Marco Óscar Juárez Calderón

Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
686/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Marco Óscar Juárez Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    II... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior al quejoso y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    II...Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Atendiendo al contenido del escrito signado por el quejoso, téngase desahogada la prevención efectuada y provéase lo conducente respecto a la demanda y el ocurso de cuenta. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público Militar adscrito al Centro de Justicia Militar número 2, ubicado en la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía, Estado de México lo siguiente: La inactividad procesal, en el sentido de que desde el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, fecha en la que tuvo verificativo la audiencia de control judicial, se ha abstenido de investigar o bien en su caso, solicitar al Juez de Control, se cite al o los presuntos responsables a la audiencia inicial con el fin de formular la imputación. La abstención de respetar, garantizar y proteger el derecho de acceso a una justicia pronta y eficaz. La omisión de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, conforme a lo señalado en el artículo primero constitucional. La abstención de desahogar la comparecencia del siete de julio de dos mil veintiuno. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: Ahora de la fracción y artículo señalados, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse oficiosamente conforme a las leyes con las que se rigen, o proceda contra ellos algún recurso que las revoque, modifique o nulifique, siempre que conforme a las mismas leyes y con la interposición de dicho recurso, los efectos de dichos actos sean susceptibles de suspenderse, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva. Al respecto, conviene señalar que el artículo 20 Constitucional, menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado "C" se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió. Por su parte, el Código Militar de Procedimientos Penales, reconoce dos recursos como medios de impugnación para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error que se estime cometido durante el procedimiento que regula, a saber, la revocación (recurso horizontal) y la apelación (recurso vertical), y establece algunos supuestos de procedencia así como la forma de substanciación y resolución de los mismos. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el territorio nacional, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, proceda el juicio de amparo. Luego, la omisión del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado "C", fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 106, fracción XX, del Código Militar de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el referido artículo 254 de tal codificación. Por tanto, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), cuyo rubro y texto dicen: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado.". Por otra parte, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, también precisa que los juicios o medios de defensa legal que establezcan las leyes respectivas, deben suspender los efectos de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder dicha suspensión; sin que en el presente caso, opere dicha situación, toda vez que al reclamarse por esta vía una abstención de la responsable, la misma no tiene ejecución alguna que pueda ser susceptible de suspenderse y es indudable que el juicio de amparo deviene improcedente al no haberse agotado previamente el medio de defensa ya señalado. Por lo antes expuesto, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia advertida y lo conducente es desechar de plano la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. DOMICILIO QUEJOSO Como lo señala, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, esta y las subsecuentes notificaciones consideradas como personales se le practicarán vía electrónica por así haberlo solicitado; ello en los términos señalados en el auto de veinte de julio pasado. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. Notifíquese vía electrónica. Así lo proveyó y firma el Juez Marín García Moreno, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Gustavo Medrano González, Secretario que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    II... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Marco Oscar Juárez Calderón, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Militar adscrito al Centro de Justicia Militar número 2, ubicado en la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 686/2021-II. Previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá al quejoso para que aclare su demanda. Con fundamento en los artículos 108 fracciones I y IV y, 114, fracciones I, II y IV; ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro de cinco días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito aclare su demanda en los siguientes términos: Señale de manera concreta el acto o actos que reclama, en virtud que los que refiere en los incisos a) y c) consistentes en la inactividad procesal y la abstención de respetar y garantizar el derecho de acceso a la justicia expedita en la aplicación del derecho, resultan imprecisos; aunado a que en el capítulo de conceptos de violación se duele de la abstención por parte de la autoridad responsable de desahogar la comparecencia señalada para el siete de julio de dos mil veintiuno, sin que lo haya señalado como acto destacado. Luego, señala que los actos reclamados los indicó en el capítulo correspondiente con los incisos a, b, c y d, no obstante no se advierte alguno señalado en el último, lo cual genera incertidumbre acerca de los actos que por esta vía combate. Por lo anterior, se estima, los actos que por esta vía pretende combatir son oscuros e imprecisos; por tanto, a efecto de no dejarle en estado de indefensión se considera necesario especifique los actos que reclama de forma concreta y señalando a qué autoridad le atribuye cada uno. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de dos mil uno, Pag. 1178, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO APRECIA ACTOS DISTINTOS A LOS RECLAMADOS POR EL QUEJOSO Y ADEMÁS SE ADVIERTE QUE SON OSCUROS E IMPRECISOS. Si el quejoso en su escrito de agravios aduce que los actos que estimó el Juez de Distrito como reclamados, no son los que expresó en su demanda de amparo, y de la lectura de ésta se advierte la certeza de ese argumento, pero además que son oscuros e imprecisos esos actos, es evidente que el Juez de amparo no debió resolver el asunto, sino requerir al quejoso para que, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, precisara y aclarara los actos que reclama, y al no haberlo hecho procede ordenar la reposición del procedimiento a fin de que el Juez deje insubsistente la sentencia y conceda al agraviado la oportunidad de aclarar su demanda de garantías." Exhiba ocho copias del escrito por el que aclare su demanda para correr traslado a las partes de la siguiente forma: tres para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dos para los terceros interesados señalados y dos más para el incidente de suspensión solicitado. Toda vez que por una parte solicita que las notificaciones derivadas del juicio en que se actúa se le practiquen vía electrónica y por otra indica un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, deberá precisar cuál es la vía que elige para esos fines. Apoya lo anterior en lo conducente la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2366, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar. Se apercibe al promovente que de no cumplir con los requisitos formulados en los numerales uno y dos dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; mientras que de no atender lo señalado en el diverso tres, se le practicarán las notificaciones incluyendo las personales vía electrónica. CONSULTA ELECTRÓNICA Y DOMICILIO QUEJOSO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo al usuario proporcionado por la parte quejosa identificado como: "aereo20", por encontrarse registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, esta y las subsecuentes notificaciones consideradas como personales se le practicarán vía electrónica, en el entendido que el quejoso queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días contado a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Lo anterior, hasta en tanto precise el domicilio que señala para oír y recibir las notificaciones derivadas del presente sumario. En cuanto hace al correo electrónico que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar acordar de conformidad porque no está regulado en la Ley de Amparo como medio para ello; y conforme al artículo 3° de la citada legislación con relación a los diversos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, está sujeta a que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. Sin perjuicio de lo anterior, se le tiene señalado el correo electrónico que menciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión ...

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