Marcos Abelardo Lavadores Uicab

Expediente 605/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
605/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Marcos Abelardo Lavadores Uicab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio, toda vez que se encuentra totalmente concluido, omitiéndose ordenar la devolución de las constancias que la autoridad responsable Juez Penal B de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, envió como apoyo a su informe justificado. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se envíe a la autoridad responsable antes apuntada, devuélvanse las citadas constancias para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a las partes en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la sentencia protectora de derechos fundamentales, por las autoridades responsables. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/200, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XII, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendido a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidad que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en sentencia dictada por este juzgado el treinta de noviembre de dos mil veinte, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "a) La autoridad responsable, Juez Penal B de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, deje sin efectos la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en proceso penal 154/2016 [antes 312/2013]; b) En su lugar dicte otra, en la que con libertad de jurisdicción, pero atendiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia (acorde con los cuales queda proscrito limitarse a reiterar las razones expuestas por la autoridad administrativa), se pronuncie sobre la solicitud realizada por oficios SG/DCRM/2153/2018 y SG/DCRM/2207/2018, signados por el Director y Asesor Jurídico en funciones de Director, ambos del Centro de Retención Municipal de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, fechados el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, y recibidos por dicho órgano jurisdiccional el veinticuatro y veinticinco de septiembre de ese mismo año, respectivamente, con relación al traslado del quejoso Marcos Abelardo Lavadores Uicab, del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán; y c) De estimarlo necesario, el Juez Penal de Primera Instancia responsable solicite a las autoridades penitenciarias y administrativas las constancias que sean pertinentes en relación a las causas que originaron el traslado, a fin de que se encuentre en condiciones de emitir una nueva determinación al respecto." En acatamiento al fallo protector de derechos fundamentales, el Juez Penal "B" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad Playa del Carmen, Quintana Roo, por oficio recibido el catorce de mayo del año en curso, envió copias certificadas de la resolución dictada el diez de marzo del presente año, en el proceso penal 154/2016 [antes 312/2013], a través del cual dejó insubsistente la diversa determinación de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, y resolvió no calificar de legal la orden de traslado reclamada por el quejoso Marcos Abelardo Lavadores Uicab, del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán. Por lo anterior, se estima que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ARCHIVO Y DESTINO EXPEDIENTE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que en el presente sumario no se aperturó incidente de suspensión, pues se proveyó la suspensión de plano. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio enviado por el Juez Penal "B" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad Playa del Carmen, Quintana Roo, mediante el cual exhibe copias certificadas de la resolución dictada el diez de marzo del presente año, en el proceso penal 154/2016 [antes 312/2013], a través de la cual dejó insubsistente la diversa determinación de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, y resolvió no calificar de legal la orden de traslado reclamada por el quejoso Marcos Abelardo Lavadores Uicab. Con lo anterior, y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 192174, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 26/2000, Página: 243, de rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha no han sido recibidas las documentales anunciadas por la autoridad responsable Juez Penal B de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, en el oficio telegráfico agregado en autos por acuerdo de doce de marzo de la actual anualidad, relacionadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Penal B de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Solidaridad, con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su legal notificación, envíe las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo, o bien informe la imposibilidad que tiene para ello. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la citada solicitud, se le impondrá como medida de apremio multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización esto de conformidad con el artículo 258, en relación al 238 del citado ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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