Marcopolo Serrano Manzo
Expediente 168/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Marcopolo Serrano Manzo
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito del quejoso MARCOPOLO SERRANO MANZO, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por MARCOPOLO SERRANO MANZO, el suscrito juzgador advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en formular el proyecto de laudo dentro del plazo de diez días que establece el artículo 885 de la Ley del Trabajo, dentro del expediente laboral 2245/2014-1C, contado a partir de la fecha en la que estuvo en aptitud legal para hacerlo, según manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, fecha en la que la junta responsable emitió acuerdo de cierre de instrucción. Al respecto, y en cuanto al acuerdo combatido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." [énfasis propio]. Ahora bien, la parte promovente se duele que la autoridad responsable no ha elaborado el proyecto de laudo dentro del término legal establecido en la legislación laboral; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, en virtud de la proximidad en la fecha señalada por la responsable. Sobre este particular, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado o bien una demora prolongada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por reiteración III.3o.T. J/3(10a), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." De esta manera, si el cierre de instrucción se decretó el nueve de febrero de dos mil diecisiete, la junta responsable estuvo en aptitud legal de elaborar el proyecto de laudo dentro del plazo de diez días, computado a partir del día siguiente, esto es, del diez de febrero del año que transcurre hasta el veintitrés de febrero de este año, según lo dispone el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, desfasándose catorce días hábiles [veinte días naturales] a la fecha de la presentación de la demanda que aconteció el quince de marzo de dos mil diecisiete; lo que se estima que no se trata de una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu; 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. ANOTACIONES EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda de amparo que formula MARCOPOLO SERRANO MANZO, y tres copias de la misma, fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 168/2017-2A. PREVENCIÓN Ahora, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, 114, fracción I y II de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, aclare la demanda en los términos que a continuación se detallan: Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en que la autoridad que señala como responsable declaró cerrada la instrucción en el juicio natural. Lo anterior, es así, toda vez que en el punto dos del capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que fue notificado del cierre de instrucción el veinte de octubre de dos mil dieciséis y, a los terceros interesados les notificaron el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo 718/2016-2A, del índice de este órgano jurisdiccional, específicamente de las remitidas por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, anexas a su informe justificado, se desprende que mediante proveído de quince de septiembre de dos mil dieciséis, esa autoridad, acordó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que expresaran su conformidad con la certificación de que fueron desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente 2245/2014-1C, de su índice, y que no quedaban pruebas pendientes por desahogar; el cual le fue notificado también el veinte de octubre de dos mil dieciséis y a la parte demandada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; lo que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, sin que resulte necesario agregar certificación de ello, en virtud de que en este momento dichas constancias se tienen a la vista. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, cuyo rubro y texto, dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Asimismo, se le hace saber al promovente, las penas en que incurren quienes afirman hechos falsos al formular una demanda de amparo, en tanto que en el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [. . .]" APERCIBIMIENTOS Quedando apercibida la parte promovente que de no cumplir con la prevención mencionada dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo con fundamento en el artículo 114, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que deberá cumplir la anterior prevención, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo, tendrá que exhibir copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, incluyendo las que en su caso deriven de la misma aclaración descrita, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la Jurisprudencia número 2a./J.106/2011, que por contradicción de tesis sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de a Nación, que aparece publicada en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Arteaga Alfaro y Priscila Angélica Rodríguez López. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente al promovente.
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