Marco Roberto Hernández Santillán
Expediente 2675/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2675/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/07/2021
Partes del expediente
- Marco Roberto Hernández Santillán
- Director General del Fondo de Pensiones Para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
9615El licenciado Octavio Parra García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit CERTIFICO: a) Que tras una revisión del expediente se hace constar que no obra documento original exhibido por la parte quejosa. b) De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; asimismo, no se exhibió billete o certificado de depósito, sobre el cual se tenga que proveer su destino. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Tepic, Nayarit, trece de julio de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, el secretario Octavio Parra García da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede; con el oficio signado por la autoridad responsable y anexo; asimismo, con el estado de autos. Registro 9615. CONSTE.- TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de junio del año en curso, informa la imposibilidad material y jurídica para acatar la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, en virtud de que el aquí quejoso falleció, tal y como lo acredita con el acta de defunción certificada que acompaña; en consecuencia, agréguense el libelo y anexo de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que mediante resolución dictada el seis de marzo de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, de manera fundada y motivada, dé respuesta a la petición formulada por el quejoso el seis de febrero de dos mil diecinueve, en breve término, de forma congruente con lo solicitado; y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia.". En virtud de lo anterior, la autoridad oficiante allegó a este juzgado las constancias que estimó pertinentes para acreditar el acatamiento dado la ejecutoria de amparo. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. De lo allegado, se desprende que a fin de dar cumplimiento al fallo dictado en el presente expediente, realizó lo siguiente: Mediante oficio FP/830/2021, de veintisiete de mayo de la presente anualidad, dio respuesta al escrito presentado por el quejoso el seis de febrero de dos mil diecinueve, en torno a su petición de pensión por jubilación. Y al efecto, en esencia, la autoridad responsable hizo del conocimiento al amparista de mérito que: En respuesta a su solicitud, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con fundamento en el artículo 8, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, determinó que es atribución del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones conceder, negar o modificar las pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; sin embargo, una vez autorizada la pensión por parte del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, se le notificará para que su solicitud sea turnada a la Comisión Revisora. Asimismo, le notificó el veintiocho de mayo siguiente la respuesta recaída a su ocurso de mérito. Sin embargo, lo anterior resultó insuficiente para declarar cumplida la ejecutoria, toda vez que la autoridad responsable informó que una vez autorizada la pensión por parte del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, se le notificará para que su solicitud sea turnada a la Comisión Revisora, por lo que son gestiones las que está realizando, por ende, éstas sólo se pueden interpretar como vías de cumplimiento, en virtud de que el trámite concluye con el dictamen de la pensión. Luego, debido a la imposibilidad material y jurídica existente para acatar la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, por el fallecimiento del quejoso, resulta innecesario darle vista con el libelo y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo presentados el uno de junio del presente año. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que lo procedente es declarar que existe una imposibilidad jurídica y material para que la responsable cumpla con el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Ello, porque en el ocurso de cuenta la responsable expresa que al comunicarse vía telefónica con el "quejoso", a fin de pedirle la documentación para llevar a cabo la revisión de su expediente personal, fue informada de la defunción de Marco Roberto Hernández Santillán. De ahí que, como se anticipó, existen aún gestiones que la responsable debe realizar, como lo es recabar cierta documentación para llevar a cabo la revisión del expediente personal del quejoso, y autorizada la pensión por parte del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, turnar la solicitud a la Comisión Revisora; pero ante el deceso del promovente del amparo no es posible continuar con el procedimiento relativo a la petición de pensión por jubilación, por ende, se actualiza la imposibilidad destacada. Es oportuno precisar, que si bien el artículo 16 de la Ley de Amparo, establece que el juicio se suspenderá inmediatamente cuando se tenga conocimiento de la defunción del quejoso y no tenga representante legal, también lo es que resulta improcedente decretarla, pues en este asunto ya se dictó sentencia, la que causó ejecutoria y únicamente faltaba que la responsable acatara el fallo protector. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XXX.1o.8 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, localizable en la página 2791, libro 54, mayo de 2018, tomo III, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2016970, que estatuye: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA POR LA MUERTE DEL RECURRENTE, SI EL TRÁMITE ESTÁ CONCLUIDO Y SÓLO ESTÁ PENDIENTE SU RESOLUCIÓN, AL SER INNECESARIA E INTRASCENDENTE LA INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCESIÓN. El artículo 16 de la Ley de Amparo establece 3 hipótesis respecto al procedimiento que debe seguirse en caso de fallecimiento del quejoso durante la tramitación del juicio de amparo: 1) si lo planteado en el juicio no afecta sus derechos estrictamente personales, su representante legal continuará el juicio, en tanto interviene el representante de la sucesión; 2) si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción, y si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente, según el caso de que se trate; y, 3) cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional, y acreditar esta circunstancia, o proporcionar los datos necesarios para ese efecto. Ahora bien, cuando se encuentre pendiente de resolución un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo indirecto y los derechos que se cuestionen no sean estrictamente personales, sino patrimoniales, además de que el trámite ya está concluido faltando sólo el dictado de la resolución, es improcedente decretar la suspensión del procedimiento, al ser innecesaria e intrascendente la intervención del representante legal de la sucesión; máxime que conforme al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia debe ser pronta, y los tribunales estarán expeditos para impartirla.". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente sumario constitucional se sobreseyó y se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. urg.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, la autoridad responsable denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Esto es así, ya que mediante resolución dictada el seis de mayo de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, de manera fundada y motivada, dé respuesta a la petición formulada por el quejoso el seis de febrero de dos mil diecinueve, en breve término, de forma congruente con lo solicitado; y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia". En virtud de lo anterior, la autoridad oficiante allegó a este Juzgado las constancias que estimó pertinentes para acreditar el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de constancias expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. De lo allegado, se desprende que a fin de dar cumplimiento al fallo dictado en el presente expediente, realizó lo siguiente: Mediante oficio FP/830/2021, de veintisiete de mayo de la presente anualidad, dio respuesta al escrito presentado por el quejoso el seis de febrero de dos mil diecinueve, en torno a su petición de pensión por jubilación. Y al efecto, en esencia, la autoridad responsable hizo del conocimiento al amparista de mérito que: En respuesta a su solicitud, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con fundamento en el artículo 8, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, determinó que es atribución del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones conceder, negar o modificar las pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; sin embargo, una vez autorizada la pensión por parte del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, se le notificará para que su solicitud sea turnada a la Comisión Revisora. Asimismo, le notificó el veintiocho de mayo siguiente la respuesta recaída a su ocurso de mérito. Sin embargo, lo anterior resulta insuficiente para declarar por cumplida la ejecutoria, toda vez que la autoridad responsable informa que una vez autorizada la pensión por parte del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, se le notificará para que su solicitud sea turnada a la Comisión Revisora, por lo que son gestiones las que está realizando, por ende, éstas sólo se pueden interpretar como vías de cumplimiento, en virtud de que el trámite concluye con el dictamen de la pensión. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, como autoridad vinculada, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de la que se le remite copia para los efectos legales a que haya lugar. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada. Por lo anterior, se deja sin efectos la vista otorgada mediante proveído de dos de junio del presente año, por los motivos antes expuestos. Notifíquese. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de seis de marzo de dos mil veinte, dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa procedente; de igual manera, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada ley. Notifíquese.
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