Marco Hipolito Ulloa Villegas
Expediente 323/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Marco Hipolito Ulloa Villegas
- Agente del Primer Turno del Fuero Común. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el auto de treinta de junio del presente año (fojas 164 a 168), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído, como lo prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: *** En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto en que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 798/2016, firmado por la Jueza Coordinadora del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en Frontera, Coahuila de Zaragoza, a través del cual da cumplimiento lo solicitado por auto de veinticuatro de junio del presente año (foja 148), informando que en dicho juzgado se inició la causa penal 00053/CA/2016/PJ-COA-002*NM-32, en contra de *** y otro, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio; asimismo, que el quince de mayo del año que transcurre, tuvo verificativo la audiencia inicial, sin que se calificara la legal detención del aquí quejoso, por lo que se ordenó su inmediata libertad; anexando constancias y un disco compacto con el que acredita lo narrado. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado ante el Secretario de guardia el catorce de mayo del presente año (fojas 01 a 03), ***, promovió demanda de amparo indirecto en favor de ***, contra las autoridades responsables: Autoridad: Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila. Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ciudad Acuña, Coahuila. Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ciudad Acuña, Coahuila. Agente Investigador del Ministerio Público del Tercer Turno, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ciudad Acuña, Coahuila. Por los actos reclamados consistentes en: ".la detención e incomunicación de mi sobrino de nombre ***, sin mediar orden de aprehensión y sin haber cometido delito alguno, y menos haber flagrancia de hechos delictuosos." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 323/2016; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables (fojas 04 a 06). En esa tesitura, de la constancia de notificación personal de catorce de mayo del año en curso (foja 10), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de catorce de mayo del presente año (fojas 12 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del oficio de cuenta signado por la Jueza Coordinadora del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad (foja 150), se desprende que dentro de la causa penal 00053/CA/2016/PJ-COA-002*NM-32, el quince de mayo del presente año tuvo verificativo la audiencia inicial, en donde se ordenó la libertad inmediata de ***, por lo que respecta a dicha causa penal, toda vez que no se calificó de legal la detención del inculpado, tal como se advierte de la diligencia que remitió como anexo a su oficio (foja 160). Lo que se corrobora con el acta de audiencia inicial que en lo que interesa se transcribe: *** Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: *** Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación de la libertad fuera de todo procedimiento y la incomunicación, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que el quejoso obtuvo su libertad desde el quince de mayo del año en curso. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la Jueza Coordinadora del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 146).
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, en particular de las constancias allegadas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación, Mesa II, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado (fojas 96 a 144), se advierte que el quince de mayo del año en curso, puso al aquí quejoso Marcos Hipólito Ulloa Villegas, a disposición del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, solicitándole fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de control de detención en su contra, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio. Por ello, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que sirvan de antecedente al acto reclamado en el presente juicio. Lo anterior, toda vez que son esenciales para resolver debidamente el presente asunto; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo a la parte quejosa el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación, Mesa II, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, con el cual se ordenó dar vista a las partes mediante proveído de veinte del mes y año en curso (foja 145). Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las doce horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes veinticinco de abril de dos mil catorce, de la Décima Época, con número de registro 2006279, del rubro y texto: *** Notifíquese.
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