Marco Tulio Cáceres Dardón y Otros.

Expediente 1300/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1300/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Marco Tulio Cáceres Dardón y Otros.
  • Raymundo Javier Cortez Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 25198/2022, de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dirigido a la Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Administrador de Correos del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, envíe a este órgano de control constitucional, el original o bien, copia certificada del acuse: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE NÚMERO DE GUIA POSTAL 25198/2022 Delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. MA022101862MX Enviado en la factura de trece de septiembre de dos mil veintidós. Apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor de una multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), y de conformidad con el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Visto, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del juicio de amparo 1157/2022, en relación a la separación de juicios para proveer por separado respecto de los siguientes actos reclamados: Señalados en el escrito de demanda promovida por *****, contra actos del Fiscal de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1300/2022, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al libelo de demanda respecto al acto reclamado, es apropiado decir que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello es así, en virtud que la parte quejosa en su escrito de demanda señala como acto reclamado, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: En ese sentido, a criterio de quien ahora resuelve, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En atención a la causa de improcedencia invocada, es pertinente dejar asentado que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, existe el denominado "principio de definitividad", consagrado en el artículo 107, fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Este principio, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa, que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; por lo que, existiendo éstos sin que en su oportunidad sean interpuestos por la parte quejosa, el juicio de garantías es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza misma del amparo, ya que éste es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos o medios de defensa legales que procedan. Por tanto, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso, que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la quejosa deba agotar los recursos y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo expuesto, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante del amparo. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia, que establece lo siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).." Así, los elementos con los que se integra la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa; Por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas; Y, únicamente se contemplan como casos de excepción los señalados en las fracciones a), b) y c) de la mencionada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. De lo transcrito se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa, lo constituye medularmente en la omisión de continuar con la investigación y judicialización del R.A. 0281-101-1301-2021, por el delito de desobediencia aun mandato judicial en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas y de informar al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado respecto del R.A. 0281-101-1301-2021, del índice del Fiscal de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Establecido lo anterior, la negativa y/o abstención del ministerio público para continuar con la investigación del R.A. 0281-101-1301-2021, de acuerdo a los ordenamientos constitucionales en el nuevo sistema de justicia, deberán ser impugnadas directamente ante el Juez de Control. En el caso, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 133, 134 y 258, prevé el control judicial garantizado por el Juez de Control; dichos numerales establecen: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; .". Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento; III. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo; IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; V. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena; VI. Mantener el orden en las salas de audiencias, y VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica, en este Código y otras disposiciones aplicables. Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". De los anteriores dispositivos, se obtiene que al Juez de Control le corresponde resolver sobre los derechos del imputado relacionados, entre otros, con las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, dentro de los cuales, se encuentran los actos emitidos en la etapa de investigación respecto al ofrecimiento de pruebas; es decir, desde la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Así, el Juez de Control es el contrapeso natural para el Director de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la autoridad ministerial depende del Ejecutivo, del Judicial o es un órgano autónomo. La dependencia o no a una rama del Estado no impide hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación fiscal como es el caso de este juez. El procedimiento para realizar la impugnación del actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, será incidental, es decir, se realizará la petición ante el Juez de control, quien convocará a una audiencia y en presencia de ambas partes (ministerio público y víctima y en su caso, al imputado y a su Defensor) y decidirá lo conducente. En atención a lo anterior, los promovente del amparo tiene la obligación de impugnar ante el Juez de Control competente la omisión, dilación y/o abstención del Ministerio Público para determinar la carpeta de investigación por parte, de que se queja, e inclusive, la propia determinación por la que el Agente del Ministerio Público ejerza acción penal, de acuerdo a lo establecido en los numerales del Código Procesal en cita, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de la parte quejosa. En consecuencia, el acto aquí reclamado, se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad ministerial, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra de las actuaciones reclamadas por el justiciable al Fiscal del Ministerio Público responsable, consistente en la omisión de continuar con la investigación y judicialización del R.A. 0281-101-1301-2021, por el delito de desobediencia aun mandato judicial en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas y de informar al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado respecto del R.A. 0281-101-1301-2021, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de las mismas tendrá que acudir ante el Juez de Control correspondiente, en estricta observancia a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracciones VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, registro IUS 2017641, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual manera, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, pagina 943, registro IUS 2017640, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe señalar, que la presente determinación no hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia del aquí quejoso, ya que en caso de considerar que el amparo es procedente en contra de los actos que se duele, evidentemente que la tramitación del juicio de amparo, dilataría mucho más la obtención de una respuesta acorde a sus intereses que acudir ante el Juez de Control correspondiente; ello es así, dado que la tramitación del proceso penal (metodología de audiencia), de suyo conlleva una mayor agilidad que la tramitación de la vía extraordinaria. Ello acontece en virtud de que la simple tramitación del juicio de amparo implicaría casi dos meses, sin considerar la eventual interposición de cualquiera de los recursos previstos en la Ley de Amparo, mientras que al acudir ante el Juez de Control su petición será atendida por parte del Juez de Control resolviéndola en definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Procesal aplicable. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Es aplicable la jurisprudencia, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizados en los términos que solicita a las persona indicadas. Se toma nota del correo electrónico corporativofiallo@gmail.com, para efectos de una comunicación más eficaz. Por otra parte, al advertir de la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "Porfirio25"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado usuario. Asimismo, como lo solicita la promovente y, con fundamento en el citado Acuerdo General 12/2020, háganse las notificaciones vía electrónica, a través del Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre del usuario que proporciona. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes...

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