Marco Vinicio Vargas Machorro
Expediente 719/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marco Vinicio Vargas Machorro
Actuaciones
- Principal
...se advierte que transcurrió el término ... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...
- Principal
... a favor de... promueve juicio de amparo contra actos de la asociación civil denominada Centro de Rehabilitación "Hay una Solución", T.I.A.C., con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 719/2022, que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley en mención establece que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, la cual, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre las propias autoridades, que son las siguientes: a) De coordinación.- Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes resuelvan lo que en derecho proceda. b) De supra a subordinación.- Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. HECHOS En el caso, la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: La supuesta privación ilegal de la libertad e incomunicación del directo quejoso... Asimismo, debe destacarse que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente señaló bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que la asociación civil denominada Centro de Rehabilitación "Hay una Solución", T.I.A.C., con sede en esta ciudad, con base en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM028-SSA2- PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LAS ADICCIONES "es una agrupación" y/o "establecimiento especializado" en adicciones con modelos profesional y mixto que ofrece servicios, integrada por adictos en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo, para lograr la abstinencia de sustancias psicoactivas. Que los familiares del directo quejoso lo ingresaron al centro de rehabilitación para personas con adicciones (descrito en el punto que antecede), al menos desde el dieciocho de julio de dos mil veintidós, por motivo de adicción. CONCLUSIÓN En ese contexto, se concluye que la asociación civil denominada Centro de Rehabilitación "Hay una Solución", T.I.A.C., con sede en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que el acto que se le atribuye no reviste las características de actos de autoridad (de supra-subordinación) para los efectos a que se contrae el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que surgió del vínculo de naturaleza privada con motivo de que dicha asociación civil es quien le presta el servicio de prevención, tratamiento y ayuda en contra las adicciones, esto es, rehabilitación para personas con adicciones, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Tienen aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro digital: 2022873 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.38 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2747 Tipo: Aislada "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado". No pasa inadvertido para este juzgador que el promovente refiere que el directo quejoso, fue ingresado a las instalaciones de la asociación civil indicada "al parecer" en contra de su voluntad, que supuestamente está privado de su libertad y que incluso a su decir se encuentra incomunicado; sin embargo, también refiere que fueron directamente los familiares del quejoso quienes llevaron voluntariamente a este último a las instalaciones de esa institución; por lo tanto, esas cuestiones, en todo caso de considerarlo procedente el aquí promovente, podrían denunciarse ante las instancias legales competentes para que de acuerdo con la normativa aplicable procedan en consecuencia, por lo que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en vía y forma que estime procedente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza a... para que actúe en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que no cuentan con sus respectivas cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, se autoriza al usuario... para recibir toda clase de notificaciones vía electrónica y para consultar este expediente; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva, así como el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. Se solicita a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.) que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Asimismo, tómese en cuenta el correo electrónico que indica la promovente como medio de comunicación, en caso de considerarse necesario, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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