Marco Peña Gonzalez

Expediente 1082/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1082/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Agencia del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalia Regional de la Cuenca, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
  • Marco Peña Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con el contenido del oficio SEADS/1093/2021, suscrito por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Titular de este Juzgado será el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, lo que se comunica para los efectos legales a que haya lugar. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que, a la fecha, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no obra la notificación realizada a la parte quejosa del auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno dictado en este juicio de amparo; en consecuencia, se instruye a dicho fedatario para que a la brevedad proceda a realizar la referida encomienda. O, en caso de ya haber cumplido con dicha diligencia, proceda a integrar las constancias respectivas en el expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica. AUTO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Registro de demanda. Con la demanda presentada el uno de octubre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Tercer Circuito y turnada a este órgano jurisdiccional el cuatro siguiente, promovida por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca en San Juan Bautista Tuxtepec, y otra autoridad, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1082/2021. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, en el particular de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte promovente reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca en San Juan Bautista Tuxtepec, la negativa de acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra (de la que refiere desconocer el número de identificación). En ese sentido, se considera que dicho acto reclamado, no afecta alguno de los derechos fundamentales de la parte impetrante de amparo, como se verá a continuación. Por tanto, en el particular se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior es así, toda vez que el acto aquí reclamado, por sí no se advierte, afecte alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Federal y los tratados internacionales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras. Así, como se vio, la parte impetrante de amparo en esta instancia constitucional se duele de la negativa de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca en San Juan Bautista Tuxtepec y/o Agencia del Ministerio Público en turno, dependiente de esa fiscalía, de darle la intervención en la carpeta de investigación que se sigue en su contra. Es decir, en el caso concreto se estima que el hecho de que la ahora parte impetrante de amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene conocimiento de que se sigue una investigación en su contra, mediante la integración de carpeta de investigación, y que la ahora autoridad responsable, se niega a darle acceso a la multicitada carpeta de investigación, de la incluso tampoco le proporciona número de identificación; se considera ello por sí no afecta sus derechos fundamentales.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Así como la contradicción de tesis 149/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual surge la Jurisprudencia 72/2019, de dicha Sala, visible a página 994, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." En ese tenor, es que se considera que el acto aquí reclamado, en el caso concreto, por sí no afecta ninguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni a las garantías para su protección, pues como ya lo determinó el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia previamente trascrita, el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando dicho imputado se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, es decir, que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que se advierte que a la fecha de la emisión de la determinación aquí reclamada aún no se ha actualizado ninguno de los referidos supuestos, esto es, encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Además de los hechos narrados por la parte quejosa no se advierte que se encuentre en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, que sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, si como se vio, en el particular se reclama la negativa de la autoridad responsable, de darle la intervención en la carpeta de investigación que se sigue en su contra; pues dicha parte impetrante de amparo, no ha adquirido la calidad de imputado en la carpeta de investigación respectiva, al no configurarse ninguna de las referidas hipótesis establecidas en el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo las cuales puede quebrantarse el sigilo de la investigación. Consecuentemente, se estima dicho acto reclamado, en el caso concreto, por sí no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, como son la libertad, la vida, sus propiedades, entre otras, pues como se vio, la parte quejosa en dicho procedimiento de investigación hasta la fecha de la determinación no se configuraba alguna las hipótesis establecidas en el aludido artículo 218, de la legislación en cita, para poder tener acceso a dichos registros de investigación. En consecuencia, en el caso concreto, la negativa de acceso a los registros de investigación de una carpeta de investigación seguida en su contra, por sí no se advierte afecte alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues se estima, sin prejuzgar, que dicha negativa fue con base en que no se actualizaba ninguna de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: VI.2o.P.59 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Página 5071, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados." Sin que pase inadvertido la Jurisprudencia XIII.P.A.J/6, visible en la página 1354, Libro 56, Julio 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA.Pues, de la ejecutoria de la cual emana dicha Jurisprudencia, se advierte que el Tribunal Colegiado, partió del supuesto de que resultaba desacertado que el Juez de Distrito, considerara manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; respecto del acto allá reclamado, consistente en la omisión de darle a la ahí parte quejosa, intervención legal dentro de la carpeta de investigación, virtud esencial a que, dicha parte quejosa en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, refirió que se pretendió efectuar un acto de molestia en su contra; lo que adviértase en el caso concreto, no acontece ya que de la narrativa del quejoso, se advierte que la autoridad responsable le negó el acceso a la carpeta de investigación que a decir del quejoso se sigue en su contra. De ahí que se estime que en el caso concreto, el acto aquí reclamado no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de amparo, toda vez que, como se vio, el acto reclamado por sí, no se considera afecte sus derechos fundamentales. En consecuencia, no existe algún propósito para admitir la demanda de amparo, y en aras del artículo 17 Constitucional, es por lo que se estima innecesario admitir a trámite la presente demanda, pues a ningún fin práctico conduciría ello, sí al resolver el presente sería en el mismo sentido del presente. Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. V. Domicilio y autorizados. Téngase como autorizados, de conformidad con lo que establece la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** quienes no se encuentran registrados en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático servercjf3/regprof. VI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VII. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Registro de demanda. Con la demanda presentada el uno de octubre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Tercer Circuito y turnada a este órgano jurisdiccional el cuatro siguiente, promovida por Marco Peña González, contra actos del Agente del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca en San Juan Bautista Tuxtepec, y otra autoridad, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1082/2021. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, en el particular de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte promovente reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca en San Juan Bautista Tuxtepec, la negativa de acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra (de la que refiere desconocer el número de identificación). En ese sentido, se considera que dicho acto reclamado, no afecta alguno de los derechos fundamentales de la parte impetrante de amparo, como se verá a continuación. Por tanto, en el particular se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior es así, toda vez que el acto aquí reclamado, por sí no se advierte, afecte alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Federal y los tratados internacionales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras. Así, como se vio, la parte impetrante de amparo en esta instancia constitucional se duele de la negativa de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público 1A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca en San Juan Bautista Tuxtepec y/o Agencia del Ministerio Público en turno, dependiente de esa fiscalía, de darle la intervención en la carpeta de investigación que se sigue en su contra. Es decir, en el caso concreto se estima que el hecho de que la ahora parte impetrante de amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene conocimiento de que se sigue una investigación en su contra, mediante la integración de carpeta de investigación, y que la ahora autoridad responsable, se niega a darle acceso a la multicitada carpeta de investigación, de la incluso tampoco le proporciona número de identificación; se considera ello por sí no afecta sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Así como la contradicción de tesis 149/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual surge la Jurisprudencia 72/2019, de dicha Sala, visible a página 994, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." En ese tenor, es que se considera que el acto aquí reclamado, en el caso concreto, por sí no afecta ninguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni a las garantías para su protección, pues como ya lo determinó el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia previamente trascrita, el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando dicho imputado se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, es decir, que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que se advierte que a la fecha de la emisión de la determinación aquí reclamada aún no se ha actualizado ninguno de los referidos supuestos, esto es, encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Además de los hechos narrados por la parte quejosa no se advierte que se encuentre en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, que sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, si como se vio, en el particular se reclama la negativa de la autoridad responsable, de darle la intervención en la carpeta de investigación que se sigue en su contra; pues dicha parte impetrante de amparo, no ha adquirido la calidad de imputado en la carpeta de investigación respectiva, al no configurarse ninguna de las referidas hipótesis establecidas en el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo las cuales puede quebrantarse el sigilo de la investigación. Consecuentemente, se estima dicho acto reclamado, en el caso concreto, por sí no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, como son la libertad, la vida, sus propiedades, entre otras, pues como se vio, la parte quejosa en dicho procedimiento de investigación hasta la fecha de la determinación no se configuraba alguna las hipótesis establecidas en el aludido artículo 218, de la legislación en cita, para poder tener acceso a dichos registros de investigación. En consecuencia, en el caso concreto, la negativa de acceso a los registros de investigación de una carpeta de investigación seguida en su contra, por sí no se advierte afecte alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues se estima, sin prejuzgar, que dicha negativa fue con base en que no se actualizaba ninguna de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: VI.2o.P.59 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Página 5071, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados." Sin que pase inadvertido la Jurisprudencia XIII.P.A.J/6, visible en la página 1354, Libro 56, Julio 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. Pues, de la ejecutoria de la cual emana dicha Jurisprudencia, se advierte que el Tribunal Colegiado, partió del supuesto de que resultaba desacertado que el Juez de Distrito, considerara manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; respecto del acto allá reclamado, consistente en la omisión de darle a la ahí parte quejosa, intervención legal dentro de la carpeta de investigación, virtud esencial a que, dicha parte quejosa en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, refirió que se pretendió efectuar un acto de molestia en su contra; lo que adviértase en el caso concreto, no acontece ya que de la narrativa del quejoso, se advierte que la autoridad responsable le negó el acceso a la carpeta de investigación que a decir del quejoso se sigue en su contra. De ahí que se estime que en el caso concreto, el acto aquí reclamado no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de amparo, toda vez que, como se vio, el acto reclamado por sí, no se considera afecte sus derechos fundamentales. En consecuencia, no existe algún propósito para admitir la demanda de amparo, y en aras del artículo 17 Constitucional, es por lo que se estima innecesario admitir a trámite la presente demanda, pues a ningún fin práctico conduciría ello, sí al resolver el presente sería en el mismo sentido del presente. Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. V. Domicilio y autorizados. Téngase como autorizados, de conformidad con lo que establece la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** quienes no se encuentran registrados en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático servercjf3/regprof. VI. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VII. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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