Marco Polo Ponce Ponce y Otros.

Expediente 719/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
719/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Marco Polo Ponce Ponce y Otros.
  • Marco Polo Ponce Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 3672/2021 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiséis de agosto del año en curso, en el recurso de queja 93/2021, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones correspondientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio 2782/2021 del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que por proveído de uno de julio de la anualidad en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de derechos fundamentales, registrándolo con el número de expediente de queja 93/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Mirka Jehovana Ponce Rodríguez, a través del cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del auto de tres de junio de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de Mirka Jehovana Ponce Rodríguez, por el que se desechó su demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en los siguientes términos: Es cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de la demanda de amparo promovida por Mirka Jehovana Ponce Rodríguez por sí y en representación de sus menores hijos M.P y J.E., de apellidos P. P. Finalmente, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, y copia fotostática certificada de la totalidad de las actuaciones que integran el presente juicio, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** por sí y en representación de sus menores hijos ********************; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 719/2021-2, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, la parte quejosa reclama: La designación de Norberto Maravilla como juez de Ejecución de Sanciones del Quinto Distrito Judicial. La detención de ******************** en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en la carpeta de ejecución 230/2017, sin que causara ejecutoria dictada en expediente de apelación 27/2021. Actos reclamados respecto de los cuales, se actualiza la causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se podrá advertir, el precepto transcrito dispone que en el ámbito propiamente procedimental del juicio de amparo, uno de los principios rectores de dicho medio de control constitucional, es que debe seguirse a instancia de parte agraviada, esto es, que los actos reclamados le causen perjuicio en su esfera de derechos fundamentales, lo que se desprende, a su vez, de la fracción I, del artículo 107 Constitucional, que a la letra dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De lo anterior, se obtiene que para iniciar el juicio de amparo, es necesario, o más aún, indispensable, que quien lo intente acredite encontrarse debidamente en el supuesto jurídico ya señalado, sea porque la afectación que anuncie se suscite en su propia esfera de derechos, o porque concretándose en el ámbito jurídico de un tercero, éste hubiere delegado facultades de representación a quien intente la acción de amparo. Bajo esa perspectiva, ******************** por sí y en representación de sus menores hijos ********************, no cuenta con legitimación para reclamar en esta vía la resolución por la que se designó juez de Ejecución a Norberto Maravilla; tampoco la cumplimentación de la orden de aprehensión de quien dice es padre de los menores, pues no inciden en su esfera de derechos y menos le causan perjuicio, en términos del numeral 5, fracción I, de la Ley de la Materia. Ello, dado que el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, refiere que decisiones en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces, solo podrán ser revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal para verificar su apego a la ley orgánica respectiva. Asimismo, debe mencionarse que dicho precepto es análogo al párrafo noveno del numeral 100 Constitucional, que establece que ese tipo de determinaciones son impugnables a través del recurso de revisión administrativa que se haga valer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es claro que la designación del juez de ejecución es una determinación para la que está facultado constitucionalmente el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, de manera que adquiere el carácter de definitiva e inatacable, respecto de las personas que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial, pues solo pueden ser revisadas por el Supremo Tribunal de Justicia en cuanto hace al apego a la ley orgánica correspondiente, de ahí que resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales. En el mismo orden ideas, la ejecución de la orden de aprehensión cumplimentada en la carpeta de ejecución 230/2017, contra ********************, no causa perjuicio a la parte quejosa, pues no fue dirigida a ella y menos afecta su libertad personal. Esto es así, pues quien fue reaprehendido dice es padre de los menores quejosos, de tal manera que la instauración de la carpeta de origen y la ejecución de los actos que de ella emanen, no causan perjuicio alguno a la promovente, ya que para eso es necesario que ésta tenga el carácter de parte formal y material en el citado juicio, situación que no le asiste. En consecuencia, tal circunstancia le impide ejercer la facultad de exigencia oponible a las autoridades. Se afirma así, en virtud de que al no ser parte en el expediente de donde derivan los actos reclamados, la agraviada no se encuentra sujeta a la litis procesal, por tanto, lo ahí resuelto u ordenado, no infiere en su esfera jurídica, pues no se afectan derecheros legítimamente tutelados. Luego, se estima que la promovente carece de legitimación para reclamar el acto impugnado, debido a que éste no le causa perjuicio alguno, por ende, resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo expuesto, por razones análogas, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 198, Tomo VIII, Octubre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS 221706, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO POR NO AFECTAR LOS INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. Una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, permite concluir que el juicio de garantías en la vía uni-instancial debe ser solicitado precisamente por aquel que sufra una lesión directa en su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad, por lo que es presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional que se le haya causado un agravio al quejoso, y si la peticionaria de garantías no fue parte en el juicio generador del acto reclamado, es obvio que no se le causó perjuicio alguno, surtiéndose así la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como correo electrónico para oír y recibir notificaciones la dirección ******************** y el teléfono celular ********************y como autorizado para esos únicos efectos a Alberto Arroyo Delgado dado que no se cita su número de cédula profesional. Con fundamento en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente.

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