Marcopolo Ugalde Martínez
Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 03/01/2023
Partes del expediente
- Marcopolo Ugalde Martínez
- M. U. M. y Otros.
- Zoe Ugalde Martínez
- Marcopolo Ugalde Martínez y Otros.
- M. U. M.
- Veruana Martínez Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil veintitrés. SE TIENE POR CONSENTIDO. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentido para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. El incidente de suspensión formado en el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud, que se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva (artículo 18, fracción l, inciso a). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Por otra parte, de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que la parte quejosa exhibió diversas copias certificadas, en consecuencia, se dejan a su disposición para que comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger las constancias señaladas. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil veintidós. VALORACIÓN CUMPLIDA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta desplegada por las autoridades responsables con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa desahogara tal requerimiento; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede analizar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. El acto reclamado consistió en: La omisión de integrar a los menores hijos de identidad reservada de iniciales M.U.M. y Z.U.M., a los grupos etarios de cinco a once y de doce a quince años de edad, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus CoV-2, para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunada con el biológico autorizado. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Veruana Martínez Ayala y Marco Polo Wualberto Ugalde Alvarado, en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales M.U.M y Z.U.M.; contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Veruana Martínez Ayala y Marco Polo Wualberto Ugalde Alvarado, en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales M.U.M y Z.U.M.; contra actos del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución." EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "1.Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, las autoridades responsables incluyan a los menores, de acuerdo con su edad acreditada, en el grupo etario correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID 19 en México", con independencia de que cuenten con comorbilidades o no. 2. De acuerdo con lo anterior, y previo otorgamiento de consentimiento informado por parte de los padres, o quien ejerza la patria potestad de los menores, realicen las gestiones necesarias para que se les aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio Pfizer-BioNTech -en la fecha respectiva de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna-. Lo anterior, siempre y cuando las responsables dentro de sus facultades consideren factible la inoculación respectiva, es decir, que no exista restricción o prescripción médica para hacerlo; en el entendido que de ser procedente la aplicación de la citada vacuna, será bajo las condiciones y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias correspondientes; quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de los menores quejosos; luego, es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Ahora, en caso de que las responsables conforme a sus atribuciones estimen que los menores no son aptos para recibir la vacuna y/o no es procedente su inoculación, atendiendo a las restricciones o prescripciones médicas correspondientes, deberá justificar tal circunstancia y remitir las constancias que sustenten su dicho. Precisando que el presente asunto quedará cumplido una vez que se acredite que se aplicó el esquema completo del biológico Pfizer-BioNTech, a los menores quejosos, o bien, de ser el caso, las responsables justifiquen de manera fundada y motivada, que no son aptos para recibir dicha vacuna, ello en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determinen; y con las constancias que sustenten su dicho." Determinación que causó ejecutoria por ministerio de ley, con motivo de la resolución emitida por el tribunal colegiado, donde confirmó los efectos de la sentencia emitida por este órgano jurisdicción. Ahora bien, con el oficio acordado el siete de junio de dos mil veintidós, se acordó el escrito a través del cual Veruana Martínez Ayala, en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales M.U.M. y Z.U.M. a través del cual manifestó que fueron vacunados con la primera y segunda dosis del biológico Pfizer/BioNTech, motivo por el cual, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo tal como se aprecia de las constancias que obran en el presente asunto. Lo precedente revela que se acató el efecto de la ejecutoria, pues se inoculo a los directos quejosos con la primera y segunda dosis del biológico Pfizer/BioNTech, de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, las autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días) se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA V. EJECUTORIA DE COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físico el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite copia del testimonio de la ejecutoria emitida el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 355/2022, donde se resolvió: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a los quejosos de iniciales ***********, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y sexto, de la sentencia recurrida, por las consideraciones expuestas en el último considerando y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Por tanto, acúsese recibo al tribunal colegiado oficiante, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes al juicio principal. Sin que pase inadvertido que de los resolutivos transcritos se menciona que hubo diversos efectos de la concesión del amparo, sin embargo, en los considerandos no se observa diversos efectos a los señalados en la sentencia que emitió este órgano jurisdicción, por ello, no se realiza mayor pronunciamiento. VISTA CUMPLIMIENTO. Ahora bien, toda vez que el siete de junio de dos mil veintidós, se acordó el escrito a través del cual *****, en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales ******** a través del cual manifestó que fueron vacunados con la primera y segunda dosis del biológico Pfizer/BioNTech. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo referidos en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la conducta desplegada por las autoridades responsables con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el entendido de que desahogue o no dicha vista, se pronunciará sobre si la ejecutoria está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil veintidós. REMITIR QUEJAS. visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que se encuentra debidamente integrados los recursos de queja hecho valer por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Director General de Epidemiología (once de abril de dos mil veintidós) y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Director General de Epidemiología (veinte de abril de dos mil veintidós), contra el proveído de uno de abril de dos mil veintidós, por el que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado a la parte quejosa. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 100, 101 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, el original de los escritos de interposición del recurso y expresión de agravios, junto con una copia para el Agente del Ministerio Público de su adscripción. Ahora bien, de conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que el presente incidente de suspensión se resolvió en definitiva mediante sentencia interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintidós, lo anterior para los efectos legales conducentes. Se comisiona al Oficial Judicial A, para que habilite los campos necesarios que permitan al Tribunal de Alzada correspondiente, la consulta de todo el expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
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