Marco Zilio Estrada
Expediente 624/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Marco Zilio Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
: Téngase a la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, devolviendo los anexos de cuenta y remitiendo el testimonio de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión *** del índice del tribunal de su adscripción, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en Mérida, Yucatán, en auxilio del primero en mención, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa. - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra los actos y autoridades que se puntualizaron en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el último considerando del fallo recurrido... Glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido... Se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... Hágase la anotación en la caratula del expediente en el sentido de que carece de relevancia documental... Se determina que el presente expediente es conservable... Devuélvase a la autoridad responsable la documental que ofreció como apoyo a su informe justificado (tomo de pruebas), pues no resulta necesaria su conservación en el presente asunto... Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, recupere la documental que en original exhibió en autos (de ser el caso), bajo el apercibimiento que de no hacerlo, será glosada y destruida.
- Principal
Téngase al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en este juicio... radicándolo bajo el número 593/2022.
- Principal
: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por el quejoso ****, mediante la cual, en atención a la prevención realizada en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, exhibe siete fotocopias sin certificar del escrito de expresión de agravios correspondiente; por tanto, se tiene por cumplida la prevención realizada en el referido proveído y se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. En ese contexto, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; luego, glósese a este expediente una fotocopia sin certificar del escrito de expresión de agravios y distribúyanse entre las partes una diversa. Una vez que se cuente con las notificaciones del recurso en comento, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente- remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el i) original del escrito de expresión de agravios, los ii) autos originales del presente asunto, así como iii) un tomo de pruebas, para la substanciación del referido medio de impugnación.
- Principal
: En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 624/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin la comparecencia de alguna de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables y el emplazamiento del tercero interesado; asimismo, da cuenta al Juez con la promoción con registro interno 15909; en consecuencia, el Juez, acuerda: agréguese a los autos la promoción de cuenta firmada por el quejoso *****; visto su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones ahí vertidas a título de alegatos y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta en la etapa correspondiente de esta audiencia. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo (tomo de pruebas), ofrecieron pruebas documentales; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas aludidas, las que se desahogan por sí mismas dada su especial naturaleza, por lo que se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, realizaron manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan las partes quejosa y fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 624/2022-II, promovido por ****, por derecho propio y como responsable del nombre comercial "**, contra actos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el veintidós siguiente a este juzgado de distrito***, por derecho propio y como responsable del nombre comercial "***", solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama. - - - Reclamo el ILEGAL EMPLAZAMIENTO en el Juicio Laboral *** H. Junta Especial Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. - - - El cual es violatorio de los derechos humanos de la suscrita, por encontrarse al margen de lo que dispone la Legislación Laboral, y los principios Constitucionales protectores de mis derechos humanos, así como todo lo actuado a partir del auto de radicación de dicho juicio, así como todas y cada una de las posteriores diligencias y actuaciones practicadas dentro del expediente en cita, incluyendo sin limitar (i) el auto en el cual ilegalmente se ordenó el embargo de bienes propiedad del Quejoso, (ii) todos los actos tendientes a la ejecución de dicha resolución (iii) todo acto que tenga por objeto llevar a cabo la materialización, cumplimiento, perfeccionamiento o ejecución del embargo que se haya trabado sobre bienes del Quejoso, y (iv) las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas que deriven del contenido de la orden de embargo y de la diligencia que en franca violación a la garantía de audiencia del Quejoso se llevó a cabo sin su presencia y sin agostar su garantía de audiencia, tales como desposesión de bienes y derechos de la suscrita (sic), envío de oficios a terceras personas, instituciones bancarias y autoridades." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el veintidós de junio de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de veintitrés siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 624/2022-II, y se previno a la parte quejosa para que precisará si era su deseo señalar como autoridades responsable al i) Presidente y al ii) Actuario, ambos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, en relación con los actos reclamado en la demanda, y precisara el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, o en su defecto, manifestará bajo protesta de decir verdad desconocerlo. TERCERO. Cumplimiento de prevención y admisión de demanda. