amparo 670/2023-VI, antes aludido. Lo que pone de manifiesto la indudable causal de improcedencia señalada. Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.57/20182, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ." De lo anterior se desprende un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, en atención a razones de seguridad jurídica, para evitar que se genere una cadena interminable de juicios de amparo si existiera autorización para combatir las resoluciones dictadas en él; pues ello impediría en primer lugar, la firmeza del acuerdo primeramente dictado y en segundo lugar, podría originar el supuesto de que nunca se dictara una resolución final. Por lo apuntado, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que genera este juzgado federal, en razón de que el que señala para tal efecto, se encuentra fuera de la residencia de este recinto judicial (Naucalpan de Juárez). No obstante lo anterior, dada la naturaleza de este acuerdo, se comisiona a alguno de los actuarios judiciales adscritos se constituyan en el domicilio proporcionado en la demanda de amparo, y notifiquen de forma personal este acuerdo a la parte quejosa. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, como medio de contacto no procesal, en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Se tiene como autorizadas a las personas que menciona para los efectos que refiere, en el entendido de que si es en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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