Marco Vinicio Becerril Gama y Otros.
Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/02/2022
Partes del expediente
- Marco Vinicio Becerril Gama y Otros.
- Alejandra Dávila Leyva y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de diez de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso a) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, se deja a disposición de la parte quejosa el original que exhibió en el presente sumario; por tanto requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2021 a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviara materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. .
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, rinde informe justificado y como complemento de éste remite, entre otras cosas, copia de la carta de consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años y de un comprobante de vacunación, de los que se advierte que la menor quejosa de iniciales *** fue inoculada con las dos dosis de la vacuna contra el virus mencionado, el dieciséis de noviembre y el quince de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte Marco Vinicio Becerril Gama y Alejandra Dávila Leyva, en representación de su menor hija de iniciales ** reclamaron del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, la omisión por parte de las autoridades responsables en aplicar la vacuna Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV2 a la menor peticionaria del amparo. Ahora bien, de las constancias anexadas al oficio de cuenta, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que la autoridad responsable el dieciséis de noviembre y el quince de diciembre de dos mil veintiuno, aplicó la primer y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 del Biológico Pfizer BioNTech, a la menor quejosa ** por lo que se evidencia que fue completado el esquema de vacunación en favor ésta, pues lo anterior se concatena con el oficio 208C0101000200S/7358/2021, suscrito por el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, recibido en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que dicha autoridad informó que el dieciséis de noviembre del año en curso, en un horario 09:00 a 15:00 horas se vacunaría con la primer dosis de la citada vacuna a la menor quejosa, así como con el oficio sin número recibido el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, solicitó se informara a la parte quejosa que para la aplicación de la segunda dosis debía presentarse en un horario de 08:00 a 14:00 horas, el día quince de diciembre de dos mil veintiuno. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las trece horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil veintidós, se deja insubsistente.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que se encuentra prevista la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó en auto de diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, sin embargo, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido, entre otros, el oficio sin número signado por el apoderado legal del Secretario y de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante el cual rindió informe de suspensión de plano. Asimismo, de una revisión a dicho comunicado, se aprecia que la referida autoridad responsable, refirió que derivado de las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 (GTAV), la Política Nacional de Vacunación fue modificada para incluir únicamente a personas adolescentes de doce a diecisiete años de edad que viven con alguna comorbilidad que pueda aumentar el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19. En esa tesitura; con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, manifieste si es su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 (GTAV); apercibida que, de ser omisa a lo anterior, se continuará la secuela procesal del presente juicio, tal y como se planteó en la demanda inicial. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, consultable a página 93 y texto con número de registro 182617, cuyo rubro indica: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA" De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Es oportuno señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuaran aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga alguna disposición vigente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente el presente juicio de amparo, la audiencia constitucional se difiere, y para su verificativo se fijan las trece horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil veintidós. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos se aprecia que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante el cual, entre otras cosas, informó que el quince de diciembre del dos mil veintiuno, se llevaría a cabo la segunda aplicación del biológico PfizerBioNTech, a la menor de iniciales ***, por lo que se requirió para que en el plazo de veinticuatro horas remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia, sin que al día de la fecha se haya pronunciado al respecto. Por tanto, mediante oficio requiérase a la referida autoridad para que en un término de veinticuatro horas legalmente computado, dé cumplimiento a lo descrito en el párrafo precedente; en el entendido que, también deberá remitir las constancias que acrediten la primer aplicación de la vacuna mencionada; apercibido que de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se hará efectiva la medida de apremio con que fue conminado en autos.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 999/2021-II, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que se encuentra prevista la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó en auto de diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, sin embargo, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido, entre otros, el oficio sin número signado por el apoderado legal del Secretario y de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante el cual rindió informe de suspensión de plano. Asimismo, de una revisión a dicho comunicado, se aprecia que la referida autoridad responsable, refirió que derivado de las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 (GTAV), la Política Nacional de Vacunación fue modificada para incluir únicamente a personas adolescentes de doce a diecisiete años de edad que viven con alguna comorbilidad que pueda aumentar el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19. En esa tesitura; con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, manifieste si es su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 (GTAV); apercibida que, de ser omisa a lo anterior, se continuará la secuela procesal del presente juicio, tal y como se planteó en la demanda inicial. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, consultable a página 93 y texto con número de registro 182617, cuyo rubro indica: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA" De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Es oportuno señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuaran aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga alguna disposición vigente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente el presente juicio de amparo, la audiencia constitucional se difiere, y para su verificativo se fijan las trece horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil veintidós. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos se aprecia que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante el cual, entre otras cosas, informó que el quince de diciembre del dos mil veintiuno, se llevaría a cabo la segunda aplicación del biológico PfizerBioNTech, a la menor de iniciales ***, por lo que se requirió para que en el plazo de veinticuatro horas remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia, sin que al día de la fecha se haya pronunciado al respecto. Por tanto, mediante oficio requiérase a la referida autoridad para que en un término de veinticuatro horas legalmente computado, dé cumplimiento a lo descrito en el párrafo precedente; en el entendido que, también deberá remitir las constancias que acrediten la primer aplicación de la vacuna mencionada; apercibido que de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se hará efectiva la medida de apremio con que fue conminado en autos.
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