Marco Óscar Juárez Calderón
Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Óscar Juárez Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. El cuaderno principal e incidentales, son susceptibles de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Al resultar innecesaria la conservación de los dos discos compactos en formado CD, remitidos por el Juzgado Segundo Militar de Control, adscrito a la Primera Región Militar, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica, por el quejoso ...; en atención a su contenido, dígase al promovente que en el presente juicio se dejó sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del dos de septiembre del año en curso, toda vez que mediante determinación de veintisiete de agosto de la presente anualidad, entre otro, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, lo que le fue notificado vía electrónica, el treinta y uno de agosto siguiente, como consta en autos. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo otorgado mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, para que la parte quejosa aclarara la prevención formulada, en cuanto a su escrito de ampliación con registro 10016, transcurrió del diecisiete al veintitrés de ese mes, sin que haya dado cumplimiento; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado y se tiene por no presentado el escrito en cuestión. En esas condiciones, se levanta la reserva decretada en diverso acuerdo de dieciocho de los corrientes y, se provee lo que en derecho procede, respecto a su segundo escrito de ampliación con registro 10113. A fin de dilucidar la determinación a la que se arriba, es menester citar los siguientes antecedentes que se advierte de las documentales aportadas por la parte quejosa y autoridad judicial señalada como responsable: El presente asunto, se formó con la demanda de amparo promovida por el quejoso ..., en contra de la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno emitida en la carpeta judicial 010/2021, en la que el Juez Segundo Militar de Control, adscrito a la Primera Región Militar, en audiencia de impugnación de las determinaciones del Ministerio Público, que establece el artículo 254 del Código Militar de Procedimientos Penales, determinó que el agente del Ministerio Público del conocimiento, deberá continuar con la investigación en la carpeta de investigación ... y, recabar datos de prueba de cargo y descargo, y, una vez integrados, realizar una nueva determinación ministerial. Posteriormente, el agente del Ministerio Público Militar, adscrito al Centro de Justicia Militar Número 2, Santa Lucia, Estado de México, dentro de la citada carpeta, el once de agosto de dos mil veintiuno, decretó propuesta de no ejercicio de la acción penal y, dejó la posibilidad del aquí quejoso de inconformarse en términos de lo dispuesto en el referido artículo del código castrense. Mediante escrito con registro 10113, la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo, contra la citada resolución de once de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." De la lectura del artículo citado, puede colegirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en los cuales, proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, es decir, dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1624, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES." En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, dado que el quejoso promueve el juicio de amparo ostentándose que en su calidad de víctima u ofendido, reclama el no ejercicio de la acción penal emitido el once de agosto de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación CI/FGJM/SANTALUCÍA-EDO.MÉX./030/2021-II., en donde tiene la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 254 del Código Militar de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 254. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del citado artículo, se advierte que el Código Militar de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las omisiones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, entre otras. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido, agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Encuentra apoyo, por identidad, la jurisprudencia por contradicción, emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433, Décima Época, registro digital: 2021659, de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." Sin que se soslaye que en la parte final de su escrito de ampliación, la parte quejosa aduzca que ya agotó el principio de definitivita ante el juez de control, ya que contrario a lo afirmado, no se advierte que lo haya hecho, ya que no señala como tal la resolución emitida por el juez, sino la emitida por la fiscalía, quien incluso le dejó a salvo sus derechos, para hacerlos valer en términos del artículo 254 del Código Militar de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 111, de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA la ampliación de demanda de amparo. Por otra parte, visto el estado que guarda el sumario en que se actúa y, como se dijo, el presente asunto, se formó con la demanda de amparo promovida por el quejoso ..., en contra de la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno emitida en la carpeta judicial 010/2021, en la que el Juez Segundo Militar de Control, adscrito a la Primera Región Militar, en audiencia de impugnación de las determinaciones del Ministerio Público, que establece el artículo 254 del Código Militar de Procedimientos Penales, determinó que el agente del Ministerio Público del conocimiento, deberá continuar con la investigación en la carpeta de investigación CI/FGJM/SANTALUCÍA-EDO.MÉX./030/2021-II y, recabar datos de prueba de cargo y descargo, para que, una vez integrados, realice una nueva determinación ministerial: autoridad que al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente el acto reclamado. De lo expuesto, se desprende que respecto de dicha determinación, se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, en relación con el diverso 5°, fracción I, de esa legislación, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" Lo anterior es así, en razón de que este resolutor, considera que la determinación de que el ministerio público continúe con la investigación, recabe datos de prueba de cargo y descargo y, en su caso, emita una nueva determinación, no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en la medida en que no se lesiona la esfera jurídica del impetrante, toda vez que el acto reclamado constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan al ofendido o víctima el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados como ofendidos o víctimas, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Por tanto, el acto tildado de inconstitucional no causa un perjuicio actual al quejoso, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que con la diligencias ordenadas puede emitirse una resolución que favorezca a sus intereses; o bien, impugnar la determinación que sea contraria a sus interés -momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica- ante la autoridad judicial de control a quien corresponda conocer de las impugnaciones, en los términos que se han expuesto. Encuentra apoyo lo anterior, por identidad, en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, de rubro y texto: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." En razón de lo expuesto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que enseguida se enuncia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía portal, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte y con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Respecto a los dos discos compactos que adjunta en un sobre cerrado, resguárdense en la secretaría encargada del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
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