Marco Polo García Mondragón
Expediente 846/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/06/2018
Partes del expediente
- Marco Polo García Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se acordó lo siguiente. Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en donde se sobreseyó en el juicio constitucional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Con lo anterior, se ordena dar vista en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo y una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
SENTENCIA. Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo directo.
- Principal
Agréguese a los autos el informe juestificado que suscribe la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9 de la ley de la materia; y, como domicilio procesal la residencia oficial de dicha dependencia. Asimismo, con apoyo del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas que allega, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. En cuanto a las causales de improcedencia que hace valer, dígasele que serán analizadas en el momento procesal oportuno.
- Principal
Visto el oficio del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual pretende informar las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de fallo protector; agréguese a los autos, y se acuerda: No ha lugar a proveer de conformidad con lo peticionado por la citada responsable, toda vez que lo manifestado por la oficiante no acredita gestiones posteriores ni diversas a las ya informadas con anterioridad por ésta, para lograr el acatamiento del fallo protector; por tanto, toda vez que la autoridad oficiante no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ni demostrado que ha realizado gestiones efectivas tendentes al cumplimiento, no obstante los múltiples requerimientos realizados por este Juzgado de Distrito se provee lo siguiente: Cierto, en dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el toca de revisión 431/2017, la Superioridad confirmó la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrir el pago del derecho por refrendo de licencia para giros dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los términos previstos por la fracción IX del artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017, a razón de $35,119.00 (treinta y cinco mil ciento diecinueve pesos 00/100 moneda nacional), en lo presente y en lo futuro hasta en tanto subsista el vicio de constitucionalidad que motivó la concesión del amparo, y se le haga extensiva la tarifa más benéfica establecida para los giros de su misma categoría, contenida en la fracción XVII de ese precepto, por el monto de $3,251.00 (tres mil doscientos cincuenta y un pesos). Así, por once de diciembre de dos mil diecisiete se tuvo por recibida la ejecutoria en comento; se solicitó el cumplimiento puntual a la autoridad competente para ello, a saber: la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, se requirió al Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, en su calidad de superior jerárquico, para que le ordenara acatar la sentencia de amparo. Tal requerimiento se reiteró en sendas ocasiones, la última de ellas el dos de mayo de dos mil dieciocho, sin que al día de hoy la autoridad demostrara haber realizado gestiones eficaces para cumplimentar la sentencia, denotando una actitud evasiva y contumaz. En el entendido de que en múltiples proveídos se le requirió para que demostrara que acudió a distintos mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo, por lo que el hecho de manifestar de forma generalizada que no se cuenta con el flujo financiero suficiente para cumplir la sentencia de amparo no es justificación para no acatar una determinación de carácter Constitucional. De tal modo, como ya se adelantó la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia ha sido omisa en acatar los lineamientos trazados por este Juzgado Federal. Por tanto, se actualiza el notorio incumplimiento dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia, dado que la autoridad no justificó la causa del retraso en el cumplimiento de la ejecutoria conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, se limitó a reiterar gestiones ineficaces para acatar el fallo. Efectivamente, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, ha utilizado como argumento principal para la evasión del cumplimiento de mérito el hecho de que "el municipio de Guadalajara no cuenta con el flujo de recursos financieros suficientes, debido a que "no se ha registrado el suficiente pago de contribuciones que den solvencia necesaria para hacer frente a la totalidad de los compromisos y obligaciones pecuniarias a cargo del municipio" razón por la cual no está en aptitud de hacer frente al pago de la condena judicial decretada en autos. Por consiguiente, en acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, se indicó a la autoridad encargada del cumplimiento que por última ocasión se le requería para realizar el acatamiento del fallo, concediéndole un plazo considerable para que demostrara las gestiones conducentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo y no incólume la violación de derechos ocasionada a la parte quejosa. Así las cosas, a la fecha en que se emite el presente acuerdo, no existe evidencia de que la responsable hubiere realizado adecuaciones en sus partidas presupuestales con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a la sentencia confirmada por el tribunal superior, no obstante que se le ha requerido para ello en diversas ocasiones; por el contrario, las manifestaciones de la autoridad denotan su renuencia de acatar puntualmente el fallo protector, no obstante que en diversos oficios manifieste que no pretende ser omisa. Todo lo anteriormente expuesto resulta así, porque existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Entendido esto como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico causado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de obtener el pago del débito, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no ser así, bastaría con que las responsables gestionaran debidamente ante las autoridades competentes (vinculadas al cumplimiento) el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquella no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto de una oficina gubernamental (vinculada), encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución que condene a pagar ciertas cantidades, al grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, en detrimento del servicio de administración de justicia y de los derechos fundamentales de los gobernados. Sin duda, bajo tal perspectiva ha sido improcedente tener a la autoridad acatando puntualmente la sentencia de amparo, dado que sus efectos aún no están acabados, ni tampoco ha sido procedente desvincularla del cumplimiento, porque en razón de sus funciones le compete realizar los actos tendentes a dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios y pagar a la parte quejosa lo determinado en la resolución confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el toca de revisión 431/2017. Entonces, como se afirmó anteriormente las manifestaciones que hasta el momento ha realizado la autoridad responsable y la renuencia a cumplir lo solicitado por este Juzgado Federal, denotan una actitud evasiva y contumaz para dar cumplimiento al fallo protector, lo que evidencia el notorio desacato dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia; sin que sea excusable el retraso del cumplimiento conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, la autoridad se niega expresamente a hacerlo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en el proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete, y se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la tramitación del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA correspondiente. Además, se impone al Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, así como al Presidente Municipal del Ayuntamiento de ese municipio una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos cero centavos moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Sin que la multa impuesta a dichos funcionarios implique transgresión alguna a sus derechos fundamentales, toda vez que como se dijo en líneas anteriores, son éstos los encargados de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos previstos por la ley; máxime que en todo caso, será el órgano superior el encargado de revisar y estudiar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, requiérase a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, del Tesorero, así como, del Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo otorgado, se hará acreedor de una multa, de conformidad con el numeral 237 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria, como lo ordenan los artículos 192 y 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, demuestre el cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, es decir, desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrir el pago del derecho por refrendo de licencia para giros dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los términos previstos por la fracción IX del artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017, a razón de $35,119.00 (treinta y cinco mil ciento diecinueve pesos 00/100 moneda nacional), en lo presente y en lo futuro hasta en tanto subsista el vicio de constitucionalidad que motiva la concesión del amparo, y se le haga extensiva la tarifa más benéfica establecida para los giros de su misma categoría, contenida en la fracción XVII de ese precepto, por el monto de $3,251.00 (tres mil doscientos cincuenta y un pesos). Ello, el apercibimiento que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos cero centavos moneda nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita constancia fehaciente de que lo hizo. Apercíbase que de no hacerlo así, esto es, no demostrar que dio la orden, dentro del plazo indicado, sin causa justificada, se hará efectiva la multa impuesta en los términos señalados en el párrafo que antecede. A efecto de practicar las actuaciones subsecuentes, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias suficientes para su debida integración.
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