Marco Leonardo Llano Hernández
Expediente 568/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/04/2019
Partes del expediente
- Marco Leonardo Llano Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de cinco de abril de dos mil dieciocho ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Los efectos de ese otorgamiento consisten en lo siguiente: "(.) En consecuencia, al haberse acreditado que, ante la imposibilidad de obtener una reinstalación en el ejercicio de sus funciones, desde el acuerdo de inicio de separación del cargo de miembro de la corporación policial, debe analizarse la gravedad de la conducta o infracción atribuida al servidor público, así como la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad encargada de sustanciarlo, como se anticipó, es esencialmente fundado el planteamiento hecho valer, atendiendo a la causa de pedir, y por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la sala responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; y, 2. En su lugar, emita otra, en la que además de los requisitos formales que debe satisfacer el acuerdo de inicio de procedimiento de separación impugnado, con libertad de jurisdicción, y afecto de garantizar al adecuado derecho de defensa del servidor público, aborde el estudio de la gravedad de la conducta infractora atribuida y la posible prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad demandada. (.)". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. En cumplimiento a dicha ejecutoria, mediante oficio TJA/SS/III/4368/2018 , de nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma fecha, de la que se advierte que se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente : "(.) III.- En ese orden de ideas y en estricto cumplimiento a la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo número 468/2017, esta Tercera Sección de la Sala Superior del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deja insubsistente la resolución dictada por este Cuerpo Colegiado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el recurso de revisión 461/2017, a efecto de emitir otra. (.) V. Ahora bien, no obstante la ausencia de planteamiento recursivo alguno por parte de Marcos Leonardo Llano Hernández, en torno a cuestiones relacionadas con la gravedad de la conducta que se le atribuye -consistente en no haber aprobado su evaluación de control de confianza en virtud de que, se dijo, obtuvo un resultado positivo en el consumo de cannabinoides, que condujo a que no aprobara la evaluación toxicológica-, a efecto de determinar si ha prescrito la facultad sancionadora de la autoridad demandada; en estricto cumplimiento a la sentencia de amparo que se cumplimenta, se abordan tales tópicos, precisamente para determinar si en el caso concreto existe la prescripción aludida. (.) En esta tesitura tenemos que el legislador local en ningún momento ha determinado en la Ley de Seguridad del Estado de México, que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia establecidos en el artículo 152 apartado B de la citada Ley, sea una conducta grave, esto es, no ha hecho una clasificación literal plasmada en dicho ordenamiento legal de qué conductas irregulares de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública son consideradas como graves. En virtud de lo anterior, en aras de una protección más amplia a favor de la parte actora, este Cuerpo Colegiado considera que, por el momento, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia establecidos en el artículo 152 apartado B de la multicitada Ley de Seguridad, debe considerarse como una conducta no grave, al no haber disposición legal contraria a ello. (.) Precepto legal del que se desprende, en lo que interesa, que las facultades de las autoridades y órganos competentes para imponer las sanciones que establece esa Ley, prescribirán en cinco años, si la sanción a imponer es de separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos policiales; que el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad; y que la prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y le sea notificado al presunto responsable. En esta otra tesitura, tomando en cuenta que conforme al reporte de resultados de la Evaluación de Control de Confianza, practicada a Marcos Leonardo Llano Hernández, emitido por la Unidad de Evaluación del Centro de Control de Confianza, glosado a foja cuarenta y nueve del juicio natural, se advierte que sus evaluaciones iniciaron el día veinticuatro de agosto de dos mil quince y concluyeron el día treinta de octubre del citado año; por lo que a consideración de este Cuerpo Colegiado es esta última fecha a partir de que pudo haberse incurrido en la responsabilidad administrativa que se le atribuye al actor, ahora revisionista. Así pues, la facultad de la autoridad demandada para sancionar a Marcos Leonardo Llano Hernández, fenece cinco años posteriores al treinta de octubre de dos mil quince, o sea hasta el día treinta de octubre del año dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en la fracción II, del artículo 179 bis de la Ley de Seguridad del Estado de México, antes transcrito. Por tanto, inconcuso es que no ha prescrito la facultad sancionadora de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, para iniciar el procedimiento administrativo de separación de mérito; máxime que, se reitera, ya ha notificado al presunto responsable, o sea a Marcos Leonardo Llano Hernández, el citatorio a garantía de audiencia, trámite con el cual, cabe señalar, la demandada ha interrumpido la prescripción. En virtud de lo anterior, este Cuerpo Colegiado determina que no ha prescrito el procedimiento administrativo de separación identificado con el número de expediente CESC/CHJ/PS/777/2016, incoado en contra de Marcos Leonardo Llano Hernández, de conformidad con los motivos plasmados en párrafos que anteceden. (.) En mérito de lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO.- Se deja insubsistente la resolución del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sección de la Sala Superior del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión número 561/2017, por los motivos expuestos en los considerandos II y III de la presente sentencia. SEGUNDO.- Se confirma la sentencia del tres de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Quinta Sala Regional del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente del juicio administrativo 829/2016, por los motivos aducidos en los Considerandos IV y V que antecede. (.)". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Del contenido de dicha sentencia, cuya copia certificada se tiene a la vista, se observa que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, puesto que dejó insubsistente la sentencia reclamada y, dictó otra en la que abordó el estudio de la gravedad de la conducta infractora atribuida y la posible prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad demandada. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Así, hágase saber a la parte quejosa y tercero interesada que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; por medio de lista a la parte quejosa y por oficio a la tercero interesada, y en su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del remite copia certificada de la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por oficio.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual por las razones que refiere por auto de veinticuatro de abril del año en curso, de su índice, solicita una prórroga para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, hágasele del conocimiento a la sala oficiante, que por auto de treinta de abril del año que transcurre, la Presidencia de este tribunal colegiado, en razón de los efectos concedidos en el amparo otorgado a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 192, de la Ley de Amparo, se le concedió por única ocasión un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que dé cumplimiento a la sentencia constitucional; consecuentemente, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante que se esté a lo ordenado en el citado auto de referencia. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito · 1,817 expedientes
- Marco Antonio Pantoja García590/2019
- Marco Antonio Rodríguez Escalona493/2018
- Marco Antonio Rodríguez Santana785/2022
- Marco Antonio Salomón Rocha, representante de la quejosa507/2016
- Marco Antonio Valente Flores734/2022
- Marco Arturo Rosas Mahe340/2021
- Marco Oscar Juárez Calderón657/2022
- Marco Uriel Rodríguez Estrada704/2022
- Marcos Leonardo Llano Hernández328/2018
- Margarita Archundia Sánchez630/2023
- Margarita Blas Mateo648/2023
- Margarita Cortez Flores314/2020