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento al requerimiento precisado en el resultando que antecede, se tuvo a la parte quejosa manifestando que era su deseo señalar como autoridades responsables al i) Presidente y al ii) Actuario, ambos de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, y bajo protesta de decir verdad manifestó desconocer el nombre y domicilio del tercero interesado; por tanto, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de sobreseer el presente juicio y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Reconocimiento de tercero interesado y audiencia constitucional. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, en entre otras cosas, se reconoció el carácter de tercero interesado a ***, quien en su oportunidad fue emplazado a juicio; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia de trabajo con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias de autos, se hace consistir en: De la 1) Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, del 2) Presidente y del 3) Actuario, ambos de su adscripción, respectivamente: a) El emplazamiento de ** y "***" al juicio laboral *** de su índice, así como todo lo actuado en ese procedimiento, incluyendo el laudo ahí emitido y su ejecución. Del 2) Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. b) La orden de embargo del establecimiento comercial denominado "**", ubicado en***, en Cancún, Quintana Roo. Del 3) Actuario de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. c) La ejecución de la orden de embargo precisada en el inciso b) que antecede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1) Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, 2) Presidente y 3) Actuaria, ambas de su adscripción, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en el considerando tercero que antecede; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa debido a que enseguida realizan manifestaciones que evidencian su certeza, en el sentido que todas y cada una de las actuaciones del juicio laboral de origen se emitieron conforme a derecho. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio laboral *** del índice de la junta responsable (tomo de pruebas), a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte la existencia del juicio laboral promovido por el aquí tercero interesado *** en contra de -entre otros- de la hoy parte quejosa, en el que obra el i) emplazamiento de la parte inconforme practicados por el actuario adscrito a la junta responsable, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, previos citatorios de veintiuno del citado mes y año, el ii) laudo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la junta responsable, así como la iii) audiencia incidental de liquidación verificada el nueve de junio de dos mil veintidós, por el cual se reservó a proveer lo conducente para un mejor estudio de dicho incidente. Por tanto, son ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades responsables precisados en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente respecto de los actos precisados en el considerando tercero de este fallo, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa expresa como único concepto de violación el que se encuentra contenido en el escrito inicial de demanda, que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa arguye que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que plasma a manera de concepto de violación, en la forma siguiente: ? Síntesis de los conceptos de violación. Se vulneran en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, garantía de certeza jurídica, así como el derecho humano de acceso a la justicia. Se pasaron por alto las interpretaciones de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto las formalidades y requisitos que debe de revestir los actos de autoridad, principalmente el emplazamiento, como primer acto de autoridad y los de mero trámite. El emplazamiento como acto principal de toda contienda, reviste una formalidad ineludible a efecto de hacer conocer al demandado del requerimiento que le hace la autoridad competente, pues al ser obviado por la autoridad responsable ejecutora, lo deja en completo estado de indefensión, al no ser debidamente notificado para comparecer a juicio y en la tramitación poder plantear una adecuada defensa, como en el caso ocurre y causa la afectación de referencia. Al respecto, la parte quejosa invoca los criterios de rubro siguientes: i) "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UN ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO" ii) "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", iii) "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", iv) "EMPLAZAMIENTO, ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES OFICIOSO", v) "EMPLAZAMIENTO FATA DE." y vi) "GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULLO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICIÓN". ? Consideraciones del juzgado de distrito. En ese contexto, los conceptos de violación reseñados son inoperantes. En principio, resulta necesario establecer que en el caso no opera la suplencia de la queja deficiente en favor de la parte quejosa, toda vez que quien comparece a la presente instancia constitucional es la parte patronal en el juicio laboral de origen; caso en el cual no es procedente suplir la deficiencia de la queja en su favor, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica; aunado al hecho que el acto reclamado no actualiza el caso de excepción previsto en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, relativo a que el acto reclamado se funde en normas generales que hubieran sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito. Resulta aplicable la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 197696 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 