Marco Javier Bello Correa

Expediente 1530/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1530/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Javier Bello Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1530/2023-VIII, promovido por********************por conducto de su apoderado legal, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada alguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la 1.- demanda de amparo presentada por Marco Javier Bello Correa; 2.- auto admisorio de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; e, 3.- informe justificado rendido por las autoridades responsables, Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendido por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a el tercero interesado. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que el quejoso ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de diversas actuaciones del expediente laboral C.D.T. 629/2018. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 1530/2023-VIII, promovido por********************por conducto de su apoderado legal, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, por razón de turno,********************por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. - Actuario adscrito dicho tribunal. ACTOS RECLAMADOS: - La omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar laudo dentro del expediente laboral 629/2018 y su respectiva notificación. Actos que considera violan los derechos contenidos en el artículo 1º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda, trámite y audiencia constitucional. En proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó radicar el asunto con el número 1530/2023 y se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza laboral y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo, así como las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso reclama de manera destacada: La omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar laudo dentro del expediente laboral 629/2018 y su respectiva notificación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a dicho tribunal, manifestaron como cierto el acto que se les reclama, consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 629/2018, dada la carga de trabajo y que dicha junta tiene un solo auxiliar dictaminador, no ha sido turnado, ni ha sido posible dictar el laudo en los términos de ley. Lo que se corrobora de las constancias que adjunto al rendir el informe justificado, consistente en copia certificada del escrito inicial de demanda, auto de radicación, acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, y sus respectivas notificaciones, así como copia del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en el que argumenta que la omisión de dictar laudo por la parte de la autoridad responsable es violatoria del derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional y en consecuencia debe concederse el amparo y la protección de la justicia federal solicitada. Para acreditar lo anterior, se destaca que el numeral 17 de la Carta Magna, prevé el derecho de acceso a la administración de justicia, la cual estará a cargo de los tribunales, quienes deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Por lo que respecta a la justicia pronta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la definió como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, los anteriores argumentos integran la jurisprudencia 1a ./J.42/2007, de la citada Primera Sala, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 124, tomo XXV, abril de 2007, de rubro siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Así se tiene que, el principio de justicia pronta se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. En relación con lo anterior y en atención al caso que ocupa, debe precisarse que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo (en su texto anterior a la reforma de 1 de mayo de 2019) establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Asimismo, el ordinal 886 de la citada ley, prevé que una vez elaborado el proyecto de laudo, se otorgará copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que, dentro de los CINCO DÍAS siguientes, de considerarlo necesario, ordenen las diligencias conducentes para el esclarecimiento de la verdad. Así, transcurrido dicho término, de conformidad con los artículos 887, 888 y 889 de la Ley de la materia, dentro del término de DIEZ DÍAZ MÁS, deberán discutir, votar y aprobar el proyecto relativo, mismo que de elevará a categoría de laudo. Y, hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 890 de la Ley Laboral en comento, se notificará inmediatamente a las partes. De lo anterior se deduce que en el procedimiento laboral, se encuentran previstos ciertos términos ineludibles, que las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, tiene la obligación de cumplir, a fin de respetar la garantía de acceso a la impartición de justicia, protegida por la Constitución Federal. Ahora bien, en el caso, de lo expuesto por la responsable en su informe de ley y de las constancias que anexó como justificación de éste, se observa que mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral de origen, con fundamento en los artículo 771, 884, 855 de la Ley Federal del Trabajo, se declaró cerrada la instrucción de dicho asunto y se ordenó turnar los autos para la formulación de proyecto de resolución en forma de laudo. Circunstancia que denota que la responsable, desde la fecha indicada anteriormente, ha eludido la obligación que la ley le impone de elaborar, discutir y votar el proyecto de resolución a fin de emitir el laudo correspondiente. Razón por la cual se considera se ha violentado el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita que indica la Carta Magna, lo anterior pues de la fecha en que se declaró cerrada la instrucción al día en que esto se resuelve, han transcurrido en exceso los términos de la ley prevé para dictar el laudo. Sin que pase desapercibido para quien aquí resuelve, que la Junta responsable en su informe justificado manifestara que el retraso en la emisión de laudo se debe a las cargas de trabajo y que solo tenga un auxiliar dictaminador. Pues si bien es un hecho conocido para este órgano jurisdiccional que las cargas de trabajo con que cuenta la invocada autoridad responsable son exorbitantes; lo cierto es, que el tiempo transcurrido es notoriamente excesivo, lo que trae como consecuencia una paralización en el procedimiento laboral, violando con ello el derecho de quienes solicitan el amparo, consistente en acceder a la justicia de manera pronta y expedita. En ese sentido, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO. En ese orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación vertido por el solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo solicitado por********************contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en esta ciudad, dentro de los términos y con las formalidades que marca la ley (artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo) evite la demora o paralización del procedimiento laboral de origen, es decir, emita el laudo de forma inmediata, tomando en consideración que ya transcurrió en exceso el plazo establecido en los artículos 884, en su fracción V, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordenando la inmediata notificación del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la Litis en el presente juicio. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a********************atento a lo expuesto en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que devuelve los autos del juicio de amparo 418/2022, y remite testimonio de la ejecutoria resuelta en sesión remota ordinaria celebrada el cinco de octubre de dos mil veintitrés, pronunciada en los autos del recurso de revisión penal 328/2022, en la que se revolvió: "PRIMERO: Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 418/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala." Acúsese recibo a la superioridad y glósense al expediente principal devuelto, las constancias originales del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo de su remisión; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se negó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el incidente de suspensión es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos correrán la suerte del juicio principal. De igual forma, remítase a las autoridades responsables los discos versátiles que remitieron en apoyo a su respectivo informe justificado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Secretario Jordy Santos Ávila, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por licencia académica de la Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial de conformidad con el oficio CCJ/ST/5452/2023, con motivo de la sesión celebrada el dos de octubre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlve***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos los oficios signados por el Representante del Gobierno de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a dicha Junta; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados; de los informes y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables las constancias en copia certificada del juicio laboral número ********************, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que transcurre el término establecido en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que las autoridades las autoridades responsables rindan sus informes justificados, toda vez que los oficios por los cuales dichos informes fueron requeridos, se notificaron el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Lo anterior, tomando en cuenta que conforme a la circular SGP/04/2023 emitida por ********************, Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y atento a la diversa circular 28/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ambas de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se determinó declarar inhábiles del dieciséis al veinticuatro de octubre del presente año con motivo del paro nacional de labores del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

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