Marco Ramírez Chávez
Expediente 291/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Ramírez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General del Consejo del Poder Judicial del Estado, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en la sentencia de seis de julio del año en curso y al requerimiento formulado en acuerdo de veintiocho del mes pasado, informa que previo al señalamiento de las audiencias de los juicios orales que se generan el en Estado, se analiza cada caso, y uno de los aspectos más importantes para señalar la audiencia es si el inculpado tiene impuesta una medida cautelar de prisión preventiva, también se toma en cuenta la cantidad y calidad de los testigos, fecha de vinculación a proceso, fecha de auto de apertura, disponibilidad de sala, la ley aplicable y el delito. En los casos en que el inculpado se encuentra recluido en CEFERESOS fuera del Estado, se revisa la disponibilidad para conectarse a la audiencia de juicio. Asimismo, se lleva un calendario de actividades de los jueces, conforme al cual se organizan la agenda de los juicios orales, y de la misma forma se lleva un calendario de salas de audiencias y juicios orales, que permite organizar los juicios orales que se van agendando. Con lo anterior se tiene desahogada la vista concedida en sentencia de seis de julio del año en curso, dictada en el presente asunto. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a las partes en proveído de diez de agosto pasado, para que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin que hubiera alguna manifestación al respecto. En ese contexto, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes I. El seis de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para el efecto siguiente: "SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 77, fracción II, y 197 de la Ley de Amparo se concede la protección constitucional solicitada para que las autoridades responsables Tribunal Unitario de Juicio Oral en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, y el Subcoordinador de Agendamiento de la Coordinación General del Sistema de Gestión del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, realicen lo siguiente: 1) Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deje sin efectos la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, únicamente en la parte en que fijó la celebración de la audiencia de juicio oral para el once de septiembre del año en curso. 2) Satisfecho el punto anterior, emita una nueva determinación en la cual fije nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, atendiendo al plazo que establece el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que el quejoso tuvo que acudir al presente juicio de amparo para que se respetara el plazo previsto por ley para tal efecto, en su estándar razonable, y en restitución de su derecho de acceso a la impartición de justicia y su derecho a la libertad personal. Por lo que en restitución de sus derechos vulnerados, las responsables están obligadas a fijar audiencia en la fecha más inmediata posible, dentro del intervalo legal, sin que se afecte la debida citación a las partes, esto es, con la única limitación de que permita requerirlas para asistir al debate, por lo menos, con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia". II. En acuerdo de veintiocho de julio del año en curso causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se requirió su cumplimiento al Tribunal Unitario de Juicio Oral de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato y al Subcoordinador de Agendamiento de la Coordinación General del Sistema de Gestión del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. III. En atención al fallo protector, mediante los oficios JOIRA/11012/2023 y JOIRA/11287/2023, la encargada de sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias respectivas para acreditarlo. Con tales documentales, en proveído de diez de agosto del presente año se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento del fallo protector; sin que a la fecha hicieran manifestación al respecto. Pronunciamiento. Las documentales aportadas por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y acreditan que se atendieron los efectos para los cuales se concedió el amparo, en razón de que: a) En acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado en la causa penal 1P1621-631 del índice del Tribunal Unitario de Juicio Oral en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato se programaron las doce horas del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de juicio oral dentro de dicho proceso penal, y b) En proveído de ocho de agosto siguiente, se dejó sin efectos la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, únicamente en la parte en que fijó la celebración de la audiencia de juicio oral para el once de septiembre del año en curso. Asimismo, se reiteró la nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral dentro de dicho proceso penal. De lo anterior se desprende que las responsables restituyeron al quejoso en su derecho de acceso a la impartición de justicia y su derecho a la libertad personal, dado que fijaron una fecha razonable para el verificativo de la audiencia de juicio aludida. Asimismo, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en el oficio de cuenta, informó las acciones realizadas con motivo de la vista otorgada en sentencia de seis de julio del año en curso. En ese contexto, se concluye que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo; por ello, este juzgado considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez transcurrido el término, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, devuélvase al juez responsable el disco versátil digital (DVD) que obra por separado, el cual fue remitido como complemento a su informe justificado; en virtud de que resulta innecesario su reguardo en ese juzgado.