42/97 Página: 305 SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Ahora, los conceptos de violación que postula la parte quejosa únicamente se limitan exponer de manera genérica los derechos fundamentales que deben regir en todo procedimiento y estima le fueron conculcados por las autoridades responsables; estos es, que i) se vulneran en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, certeza jurídica, así como el derecho humano de acceso a la justicia; ii) se pasaron por alto las interpretaciones de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto las formalidades y requisitos que deben de revestir los actos de autoridad, principalmente el emplazamiento como primer acto de autoridad y los de mero trámite; iii) el emplazamiento como acto principal de toda contienda, revista una formalidad ineludible a efecto de hacer conocer al demandado del requerimiento que le hace la autoridad competente, que al ser obviado por la autoridad responsable ejecutora, lo deja en completo estado de indefensión, al no ser debidamente notificado para comparecer a juicio y en la tramitación poder plantear una adecuada defensa, como en el caso ocurre y causa la afectación de referencia. Con todo, la parte quejosa no combatió las actuaciones del actuario señalado como responsable, limitándose a argüir que el emplazamiento como acto principal de toda contienda, revista una formalidad ineludible a efecto de hacer conocer al demandado del requerimiento que le hace la autoridad competente, que al ser obviado por la autoridad responsable ejecutora, lo deja en completo estado de indefensión, al no ser debidamente notificado para comparecer a juicio y en la tramitación poder plantear una adecuada defensa, como en el caso ocurre y causa la afectación de referencia. En efecto, la parte quejosa no expresa argumento alguno por el cual sustentar que el fedatario responsable no consignó de manera real, objetiva, entendible, razonada y concreta los elementos subjetivos o hechos por los que se cercioró y llegó a su conclusión, lo que convierte en tal manifestación como genérica, dogmática y sin claridad, sin posibilidad que este juez de distrito analice si tal afirmación es contraria a los principios establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, se estima que la parte quejosa se limita a hacer meras afirmaciones, sin expresar con claridad cuál es el daño constitucional que se le causó, sin exponer argumentos o consideraciones suficientes para que este juzgador de amparo esté en posibilidad de analizar la inconstitucionalidad que afirma se actualizó con los actos reclamados, debido a que se limitó a mencionar que estuvo imposibilitado a acudir con oportunidad al juicio laboral; de ahí lo inoperante en que descansan los planteamientos que postula la parte quejosa. Máxime, que la parte quejosa al haberse impuesto de la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral de origen con base en la vista que le fue conferida mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, lo cual se le notificó electrónicamente el dieciocho siguiente, estuvo en posibilidad de preparar y ampliar los motivos por los cuales consideró que el emplazamiento reclamado fue ilegal, y no limitarse a realizar las afirmaciones que quedaron reseñadas en líneas anteriores. De lo hasta aquí expuesto, resultan aplicables las jurisprudencias con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 185425 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 81/2002 Página: 61 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." "Época: Décima Época Registro: 2010038 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.) Página: 1683 CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 'RAZONAMIENTO' COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." "Época: Séptima Época Registro: 915211 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Laboral Tesis: 74 Página: 65 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón." Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 551/2018 de su índice. ? Conclusión del juzgado de distrito. En ese orden de ideas, ante la imposibilidad legal de suplir la deficiencia en los conceptos de violación, los cuales resultaron insuficientes para ser analizados a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados por la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al resto de los actos reclamados consistentes en todo lo actuado a partir del emplazamiento, el laudo y el procedimiento de ejecución materia del juicio laboral de origen, al ser reclamados como consecuencia del emplazamiento impugnado y no por vicios propios. Ahora, no pasa inadvertido para este juez de distrito que la parte quejosa y la fiscal federal de la adscripción formularon manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, al no formar parte de la litis en el juicio de amparo, su análisis no es obligatorio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 1003194 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Materia(s): Común Tesis: 1315 Página: 1480 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, por derecho propio y como responsable del nombre comercial "***", contra los actos reclamados de la 1] Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, 2] Presidente y 3] Actuaria de su adscripción, precisados en el considerando tercero, en los términos expuestos en el séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes
- Marco Iván Castillo García987/2022
- Marco Michele Trujillo de la Cruz1615/2019
- Marco Ovidio Zurita Heredia393/2015
- Marco Vinicio Garibay Arzamendi1270/2018
- Marco Vinicio Santibañez Rojas13/2022
- Marco Vinicio Santibañez Rojas629/2021
- Marcos Almicar Gallegos160/2018
- MARCOS ANTONiO ARALOS GALLEGOS634/2015
- Marcos Antonio Cauich Adrián577/2023
- Marcos Antonio Ucan1087/2018
- Marcos Baeza Soto1403/2017
- Marcos Cabrera Ramos274/2023