Marcolino Cabello Gil

Expediente 608/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
608/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Marcolino Cabello Gil

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que la audiencia constitucional fijada en el presente juicio de garantías se celebró a las once horas con veinte minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en cumplimiento al oficio STCCNO/1481/2015 de treinta y uno de agosto de dos mil quince, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al auxilio en el dictado de sentencias de amparo, por parte del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se ordena remitir el presente expediente así como un anexo, a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el plazo establecido por dicha Secretaría Técnica en el punto de acuerdo C. CAR 164/2015-V de diecinueve de agosto de dos mil quince; expediente que corresponde a la remesa del mes de marzo de dos mil dieciséis, para que por su conducto sea remitido al referido Juzgado de Distrito Auxiliar, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del punto quinto del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y, 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Marcolino Cabello Gil, contra actos del Juez de lo Civil de Chignahuapan, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 608/2016; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Marcolino Cabello Gil, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional la sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de lo Civil de Chignahuapan, Puebla en los autos del juicio ejecutivo mercantil 72/2015. Establecido lo anterior, el suscrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en atención a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin al juicio, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegido en Materia Civil en turno del Sexto Circuito. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]." Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o; Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. Ahora, en el caso, el acto reclamado por la parte promovente consiste en la sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de lo Civil de Chignahuapan, Puebla en los autos del juicio ejecutivo mercantil 72/2015. Así, a juicio de este órgano jurisdiccional, la resolución impugnada posee el carácter de definitiva al poner fin al juicio; por tanto, es susceptible de ser impugnada mediante juicio de amparo directo. En esa tesitura, al actualizarse el supuesto a que se refiere la fracción I, del numeral 170 de la Ley de Amparo, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del citado ordenamiento, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda promovida por Marcolino Cabello Gil, con sus respectivas copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, para que por su conducto sea turnada al Tribunal Colegiado que corresponda, solicitando atentamente a dicho órgano se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitando además, el acuse de recibo correspondiente. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En atención que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en esas condiciones con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la siguiente tesis aislada: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. (Época: Novena Época. Registro: 195064. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998. Materia(s): Común. Tesis: XXII.1o.22 K. Página: 1067). Así mismo, se hace constar que la parte promovente no autorizó a persona alguna para oír y recibir notificaciones. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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