- Incidental
Vistos los autos del juicio principal del que deriva esta incidencia, se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo; en consecuencia, archívese el expediente en el que se actúa. Toda vez que en la interlocutoria de treinta de marzo del año en curso, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), el presente cuaderno debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Una vez transcurrido ese término, previa acta que se elabore, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto lo de cuenta, intégrese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en la sentencia de seis de julio del año en curso, remite las constancias respectivas de las que se aprecia que a fin de garantizar una impartición de justicia digna y pronta en favor de los justiciables y fortalecer el Sistema Penal Acusatorio Oral, ha realizado en materia de (I) infraestructura, (II) recursos humanos y (III) uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones, las siguientes acciones: En materia de infraestructura La ampliación de los Juzgados de Oralidad Penal de León, Guanajuato, la cual se encuentra en la etapa de contratación del proyecto, La construcción de cuatro salas de oralidad en los Juzgados de Oralidad Penal en Celaya, Guanajuato, programa que se encuentra en elaboración del Proyecto Ejecutivo, La ampliación del Juzgado de Oralidad Penal de Cortazar, Guanajuato, implementada en esta anualidad, y El inicio de operaciones, de una sala de audiencias con agenda diaria del delito de violencia familiar, tanto en el Juzgado de Oralidad Penal, sede León, como en una sala externa de la sede Irapuato, el quince mayo del año en curso. En materia de recursos humanos La adscripción de los ganadores del Concurso de Oposición Interno para asignar treinta y cinco plazas como Encargados de Sala del Sistema Penal Acusatorio y Oral, a partir del uno de junio del año que transcurre, La adscripción de los ganadores del Concurso de Oposición Interno para asignar treinta y seis plazas en la categoría de Juezas y Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral, a partir del uno de los actuales, y La aprobación de la capacitación para diversos Encargados y Encargadas de Sala, con el propósito de llevar a cabo su habilitación como Juezas y Jueces de Oralidad Penal en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, En materia de uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones En sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, se requirió al Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, así como al Coordinador General del Sistema de Gestión de Oralidad, informaran las etapas de implementación del proyecto denominado "Promoción en Línea en Materia Penal", La respuesta a dicho requerimiento se remitió al Semipleno Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a fin de contar con su opinión jurídica, la cual se encuentra en revisión. Ahora, en el caso en concreto, informa que instruyó a la Coordinación del Sistema de Gestión de Oralidad Penal a efecto de que realice un diagnóstico de las causas penales que cuentan con imputados e inculpados bajo prisión preventiva, a efecto de que, en consideración a la etapa procesal de cada una, así como la intervención a cargo de los otros actores en el proceso penal, se realice una propuesta de un programa de acción que permita reducir, en la medida de lo posible, los tiempos en la calendarización o agenda de las audiencias con los recursos materiales y humanos disponibles. En esa medida, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente acuerdo, informe si actualmente se hace alguna distinción entre aquellos procesos en que la persona se encuentra privada de su libertad de la que no lo está, para agendar las audiencias o si únicamente se encuentra contemplada a futuro la propuesta señalada en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que en sentencia de seis de julio del año en curso, se dio vista al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en los siguientes términos: "SÉPTIMO. VISTA AL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. De conformidad con el artículo 28, fracción Ide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, así como 5 del Reglamento Interior, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el órgano de administración general encargado de vigilar que la impartición de justicia se realice de manera pronta, para lo cual emite los acuerdos y circulares que sean necesarios. Además, conforme a la "Guía Práctica para reducir la prisión preventiva" emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben adoptar las siguientes medidas a fin de asegurar que las personas en detención preventiva sean sometidas a juicio sin una demora indebida: Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Otorgar prioridad a la celeridad del trámite de estos procesos, con plena observancia del debido proceso. Poder Judicial y Ministerio Público. Crear programas especiales para monitorear la duración de la prisión preventiva y el mantenimiento de registros adecuados de las personas procesadas. Garantizar que cualquier detención preventiva encuentre su justificación en los fines procesales del caso concreto, y desde el inicio de la privación de libertad. Revisar periódicamente la vigencia de las circunstancias que motivaron la aplicación inicial de la prisión preventiva, y si el plazo de detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. Mantener sistemas eficientes de registros de las órdenes de prisión preventiva y de la comunicación con los juzgados. Contar con un adecuado control del cumplimiento de los plazos máximos de prisión preventiva. En ese sentido, se tiene como hecho notorio que en los informes justificados rendidos por el Subcoordinador de Agendamiento de la Coordinación General del Sistema de Gestión del Poder Judicial del Estado de Guanajuato en los juicios de amparo ******************** y ********************, en los cuales el acto reclamado era similar al del presente asunto, hizo alusión a que la fijación de la audiencia de juicio obedecía a la carga de trabajo, el número de juicios pendientes de resolver, la cantidad de jueces con que cuenta esta entidad federativa y la disponibilidad de los recintos o salas para el desahogo de las audiencias. Por tanto, se considera necesario dar vista al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para que en atención a sus recursos económicos y materiales, determine y realice las medidas pertinentes y necesarias, para dar celeridad a los procesos penales en los que la persona esté privada de la libertad, a fin de evitar dilaciones injustificadas". Sentencia que fue notificada el doce de julio de esta anualidad mediante oficio 17150, así como el proveído en el que causó ejecutoria, a través del diverso 18427 entregado el tres de los actuales. Sin que a la fecha obre la determinación recaída a la vista ordenada. En esa medida, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente acuerdo, informe la determinación recaída a la vista ordenada en la sentencia de seis de julio del año en curso. Se le apercibe que de no cumplir el requerimiento formulado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien unidades de medida y actualización.
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